Algo más que un conflicto gremial

 


El paro agropecuario es mucho más que un conflicto gremial. Es una cuestión de importancia estratégica. En efecto: la cadena de agroalimentos, cuyo primer eslabón es la producción primaria, es la fuerza económicamente más avanzada de la Argentina.

Se trata del sector internacionalmente más competitivo, en un rubro con una demanda global en continuo ascenso por la explosión del consumo que protagoniza Asia Pacífico, encabezada por China.

Los niveles de productividad del sector se encuentran entre los más elevados del mundo.
Su impacto en el sistema económico va mucho más allá de la producción agropecuaria, de su notoria incidencia en las exportaciones y de su importancia decisiva en el superávit fiscal, fundado en las retenciones.

Tiene también una vasta irradiación en el conjunto de la actividad económica.

Es un componente fundamental para el desarrollo de los sectores industriales: desde la maquinaria agrícola a la industria automotriz y la petroquímica, entre otras. Es también el núcleo más dinámico de las economías regionales.

El conflicto que lo enfrenta con el gobierno de Kirchner es, pues, un dato políticamente relevante. Implica una escalada de confrontación entre el poder político y la fuerza productiva más pujante de la economía del país, cuyo concurso es indispensable para garantizar el crecimiento y la inserción internacional de la Argentina.

Poder adquisitivo

No es que el sector agropecuario busque un enfrentamiento con el Gobierno ni a la inversa. Lo que sucede es que el Gobierno tiene una preocupación casi excluyente: la posibilidad de que la inflación, en especial el incremento del precio de la carne, debilite el respaldo de la opinión pública de clase media y su control político en el conurbano bonaerense.

La importancia política del precio de la carne no reside en el alza de su valor por el aumento de los precios internacionales sino en la pérdida del poder adquisitivo del salario, consecuencia inevitable de un tipo de cambio alto, artificialmente mantenido.

A su vez, ese tipo de cambio es condición indispensable para el mantenimiento de las retenciones y el consiguiente superávit fiscal, principal fuente de control político del gobierno central en relación con gobernadores e intendentes.

De allí que la única alternativa que le resta al Gobierno para evitar una escalada en los precios es la implantación de controles administrativos, que incluyen la restricción a las exportaciones.

Pero la dinámica de este conflicto crucial incorpora un dato adicional: con sus particularidades, el sector rural ha comenzado a participar activamente de la tendencia generalizada a la acción directa que caracteriza a todos los actores sociales del país, descreídos de las mediaciones político-institucionales.

Esa tendencia se manifiesta con creciente intensidad en los continuos reclamos por la inseguridad, en la actitud asumida por los trabajadores petroleros de la Patagonia y en la movilización de los vecinos de Gualeguaychú.

En todos los casos, existe una convicción común: el sistema político argentino funciona sólo bajo la presión de la opinión pública y de las movilizaciones callejeras. Cuando ambas se suman, deciden la situación.

Publicado en LA NACIÖN el 9/12/06
Jorge Castro , 12/12/2006

 

 

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