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| La ruptura del pacto social. |
| La convertibilidad funcionó como eje del nuevo contrato social establecido en la década del 90, con una importancia práctica casi del nivel de la propia Constitución. Hoy, destruida, se pretende cambiarla por el totalitarismo del Estado. |
| La multiplicación de conflictos y reclamos sectoriales de estos días tienen una raíz común: la desaparición del régimen de convertibilidad monetaria. Durante más de diez años, la convertibilidad funcionó en el terreno económico como un auténtico pacto de convivencia social básica entre los argentinos. La estabilidad monetaria era la regla fundamental, compartida por todos, en la que se sustentaba la totalidad de las actividades y las transacciones económicas. Aunque con un rango jurídicamente inferior, tenía una importancia práctica casi equivalente a la de la propia Constitución Nacional. Toda sociedad moderna tiene características eminentemente contractuales. Las relaciones entre las personas están ordenadas a través de contratos. La abrupta ruptura de ese intrincado laberinto de vínculos contractuales genera una situación de anomia colectiva. Ante la ausencia de reglas compartidas, reaparece inevitablemente la tendencia hacia la lucha de todos contra todos, que en la historia universal precedió al nacimiento de los estados. La quiebra del contrato central y los relojes que marchan al revés Acreedores y deudores, propietarios e inquilinos, empresarios y trabajadores, banqueros y ahorristas, comerciantes y consumidores, profesionales y clientes, fabricantes y proveedores, y así sucesivamente, son hoy los protagonistas de esa multiplicidad de conflictos cotidianos que ilustra sobre la quiebra de ese contrato social. Todos los sectores pujan por salir lo mejor parados posible en la distribución de los perjuicios de la situación. Frente a esta situación de extrema incertidumbre, el Estado agrega un elemento adicional a la desconfianza colectiva. Intenta sustituir la ausencia de reglas de juego claras y compartidas mediante la reintroducción de una elevada cuota de intervencionismo económico, que históricamente ha sido el tradicional mecanismo de financiación de los aparatos partidarios y la principal causa estructural de la corrupción política, repudiada por la sociedad. Ese incesante afán reglamentarista busca reemplazar el acuerdo entre las partes por el imperio de la voluntad estatal emanada, además, de un sistema político seriamente cuestionado en su legitimidad por la inmensa mayoría de la opinión pública. Sin embargo, este ensayo va a contramano de la realidad de una economía altamente compleja y globalizada. Aquel sistema económico que estalló por los aires a fines de la década del 80, en una situación de fuerte aislamiento externo, mucho menos puede funcionar hoy, después de los cambios mundiales de los últimos años y de las transformaciones estructurales realizadas por la Argentina en la década del 90. La aceleración del tiempo histórico hace que aquellas políticas que en la década del 80 no podían tener un final feliz, y terminaron en la hiperinflación, hoy no pueden ni siquiera tener un buen comienzo. Pero la reaparición del estatismo burocrático tropieza también con un segundo obstáculo imposible de sortear. Enfrenta la firme voluntad de una sociedad que rechaza fuertemente el reglamentarismo burocrático y expresa ruidosamente en las calles su clara decisión de elegir por sí misma y de desenvolverse en libertad. La larga lucha entre libertad y totalitarismo No se trata por supuesto de una característica especial de la Argentina. Toda la historia mundial del siglo XX es la historia de la victoria de la libertad contra el totalitarismo político y económico. Constituye el triunfo de una larga rebelión contra la opresión política y económica del Estado. La caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética marcan un punto de inflexión definitivo. Desde entonces quedó demostrado que la democracia y la economía de mercado son las dos grandes bases estructurales de los países que prosperan. Las restricciones a las libertades políticas y económicas son el común denominador del mundo subdesarrollado. A partir de 1983, con el advenimiento de Raúl Alfonsín, la sociedad argentina recuperó la libertad política. En la década del 90, durante la presidencia de Carlos Menem, conquistó el ejercicio de la libertad económica. Alcanzó así su punto de convergencia estructural con los países más avanzados. Sobre esos dos pilares, sin los cuales resulta imposible enfrentar y resolver los múltiples desafíos pendientes, pudieron sustentarse las reformas estructurales de aquellos años, interrumpidas con el advenimiento del gobierno de la Alianza. La sola idea de dar marcha atrás en relación a la plena vigencia de estas libertades políticas y económicas no sólo es, entonces, incompatible con la principal tendencia estructural de nuestra época. Contradice también la propia experiencia reciente de la Argentina. No es viable y está condenada al fracaso. La prioridad política absoluta y excluyente de la Argentina de hoy reside entonces en la imperiosa necesidad de establecer un nuevo pacto básico de convivencia social. Hay que determinar con precisión reglas de juego capaces de recrear las condiciones de estabilidad y previsibilidad, que posibiliten recuperar rápidamente la confianza nacional e internacional en el presente y el futuro de la Argentina. Mientras ello no ocurra, sólo cabe prever la profundización de la crisis. |
| Jorge Castro , 11/02/2002 |
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