Poder y omnipotencia en el fin del ciclo K

 


Resumen de la intervención de Jorge Raventos en la reunión del mes de junio de 2013 del Centro de Reflexión para la Acción Política Segundo Centenario.

La señora de Kirchner dice no estar conforme con una década de gobierno K: quiere un par. Así lo proclamó el 25 de Mayo ante la Casa Rosada, como parte del festival Décimo Aniversario. “Déme dos” era una frase proverbial con la que alegres consumidores festejaban la época en que Alfredo Martínez de Hoz dirigía la economía del país. La Presidente la evocó involuntariamente. Reclamó diez años más pero aclaró que no aspira a la eternidad que le desean sus seguidores más, digamos, fervorosos. La señora pide otra década de gobierno y parece dar cada vez más órdenes, pero muchas de ellas, quizás porque no son suficientemente razonables, no llegan a cumplirse, mientras las encuestas reportan una continua caída del respaldo y la opinión pública le adjudica cada vez más veracidad a las incesantes denuncias de corrupción en las inmediaciones del poder. Por eso, al tiempo que izaba la bandera de las dos décadas, la señora necesitó refutar la idea de que asistimos a un fin de ciclo, una impresión que se ha vuelto lugar común. En verdad, hablar del segundo decenio es un conjuro destinado a exorcizar el pálido final, a disimular su inminencia. La realidad muestra lo siguiente: un calendario electoral que indica que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene fecha de vencimiento; una Constitución Nacional que establece que no puede ser reelegida; encuestas que muestran que no hay candidatos kirchneristas que muevan el amperímetro en la provincia de Buenos Aires, el distrito clave y el único podría compensarle al oficialismo sus seguras derrotas en los restantes distritos grandes (Córdoba, Capital, Santa Fe, Mendoza). Para colorear ese paisaje hay que agregar lo que está a la vista: eso que los propagandistas de la Corte maquillaron con el título de “modelo nacional y popular” está notoriamente zozobrando, sin combustible, sin brújula, lastrado por el peso de los cofres que guarda en la bodega y con una tripulación cada vez más ganada por un escepticismo que el entusiasmo rentado no consigue disimular. El gobierno que vocea su deseo continuista para otros diez años no sabe qué hacer el día de mañana, ha perdido el control de su relato. Impera allí la alocada improvisación destinada a tapar las filtraciones con parches: no sólo fracasa, sino que abre huecos más grandes en otros puntos. El país ha dejado de ser superavitario en energía para transformarse en importador neto: gasta 15.000 millones de dólares en comprar combustible en el exterior; pierde dólares e inversiones cuando todos los vecinos rebosan de ambas cosas y para resolver el problema bloquea el mercado del dólar y propone un blanqueo o lavado de capitales con el que premiará a los tenedores de moneda en negro (sanctos o non sanctos), mientras succiona ingresos de trabajadores, empresas y provincias y los concentra en la caja central… lo que no impide que los servicios del Estado sean una catástrofe. Pretende curar la inflación con congelamientos y batallones vigilantes, mientras la estimula con emisión y un gasto desbocado. Cada vez se ve más claro que el sedicente modelo “nacional y popular” es, en verdad, un modelo unitario hiperconcentrador en el que la caja central se queda con las tres cuartas partes de los recursos, que ni siquiera son destinados a fortalecer el Estado nacional, sino en enorme medida a aceitar la actividad de la facción gobernante, sus funcionarios y la burguesía asociada al capitalismo de amigos. Ese modelo, que en sus inicios se benefició de las inversiones y los ajustes realizados en etapas anteriores, cristaliza hoy relaciones de producción que se han convertido en un límite para la inversión, el crecimiento, el empleo productivo y el desarrollo social. Es ese límite, cada vez más evidente, lo que evidencia para todo el mundo que estamos, efectivamente en un final de ciclo no en el inicio de una segunda década K. Los que presienten ese destino son los intelectuales de la Corte, refugiados en Carta Abierta. Aunque con una verba algodonosa y encubridora describen “una receptividad indignada” de “porciones no siempre pequeñas de la población” (sic) que (“por razones ni siempre justas ni siempre injustas”) ahora escuchan y comparten denuncias que no tenían eco cuando el ciclo gozaba su apogeo y el relato parecía lejos del epílogo. Esos intelectuales cortesanos constituyen, en sí mismos, otra manifestación del fin de ciclo. En otros tiempos, cuando parecían animados por la quimera de la eternidad del modelo y por la fluidez sin dique de sus recursos, trataban de mirar adelante y se dejaban hipnotizar por arrebatados sueños reformistas. Ahora, han dado a luz su carta número 13, bajo el título “Lo Justo”. Lo definen así, textualmente: “Lo justo es la alteridad de nuestra propia vida ofrecida como prueba de que ella misma debe introducirse en esos domicilios del pensar común sin hacer excepciones a favor de uno mismo”. ¿Qué tal? Aunque parapetados tras esa escritura jeroglífica, se pueden decodificar sus miedos y se descubre –con esfuerzo, porque sus galimatías son difícilmente descifrables- su incomodidad. Intuyen que los tiempos han cambiado, la épica de otras horas está abollada: descubren con disgusto que, para decirlo con palabras de Borges, “una canción de gesta se ha perdido entre sórdidas noticias policiales”. Se quejan de que la televisión filme y exhiba las casas de funcionarios y capitalistas amigos. Protestan contra las denuncias y se saltean los motivos. Si alguien podía suponer que en Carta Abierta se congrega una intelectualidad combativa queda definitivamente claro que era una ilusión óptica: sólo se trata de una intelectual uniformada que, pese a las “pestilencias” que percibe a su alrededor, decide taparse la nariz e imaginarse en una perfumería para ignorar disciplinadamente, no sólo la corrupción reinante en “el modelo” sino su colapso funcional. Defienden al modelo, pero eluden observar que ese modelo no atrae inversiones, induce la fuga de capitales, aísla al país del mundo y de las tendencias centrales (y por esa vía lo aísla de los países más dinámicos de la región), ha dejado de crear empleo, castiga a los sectores más competitivos, limita los derechos de los asalariados, restringe libertades, pretende colonizar plenamente al Poder Judicial, impulsa la inflación y miente sobre su incidencia, encubre la pobreza intensa con estadísticas falsificadas. La corrupción es un ingrediente importante de ese menú, que agranda su peso al compás del retroceso económico y de los pesos y trabas que sufren amplios sectores de la población, que comienzan así a juzgarla como una expresión nítida del privilegio y la injusticia social. Para el gobierno y sus intelectuales hay una explicación a tantas desventuras,y esa explicación es de orden conspirativo: hay fuerzas “destituyentes” (“corporativas”, “neoliberales”, etc.) que resisten de mil modos la aplicación del “modelo nacional y popular” y buscan desplazarlo “para terminar con sus conquistas”. Frente a esta amenaza, la réplica presidencial es “ir por todo”, gobernar dos décadas, terminar con la oposición de la “justicia cautelar”, sofocar en sus mismas fuentes las denuncias que afectan al estrecho entorno oficialista y aplicar recetas coactivas para detener el alza de precios (que “los fijan los comerciantes, los empresarios”). Ordenar que las cosas sean distintas. En todo lo que depende de la obediencia de sus ministros o legisladores, la Presidente se ve rápidamente satisfecha. Obtuvo las leyes de reforma judicial en un santiamén y en menos de un mes la discutida ley de blanqueo de dólares (que premia a quienes evadieron y hasta a quienes no tienen actividad certificada ante las autoridades Pero más allá de esas fronteras en las que reina la disciplina, los deseos presidenciales chocan con trabas: las que pone la realidad y aquellas que establecen las leyes, la Constitución y también la decisión de otras jurisdicciones. Los aspectos inconstitucionales de la reforma judicial ya empiezan a hacerla naufragar en los tribunales; las leyes votadas en Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires limitan las ofensivas contra la prensa independiente. Esos deseos, la Presidente no puede concretarlos. Como tampoco pudo hasta ahora intervenir Clarín a través del Mercado de Capitales ni aplicarle a Clarín la Ley de Prensa. Ni siquiera puede cumplirse la decisión presidencial de mudar de Buenos Aires el monumento a Cristóbal Colón que donó la comunidad italiana para el Primer Centenario: la ciudad de Buenos Aires consideró “un robo” esa mudanza que estuvo a punto de consumarse unilateralmente y su Legislatura votó una ley para protegerlo como patrimonio histórico. La policía metropolitana fue dispuesta para hacer cumplir esa ley así como la decisión de una jueza (federal) de suspender el operativo dispuesto por la Presidencia. Uno de los puntos de la frustrada ofensiva del gobierno ha sido la reforma judicial (bautizada “democratización de la Justicia”), con la que el Ejecutivo procura controlar los tribunales a través de la creación de nuevas instancias de casación y de la composición de un Consejo de la Magistratura sin equilibrio, que actuaría sin mayorías especiales para designar o sancionar magistrados y con una elección partidizada de sus miembros que convertiría a ese organismo en anexo del partido triunfante, contrariando la letra y el espíritu de la Constitución. Promulgadas las leyes de la reforma, cientos de juzgados del país recibieron recursos pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de esas normas y varios se han expedido, en principio, suspendiéndola. En la reforma judicial el gobierno encara una guerra de carácter constitucional. Sus proyectos de sancionar de alguna manera al Grupo Clarín, promueven la expropiación de acciones de la empresa Papel Prensa (cuyos socios mayoritarios son los diarios Clarín y La Nación), de modo de convertir al Estado en socio mayoritario y darle el manejo de la firma. Y a esa jugada el gobierno trató de sumarle una intervención en el Grupo Clarín a través de la Comisión Nacional de Valores, con la excusa de defender “los derechos de accionistas minoritarios”, en este caso, del Estado, que adquirió esa condición después de expropiar a las Administradoras de Fondos de Pensión y de reunir las inversiones accionarias que cada una de ellas mantenía atomizadamente. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires introdujo una audaz variante: dictó un decreto de necesidad y urgencia (que más tarde la Legislatura convirtió en ley) de defensa de la libertad de prensa, según la cual se prohíbe –en el ámbito de la Capital y en función del poder autónomo de su gobierno- toda acción que restrinja la acción de los medios y se crea una instancia judicial porteña para tratar esas cuestiones, bajo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. La provincia de Córdoba dispuso hacer lo propio en su jurisdicción. Con estos pasos de los gobiernos de Mauricio Macri y José Manuel De la Sota, los intentos de “ir por todo” en relación con los medios chocarán con una frontera federal: es decir, con otro costado de la Constitución. Ante la nueva frontera federal constitucional el gobierno nacional tuvo que frenar su ofensiva. Pues si decidiera actuar como proyectaba, se vería detenida por la justicia porteña y en última instancia, debería plantear la cuestión ante la Corte Suprema (en el marco de su discusión constitucional con la Justicia). La estrategia oficial del “vamos por todo” se despliega, como se ve, por los bordes de la Constitución. Por ahora las operaciones de defensa la detienen, pero la experiencia indica que el gobierno es más bien atropellador que cauteloso. La experiencia también indica que órdenes de la Justicia (y de la propia Corte Suprema) han sido desacatadas. En estos casos (reforma dela Justicia, defensa federal de la libertad de prensa) lo que está en juego es la cuestión constitucional misma, por lo que el desacato sería una cuestión delicadísima. En nuestro sistema de división de poderes, la única fuerza que tiene el Poder Judicial es el acatamiento de sus fallos. Si quien tiene la fuerza y tiene la bolsa no acata los fallos, se crea lo que se denomina conflicto de poderes y esto puede crear una situación de grave vulnerabilidad. Ciertamente, si a alguien se le ocurriera aplicar políticas de hecho para desacatar fallos de la Corte referidos a cuestiones de constitucionalidad, estaría colocándose fuera de la Constitución y gobernando, en el mejor de los casos, “de hecho”. O, como suele decirse, “de facto”. El ataque de furia con el que la señora de Kirchner increpó la semana pasada a los que “tienen un millón de amigos” fue, si se quiere, una confesión de impotencia: ella no hace más que perder amigos (o, por lo menos, ese tipo de amistad que se traduce en votos y en apoyos. Está en vísperas de perder uno de los pilares argumentales en los que sustenta su legitimidad: la idea de que quien se opone a sus decisiones se opone a “las mayorías”, al 54 por ciento. ¿Cuántos de los que integraron el 54 por ciento de hace 18 meses repetirían hoy ese sufragio?. Por otra parte, ella se queja de otros que tiene más cerca porque no salen a respaldar sus decisiones, no se declaran incondicionales, no “aguantan los trapos”, para decirlo con la expresión de la diputada Juliana Di Tullio .”Me toman por idiota”, se queja la Presidente. La impotencia se refleja en las palabras y el sentimiento revela lo que pasa: la Justicia defiende su autonomía y su papel constitucional, gobernadores de distritos importantes -Córdoba, Capital Federal- muestran que pueden tomar decisiones que se cumplen y que impiden el cumplimiento de deseos y decisiones de la Presidente. ¿Dónde está el poder, entonces? Por otra parte, los candidatos bonaerenses del oficialismo tienen techos muy bajos en las encuestas: parece imposible pretender con ellos una victoria electoral como la que el gobierno necesita (o una victoria, a secas), mientras algunos que el oficialismo, disimulando el íntimo rechazo, podría utilizar para mejorar su performance en la provincia, no quieren ser candidatos del gobierno y hasta pueden ser candidatos al margen (es decir, contra) el gobierno. Obvio: se habla de Daniel Scioli y de Sergio Massa. Massa anunciará esta semana el lanzamiento de la Fuerza Renovadora Bonaerense: se reunirá con sus colegas intendentes de referencia y muchos esperan que anuncie que va a encabezar una lista bonaerense independiente. Es decir, que competirá con el candidato del gobierno. Daniel Scioli viene dando el no permanentemente. Las pretensiones del entorno presidencial son grandes. Quieren que el gobernador encabece una lista oficialista repleta de enemigos suyos y, para eso, además, le píden que deje su cargo. Pero Scioli parece dispuesto a no moverse de su sitio aunque vengan degollando: aguanta a pie firme la avanzadilla de la huelga docente, con la que lo hostigan y prefiere soportar sin reacciones la intemperancia presidencial. “Tengo 16 millones de jefes”, dijo el sábado en Tandil. Se refería a los ciudadanos bonaerenses. Y sugería con bastante claridad que ésa es la jefatura que acata. Dijo también este fin de semana que espera que haya en las listas gente que sostenga su gestión y que “las diferencias y los matices que hay en un partido tan rico como el peronismo” bien pueden expresarse unitariamente en “un mecanismo tan inteligente como las PASO”. ¿Amenaza con presentar una lista independiente dentro del Frente por la Victoria? En cualquier caso, es un secreto a voces que el gobernador mantiene una relación sumamente colaborativa con Francisco De Narváez, el candidato bonaerense del peronismo no K. La acción de la Casa Rosada los junta. Y la Presidente se irrita por esa consecuencia. Ahora bien, aunque muchos interpretaron que el exabrupto presidencial se dirigía a Scioli (y eventualmente a Massa), lo cierto es que no son muchos los jefes territoriales que “aguantan los trapos presidenciales”. Ante las denuncias que tocan las bóvedas de Lázaro Báez y las que pueda haber en El Calafate o en Río Gallegos, en casas particulares o en camposantos, los gobernadores peronistas se atienen a un lema no siempre recordado de los años 70, sugerido en persona por Perón: “el silencio es salud”. Los dirigentes del peronismo que aún se mantienen en el oficialismo observan con atención lo que ocurre en el país y, sobre todo, en sus jurisdicciones. Ellos comprenden qué significa la actual actitud de jueces y fiscales, conocen cuáles son las repercusiones en los pueblos, barrios y vecindarios que gobiernan de los escándalos que destapan los medios ; registran sin filtro el significado de que el fútbol presidencial haya perdido la batalla del rating televisivo frente al programa de Jorge Lanata. Su silencio forma parte del cuadro político que enerva a la presidencia, un cuadro inquietante porque muchos de los considerados tropa propia que hasta hace poco atravesaban una etapa silenciosa, ahora se han sumado a los que hacen aportes a las denuncias. Tanto la consigna del “deme dos (décadas)” como las rabietas públicas de la Presidente son manifestaciones de un mismo mal: el fin de ciclo. Eso que los propagandistas de la Corte maquillaron con el título de “modelo nacional y popular” está notoriamente zozobrando, sin combustible, sin brújula, lastrado por el peso de los cofres que guarda en la bodega y con una tripulación cada vez más ganada por un escepticismo que el entusiasmo rentado no consigue disimular. Estamos, efectivamente en un final de ciclo, no en el inicio de una segunda década K. El poder puede menos. La gobernabilidad se resiente. El epílogo es lo que vemos, y quizás se derrame aún en más improvisación, más conflictividad, más tensiones con la opinión pública, las organizaciones populares, la Justicia. Pero avanzamos hacia un punto final, que ya está escrito. La respuesta al “déme dos” presidencial se puede tomar prestada de alguno de los casinos que gestiona su protegido Cristóbal López: “No va más”.
Jorge Raventos , 08/06/2013

 

 
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