 
 |
| Una señal política de cambio. |
| Es la primera vez que una provincia argentina, Salta, plantea una reforma tributaria integral, orientada hacia el federalismo fiscal y dirigida a garantizar la sustentabilidad de las jurisdicciones locales. |
| El presidente George Bush señaló días pasados que la relación Nación-provincias constituye un aspecto fundamental de las reformas estructurales que tiene por delante la Argentina. El diagnóstico de Bush coincide en este punto con la apreciación formulada tiempo atrás por el economista estadounidense Douglas North, Premio Nobel de Economía, quien subrayó que, en un país federal como la Argentina, no existe ninguna reforma institucional más importante que la vinculada con la relación Nación-provincias en el terreno fiscal. En ese sentido, la propuesta de reforma tributaria y federalismo fiscal lanzada públicamente por el gobernador de Salta Juan Carlos Romero puede marcar un punto de inflexión en la capacidad de respuesta del sistema político a las apremiantes exigencias de la crisis que atraviesa el país. Porque los cambios estructurales no son el resultado de los estudios académicos. Surgen de las situaciones de crisis y son producto de la iniciativa de actores políticos concretos, que encarnan las exigencias de la época. Estamos entonces ante una iniciativa extraordinariamente importante. No sólo es trascendente por su contenido, sino y fundamentalmente por su autoría. Es la primera vez que una provincia argentina plantea una reforma de carácter integral al sistema de coparticipación federal. Para entender la dimensión de esta propuesta, hay que partir del hecho de que la crisis del sistema político argentino demanda una transformación institucional, cuyo eje es la reinvención del Estado, acompañada por el activo protagonismo de la sociedad. Esa refundación del Estado requiere, ante todo y sobre todo, un vasto proceso de descentralización política. Esta modificación implica una transferencia de poder desde el Estado Nacional hacia las provincias, hacia los municipios y hacia las propias organizaciones sociales. El principio rector es nada más ni nada menos que la profundización de la democracia, reinstaurada para siempre en la Argentina en 1983. Para ello, es imprescindible colocar siempre lo más cerca posible de la base las decisiones concernientes a cada actor social y a cada comunidad local. Pero no existe transferencia de poder verdaderamente efectiva sin una transferencia de responsabilidades y de recursos de similar envergadura. Por eso, no puede haber descentralización política sin descentralización fiscal. Esta modificación de fondo del actual sistema tributario, que hoy forma parte de la agenda de negociación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, no es una copia de modelos internacionales. Tiene profundas raíces históricas. Entre 1853 y 1890, el presupuesto nacional era financiado con los recursos derivados de los impuestos a la importación, mientras que los presupuestos provinciales se financiaban con los tributos sobre la producción y el consumo de bienes específicos. La crisis de 1890 originó la creación de impuestos nacionales al consumo que se superponían con los provinciales. A pesar de ese esbozo de centralización fiscal, a principios del siglo pasado, la casi totalidad del gasto público de las provincias argentinas se sufragaba todavía con recursos propios. Sólo una proporción menor de los presupuestos provinciales tenía como fuente de financiamiento los fondos del Tesoro Nacional. Con sus más y sus menos, esa situación se mantuvo hasta mediados de la década del 30. La centralización de la estructura de la recaudación fiscal alcanzó su pico culminante en 1935, con la implantación del impuesto a las ganancias y la unificación de los impuestos internos. Desde entonces hasta hoy, esa proporción se invirtió, con los inconvenientes por todos conocidos. La iniciativa del gobierno salteño contempla una reformulación integral del sistema tributario, con una nueva delimitación de los impuestos nacionales y provinciales, enderezada a garantizar la sustentabilidad fiscal de las jurisdicciones locales. De esta forma adquiere vigencia el principio de correspondencia fiscal, que establece una correlación directa entre el gasto público y la recaudación tributaria en todos y cada uno de los distintos niveles del Estado. Con las características propias e intransferibles que presenta cada situación histórica particular, ésa es la estructura tributaria propia de la mayoría de los países económicamente avanzados que tienen un sistema federal, como Estados Unidos, Canadá y Suiza, que tienen mecanismos fiscales fuertemente descentralizados. Un sistema institucional descentralizado, que articule una mayor vinculación entre el gasto público y la obtención de los recursos financieros necesarios para solventarlo, en todas las jurisdicciones estatales, constituye la base de confianza, legitimidad y transparencia indispensable para el establecimiento de un Nuevo Pacto Tributario entre el Estado y la sociedad, capaz de incentivar el control social sobre el imprescindible redimensionamiento del gasto y de promover la drástica reducción de la evasión fiscal. El rol del liderazgo político en la Argentina de hoy es convertir la crisis en oportunidad de cambio. La propuesta del gobierno de Salta abre un camino apropiado para desatar el nudo gordiano de la reforma institucional pendiente. |
| Jorge Castro , 01/04/2002 |
| Inicio |
|
Arriba |
