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| De una crisis previsible a una crisis inevitable. |
| El gobierno afronta una disyuntiva ante la que no tiene escapatoria: o frena drásticamente la emisión monetaria, avanzando hacia un estallido de violencia social generalizada, o la utiliza como recurso desesperado para financiar aumentos en los salarios y las jubilaciones, en una marcha veloz hacia la hiperinflación. |
| Las notorias indefiniciones surgidas alrededor del cumplimiento efectivo e inmediato del acuerdo de catorce puntos suscripto días atrás entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores agravan sensiblemente las condiciones de la actual emergencia económica y social, hasta convertir lo que era una crisis política previsible en una crisis política inevitable. La implacable frialdad de los números es suficientemente elocuente. El presupuesto sancionado para el año en curso, que constituyó el punto de partida para la negociación con el Fondo Monetario Internacional, preveía para todo el año 2002 una expansión monetaria de 3.500 millones de pesos. Sólo en el primer cuatrimestre, la emisión monetaria ascendió a 6.200 millones de pesos. Proyectada en el año, esa cifra treparía a 18.600 millones de pesos, una cantidad apreciablemente mayor a la totalidad de la masa monetaria actualmente en circulación. No caben demasiado ni la sorpresa ni el estupor ante esa notable discordancia. Lo verdaderamente asombroso sería que no hubiese ocurrido. En su momento, los técnicos del FMI formularon dos observaciones básicas al diseño presupuestario aprobado para este año. La primera fue que no estaba computado el costo fiscal originado en la compensación al sistema financiero por las consecuencias de la pesificación forzosa de los préstamos y los depósitos bancarios. La segunda objeción estaba referida a las estimaciones excesivamente optimistas sobre los niveles de recaudación fiscal. En pocas semanas, los hechos confirmaron ambas prevenciones. De los 6.200 millones de emisión monetaria, sólo en este primer cuatrimestre, fueron necesarios 3.700 millones para financiar la pérdida de depósitos de un sistema bancario que ya exhibía niveles de iliquidez de dimensiones dramáticas, severamente afectados ahora por el "goteo" provocado por la aceptación judicial de las primeras tandas de los recursos de amparo presentados por los ahorristas. Los restantes 2.500 millones de esta emisión cuatrimestral sirvieron para enjugar el déficit fiscal de estos meses. La causa principal de este enorme desbarajuste en las cuentas públicas fue la constante disminución de la recaudación tributaria, originada por la acentuación de la brutal depresión de la actividad económica. En los primeros cuatro meses del año, el producto bruto interno viene cayendo a una velocidad anual del 17,2 %. La expansión monetaria realimenta naturalmente la espiral inflacionaria provocada por la devaluación. Las previsiones presupuestarias estaban basadas en un nivel de inflación del 20 %. En este primer cuatrimestre, los indicadores de precios al consumidor elaborados por el INDEC están ya por encima de esa cifra. El índice de precios mayoristas duplica ese porcentaje. Los efectos sociales de esta situación están a la vista. La tasa de desempleo, incrementada por la profundización de la recesión, ronda el 24 %. Es la más elevada de toda la historia económica argentina. Los índices de pobreza, incentivados por el alza incesante de precios de los productos de primera necesidad en un escenario de rígido congelamiento salarial, están muy cerca de alcanzar al 47 % de la población, que fue el récord alcanzado en esta materia durante el estallido hiperinflacionario de junio de 1989. En este contexto, el gobierno afronta una disyuntiva frente a la que virtualmente no tiene escapatoria: la espada o la pared. O frena drásticamente la emisión monetaria o la utiliza como recurso desesperado para financiar aumentos en los salarios y en los haberes previsionales licuados por la escalada inflacionaria. En el primer caso, el país avanzará hacia un estallido de violencia social generalizada. En el segundo, marchará velozmente hacia la hiperinflación. En cualquiera de ambas situaciones, que habrán de irrumpir en un plazo que más que calcular en meses conviene empezar a medir en semanas, el recambio político no será ni bueno ni malo. Será simplemente inevitable. Y, como sucede siempre ante lo inevitable, más que esforzarse por impedirlo, es preferible prepararse para afrontarlo. |
| Jorge Castro , 06/05/2002 |
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