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| Federalismo fiscal y cambio institucional. |
| Con la propuesta del gobernador Romero, lo que hasta ahora era un tema de especialistas ingresó al terreno político. El salto es un resultado de la evolución de la crisis, que elimina la distinción entre urgente e importante. |
| El proyecto de ley de reforma del actual sistema de coparticipación federal presentado oficialmente por el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, constituye un dato mayor en el escenario político de la crisis argentina. Por primera vez, un actor político relevante, en este caso el gobernador de una provincia, asume como propia la iniciativa de avanzar hacia una transformación de fondo en la estructura misma del régimen tributario, en una instancia crucial en que el replanteo de la relación fiscal entre el Estado Nacional y las provincias argentinas es una de las claves esenciales, tal vez la principal, de la impostergable redefinición del sistema institucional del país. El contenido de la propuesta planteada por Romero reconoce una clara línea de continuidad de pensamiento con tres excelentes documentos sobre la materia, elaborados sucesivamente por FIEL, con la coordinación de Ricardo López Murphy y Daniel Artana, por Jorge Ávila, a pedido de las autoridades del Consejo Empresario Argentino, y por la Fundación Mediterránea, con la inspiración de Juan José Llach, trabajos que configuran hasta ahora los principales aportes académicos a una discusión que está llamada a erigirse en los próximos meses en uno de los puntos fundamentales de la agenda política argentina. El núcleo de la iniciativa es la puesta en marcha de un mecanismo que permita el avance progresivo hacia la implantación de un sistema impositivo de carácter federal, altamente descentralizado, que por su propia naturaleza sea capaz de incentivar la responsabilidad fiscal de cada una de las jurisdicciones del Estado, a nivel nacional, provincial y también municipal. Es, en términos de mediano y largo plazo, la herramienta estratégica indispensable para enfrentar y resolver el estrangulamiento de las cuentas públicas argentinas. Pero el aporte principal no reside tanto en el contenido específico de la propuesta, puesta a discusión a partir de ahora, sino el hecho de que, por esta vía, una cuestión que hasta hoy estuvo básicamente circunscripta a los cenáculos especializados ingresa al terreno político, que es el territorio de lo real. Lo que posibilita este salto cualitativo es la evolución de la crisis, que por su propia e implacable dinámica tiende a eliminar la clásica diferencia entre lo urgente y lo importante, porque lo importante deviene urgente y lo único urgente pasa a ser aquello que es verdaderamente importante. De allí que la reforma del sistema de coparticipación federal haya sido expresamente incorporado en el acuerdo de catorce puntos suscripto hace tres semanas entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores, que establece incluso un plazo perentorio de noventa días para el tratamiento específico del tema por el Congreso Nacional. Lo que conviene subrayar es que la importancia de esta cuestión, ahora transformada en urgencia por la fuerza de los acontecimientos, trasciende de lejos a su innegable significación económica. Tiene una enorme dimensión política. Porque la descentralización del Estado, entendida como una paulatina y constante transferencia de poder, o sea, traspaso de responsabilidades acompañado por los consiguientes recursos, desde el Estado Nacional hacia las provincias y municipios, es la base institucional necesaria para que la Argentina pueda avanzar seriamente en la implementación de las denominadas reformas de segunda generación, en particular en relación a la educación, la salud, la justicia y la seguridad pública. El principio rector de esta profunda transformación institucional es ubicar siempre lo más cerca posible de la base el poder decisión sobre los asuntos vinculados con cada actor social y cada comunidad local. La premisa es colocar la posibilidad de solución lo más cerca posible del problema de que se trate. Pero no puede existir una descentralización política que sea digna de tal nombre que no pase por una correlativa descentralización fiscal. Por ese motivo, no constituye una exageración afirmar que la cuestión del federalismo fiscal es la clave para la transformación institucional de la Argentina. |
| Pascual Albanese , 16/05/2002 |
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