Argentina 2002 en el contexto mundial. (Quinta Parte)

 

Texto completo de la conferencia de Jorge Castro en la Legislatura de Córdoba, el 31 de mayo de 2002.
Descentralización política y federalismo fiscal

El norteamericano Douglas North, Premio Nobel de Economía, señaló hace 4 años en Buenos Aires que, en un país federal como la Argentina, no existe reforma institucional más importante que la vinculada con la relación entre la Nación y las provincias, particularmente en materia presupuestaria y fiscal.

El propio Bush, en sus recientes declaraciones sobre la crisis argentina, destacó entre las reformas urgentes y necesarias aquéllas relativas a la relación Nación-provincias, cuestión que también ocupa un lugar preponderante en la agenda de las negociaciones iniciadas con el FMI.

De allí la extraordinaria importancia política que adquiere la propuesta de reforma del régimen de coparticipación federal públicamente lanzada por el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, que plantea una reformulación integral del actual sistema tributario, basada en la descentralización y el federalismo fiscal.

En apretada síntesis, el gobernador de Salta propone un paulatina devolución de la autonomía tributaria a las provincias argentinas, que les permita hacerse cargo de la financiación de la totalidad de sus respectivos presupuestos con sus propios recursos, sin necesidad de recurrir a los aportes del Tesoro Nacional.

No se trata de una copia de modelos extranjeros. Es una iniciativa que reconoce profundas raíces históricas en la Argentina. La historia constitucional argentina reconoce muchos más años de descentralización tributaria que de centralismo fiscal. Desde 1853 hasta la crisis de 1890, el presupuesto nacional se financió con los recursos derivados de los derechos de importación, mientras que las provincias sufragaban sus gastos con impuestos específicos a la producción y al consumo. A partir de 1890, el Estado Nacional empezó a percibir también impuestos internos, que en muchos casos se superponían con los provinciales. A pesar de esa superposición, hasta la década del 30 el gasto público de las provincias argentinas se sufragaba en su enorme mayoría con recursos propios y sólo complementariamente con fondos del Tesoro Nacional. La centralización fiscal tuvo su pico culminante en 1935, con la implantación del impuesto a las ganancias y la unificación de los impuestos internos. Allí nació la centralización de la estructura fiscal argentina, que hoy resulta indispensable revertir.

La reinvención del federalismo tributario es un requisito esencial para la sustentabilidad fiscal de las provincias argentinas. Constituye también la base estructural necesaria para el establecimiento de un Nuevo Pacto Tributario entre el Estado y la sociedad, que incentive el redimensionamiento del gasto público en todos los niveles y jurisdicciones estatales y promueva una drástica reducción de la evasión impositiva.

La mayoría de los países económicamente avanzados que cuentan con un sistema político federal se caracterizan por una estructura fiscal fuertemente descentralizada. Tal, por ejemplo, los casos de Estados Unidos, Canadá y Suiza.

Pero la federalización fiscal tiene además una decisiva importancia político-institucional. Porque la prioridad de la reforma institucional que demanda ala Argentina de hoy es la descentralización política. Esto significa la transferencia de poder desde el Estado Nacional hacia las provincias, hacia los municipios y hacia los propios actores sociales. El objetivo es colocar siempre lo más cerca posible de la base la capacidad de decisión sobre los asuntos vinculados con cada actor social y con cada comunidad local. Y no hay descentralización política sin descentralización fiscal.

La importancia de la propuesta elaborada por el gobierno de Salta no reside sólo en su contenido, sino también y principalmente en su autoría. Es la primera vez en la historia que una provincia plantea un proyecto de modificación de fondo del régimen de coparticipación federal, que es el núcleo básico de la reforma institucional pendiente. Los cambios institucionales no son el producto de los estudios académicos. Son el resultado de las crisis y de la decisión de los actores políticos que asumen la responsabilidad de enfrentarlas y resolverlas. Ese y ningún otro es el centro de la crisis argentina.


Solo una crisis política

Porque, a pesar del desánimo de la opinión pública, de la enorme desesperanza colectiva, no estamos ante la crisis más grave de la historia argentina. El país está en condiciones de enfrentar y superar esta crisis. Las transformaciones estructurales realizadas en la década del 90 han permitido construir un piso estructural adecuado para terminar con la recesión y reiniciar el camino del crecimiento económico.

No se trata de una simple profesión de fe, aunque también lo sea. Es una afirmación enraizada en la realidad de los hechos. El aparato productivo del país está básicamente intacto. La antigüedad promedio del parque industrial es de alrededor de cuatro años, contra más de diez años en la década del 80. La infraestructura de telecomunicaciones, que es el núcleo de la nueva economía del conocimiento, está tecnológicamente entre las más avanzadas del mundo. La cadena agroalimentaria argentina tiene un nivel de competitividad que en la mayoría de sus rubros no tiene nada que envidiarle a la de los Estados Unidos. Y, a pesar de la crisis del sistema educativo, el nivel de educación de la población argentina ocupa un lugar privilegiado en América Latina.

Estamos ante una crisis de raíz eminentemente política. Así sucedió con la crisis de 1890, que también ocurrió luego de un período de diez años de extraordinaria expansión económica. Había, sí, una crisis económica internacional, que impactó en la Argentina. Pero lo verdaderamente decisivo en aquella instancia no fue la crisis económica. Lo decisivo fue que esa crisis coincidió con el intento de Miguel Juárez Celman de evitar la vuelta a la presidencia de Julio A. Roca, impulsando para ello la candidatura de Ramón Cárcano.

Esa tentativa de Juárez Celman fracturó al Partido Autonomista Nacional, que había sido el actor político de esa gran década de crecimiento, y creó las condiciones para la revolución del 90, que más que el nacimiento del radicalismo fue la revancha porteña contra una década de predominio político del interior argentino, que había impuesto la federalización de la ciudad de Buenos Aires. La renuncia de Juárez Celman, la asunción del vicepresidente Carlos Pelegrini y la consiguiente reunificación del PAN, otra vez bajo el liderazgo de Roca, permitieron rápidamente superar aquella crisis y avanzar en esa transformación extraordinaria que culminó en la Argentina del primer centenario, situada por su ingreso per cápita entre los diez primeros países del mundo.

El centro de esta crisis política de la Argentina hoy puede definirse como una pérdida de rumbo. Con la perspectiva que otorga el tiempo, hoy aparece más claro que nunca que el gobierno de la Alianza constituyó un trágico accidente histórico. En sólo dos años, ese gobierno convirtió cada problema en un drama de imposible solución. En vez de avanzar en el camino de las transformaciones necesarias, un gobierno estructuralmente débil, incapaz de prever el curso de los acontecimientos, y mucho menos de influir sobre ellos, precipitó a la Argentina hacia una crisis fiscal y monetaria que la colocó una vez más frente a un abismo político y social.

Pero el origen de ese accidente histórico, que determinó esa pérdida de rumbo cuyas consecuencias afrontamos hoy, está un poco más atrás. Reside en la incapacidad revelada por el peronismo en las postrimerías del segundo mandato constitucional de Carlos Menem para articular una sucesión política que permitiera avanzar en las reformas estructurales pendientes de una transformación que había quedado aproximadamente a mitad de camino. De lo contrario, la Alianza jamás hubiera podido ganar las elecciones presidenciales de 1999.

En ese sentido, la presente crisis política guarda importantes similitudes con la crisis de 1890. Hoy como hace 100 años, el resquebrajamiento de la fuerza política que impulsó una década de importantes transformaciones estructurales, basada en la inserción internacional de la Argentina en un escenario mundial caracterizado por el liderazgo británico, así como en la década del 90 el país logró avanzar en su inserción internacional en un sistema de poder mundial signado ahora por el liderazgo de los Estados Unidos, permitió una revancha porteña, en este caso expresada por la Alianza, que determinó la aparición de un gobierno débil que sucumbió antes de cumplir con su mandato constitucional. Y también hoy como entonces, ante la ausencia de cualquier otra alternativa real de poder, sólo la recomposición de esa fuerza política con aptitud transformadora, en este caso el peronismo, puede posibilitar la recuperación de ese rumbo perdido.

En las actuales circunstancias, sólo un acuerdo político de carácter estratégico entre el peronismo, única fuerza política capaz de garantizar la gobernabilidad del país, y el gobierno republicano de Estados Unidos, que es el país-eje del actual sistema de poder mundial, puede crear las condiciones adecuadas para recuperar el rumbo perdido, salir de la crisis y reanudar la construcción de la Argentina del segundo centenario.

El acuerdo de catorce puntos firmado entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores peronistas, cuyo eje estratégico es la búsqueda de la reinserción internacional de la Argentina, constituye un hito político de enorme importancia. Pero los acontecimientos tienen una lógica propia, que muchas veces desborda la voluntad y las intenciones de sus protagonistas. La crisis no espera. Los gobernadores peronistas están ahora obligados a hacerse cargo de su obra inconclusa. Su capacidad de iniciativa alcanzó hasta hoy para dotar al peronismo, más que al propio gobierno, de un rumbo estratégico indispensable para guiar su acción. Falta ahora la legitimación de un liderazgo político capaz de encarnarlo en los hechos.

El peronismo tendrá que prepararse, y pronto, para garantizar políticamente la consecución del camino elegido. Para recrear un clima de confianza nacional e internacional en sus posibilidades de conseguirlo, está obligado a nominar, a la brevedad, a la fórmula presidencial que asumirá la responsabilidad de encarnarlo desde el gobierno.

La profunda crisis de legitimidad que afecta al conjunto del sistema político argentino hace extremadamente difícil que esa fórmula presidencial pueda ser ungida por un simple acuerdo entre dirigentes. Tendrá que surgir de un llamado a elecciones internas abiertas. Porque esa elección interna es la mejor alternativa para garantizar la unidad del peronismo, imprescindible para asegurar su victoria en la contienda electoral que se avecina.

No estamos únicamente frente a una cuestión de tipo partidario. Existe, además, una segunda razón, aún más poderosa que la anterior, para impulsar rápidamente esa convocatoria. En la próxima elección, el país no sólo elegirá a un nuevo presidente. Tendrá que plebiscitar en las urnas el rumbo estratégico y el programa necesarios para la Argentina de los próximos años. Porque sólo a través de la fortaleza que emana de la legitimidad democrática, podrá construirse el poder político que hace falta para salir de la crisis y encauzar el rumbo estratégico de la Argentina como Nación.
Jorge Castro , 31/05/2002

 

 
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