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| La Argentina en la crisis regional (Segunda Parte) |
| Texto completo de la exposición realizada por Pascual Albanese en la última reunión mensual del centro de reflexión para la acción política Segundo Centenario, celebrada el pasado martes 2 de julio en el Hotel Rochester, Esmeralda 546. |
| El caso argentino Tres días antes del anunciado adelantamiento de las elecciones presidenciales, y detrás de la buena noticia acerca de la postergación de los vencimientos previstos para el mes de julio, en el edulcorado lenguaje diplomático de los organismos multilaterales de crédito, el Fondo Monetario Internacional notificó al gobierno argentino que la conclusión de las negociaciones para un eventual acuerdo tendría que esperar al menos hasta el próximo mes de septiembre. Hasta la primavera, no cabría entonces esperar novedades de importancia en relación al posible acuerdo. Durante el invierno, sólo podría preverse una profundización de la crisis. El anuncio simultáneo acerca de la constitución de una comisión internacional integrada por personalidades internacionales de prestigio en el mundo de las finanzas, encargada de asesorar acerca del programa monetario y de la reestructuración del sistema financiero, implica, sí, un afinamiento en el diagnóstico del FMI acerca de la evolución de la situación argentina. En efecto: ningún sistema económico puede funcionar sin moneda y sin crédito. De allí que la elaboración de un programa "sustentable", como el que nos reclama constantemente el Secretario del Tesoro estadounidense, Paul O' Neill, tiene que partir necesariamente de la reconstrucción de esas dos instituciones básicas en cualquier economía. Sin embargo, esta postergación de tres meses establece un plazo de cumplimiento políticamente imposible. Mucho antes de septiembre, los acontecimientos exigirán adoptar decisiones drásticas. En lo inmediato, el aumento en la cotización del dólar habrá de provocar nuevamente una fuerte alza en el índice del costo de vida, con las consiguientes repercusiones económicas y sociales. No hace falta aguzar demasiado el análisis para constatar que existe ya un consenso virtualmente generalizado en la comunidad financiera internacional acerca de la imposibilidad de que el actual gobierno de transición esté en condiciones de ejecutar las drásticas reformas estructurales que requiere un programa económico sustentable para la Argentina. Sin una previa recomposición del poder político, nunca habrá "aguas calmas", sino un mar cada vez más embravecido. No se trata entonces de adivinar si el gobierno norteamericano o el FMI querían o no elecciones anticipadas. La cuestión es extraer nuestras propias conclusiones sobre el presente político, elocuentemente ilustradas por la historia reciente de la Argentina. La conclusión es relativamente simple: una crisis económica de raíz básicamente política, como la que experimenta la Argentina de hoy, sólo puede tener una respuesta política, esto es acorde con la naturaleza del problema que la origina. A partir de esta comprobación fáctica, que surge del análisis de los hechos y nada tiene que ver con supuestas conspiraciones nacionales o internacionales, conviene distinguir lo principal de lo accesorio. Hoy, la prioridad ineludible es la reconstrucción del poder político. Y, según lo establecen la Constitución Nacional y la tradición política argentina, el eje inequívoco de ese poder reside en la Presidencia de la Nación, que es el único mandatario constitucional elegido por el voto directo de la totalidad del pueblo argentino. El debate planteado alrededor de la declaración de caducidad de los demás mandatos electivos, por importante que resulte en relación al cuestionamiento de la opinión pública a la legitimidad del sistema político, es secundario ante la formidable aceleración de la crisis económica y social. Hay, sin duda, una grave crisis de representación política, que es imperioso revertir. Pero esa crisis de representación reconoce ciertas gradaciones. En el plano nacional, el único cargo electivo desempeñado hoy por alguien cuyo mandato no surgió del voto popular es precisamente la Presidencia de la Nación. Más aún: dicho mandato, cuya legalidad está absolutamente fuera de discusión, es ejercido justamente por el candidato que perdió las elecciones presidenciales de octubre de 1999, que ganara Fernando De la Rúa. A nivel provincial, existe solamente otro único caso significativo que podría suscitar una observación semejante: La gobernación de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, ambas situaciones no son equiparables. Existe una enorme diferencia en materia de legitimación política: Felipe Solá fue el candidato a vicegobernador en la fórmula justicialista triunfante en las elecciones bonaerenses de octubre del 99. Las dificultades políticas y legales que plantea la alternativa de un acortamiento simultáneo de la totalidad de los mandatos electivos nacionales, provinciales y municipales hacen aconsejable concentrar el esfuerzo en la elección presidencial, que en las presentes circunstancias no implica sólo la legitimación de un nuevo gobierno, sino también de algo igualmente importante: la definición, a través del voto popular, de un rumbo estratégico y de un programa para enfrentar y resolver la crisis. En este panorama de excepción, la elección presidencial es el único punto de partida posible para encarar seriamente la reconstrucción del vértice del poder democrático y, a partir de allí, abrir el espacio político necesario para avanzar en la indispensable renovación del conjunto del sistema institucional argentino. El único paso previo, absolutamente imprescindible para afianzar la legitimidad de la institución presidencial, condición ineludible para la recreación de su poder político, es la inmediata realización de elecciones internas, de carácter abierto y simultáneo, en todas las fuerzas políticas del país, para nominar democráticamente a sus respectivos candidatos. Cualquier otro objetivo, por loable que sea, que pueda entorpecer la celeridad que requiere el cumplimiento de esta instancia política crucial para la gobernabilidad del país tendrá que esperar una próxima y mejor oportunidad. >b>Uruguay Entre Brasil y la Argentina no puede hablarse de "efecto contagio". Distinto es el caso de Uruguay. Por el tamaño de su economía y su estrecha relación con la Argentina, Uruguay experimenta sí con particular intensidad las crisis de sus dos grandes vecinos. Lo que sucede hoy en Uruguay tiene más características exógenas que endógenas. Así lo interpretó el Fondo Monetario Internacional, que prácticamente sin ningún condicionamiento le reforzó fuertemente su asistencia financiera para permitirle capearle el temporal que golpea contra su sistema bancario. A diferencia de lo que ocurre en Brasil y en la Argentina, Uruguay no sufre una crisis de poder político. El presidente Jorge Batlle tiene el apoyo de los dos grandes partidos tradicionales: el Partido Colorado, al que pertenece, y el Partido Blanco o Partido Nacional, que comparte importantes responsabilidades de gobierno. Es virtualmente un gobierno de coalición. El actual embajador del Uruguay en la Argentina Alberto Volonté es uno de los máximos dirigentes del Partido Blanco. La oposición es encarnada por el Frente Amplio, que gobierna desde hace años la ciudad de Montevideo. Conviene detenerse aunque sea por un momento para examinar un poco más de cerca las características de la política uruguaya. Uruguay es el país de más sólida tradición institucional de toda América del Sur. En el siglo XX, esa sólida tradición tuvo apenas dos breves interrupciones transitorias. En la década del 30, cuando el presidente Gabriel Terra, del Partido Blanco, disolvió el Parlamento, y en la década del 70, cuando el presidente Juan María Bordhaberre, del Partido Colorado, hizo lo propio y cogobernó con las Fuerzas Armadas. Esto significa que las dos interrupciones al orden institucional fueron lideradas por sendos presidentes elegidos democráticamente. Históricamente, el Partido Colorado, originariamente vinculado al bando unitario de la Argentina, tuvo mayor arraigo en las ciudades y el Partido Blanco, fundado en clara asociación con el bando federal de la otra orilla del Río de la Plata, en los sectores rurales. El paulatino crecimiento de la izquierda, expresada en el Frente Amplio, se focalizó principalmente en los medios urbanos, en especial en la ciudad de Montevideo, a expensas en parte de la base tradicional de los colorados. Esa progresiva modificación del mapa político creó las bases para un nuevo reagrupamiento de fuerzas. En un sistema de elección presidencial por el mecanismo de doble vuelta, los dos partidos tradicionales compiten primero pero confluyen después para derrotar en la segunda vuelta al candidato del Frente Amplio. Esta coalición es la que garantiza la gobernabilidad del Uruguay. El liderazgo político de Battle estuvo estrechamente vinculado desde un principio con una visión estratégica que plantea una reformulación del MERCOSUR y el fortalecimiento de las relaciones económicas y políticas entre el bloque regional y los Estados Unidos. En una etapa de vacancia política en el MERCOSUR, Batlle es el único mandatario del bloque regional que supo avanzar en la dirección de los vientos. Los hechos le han dado la razón. Por eso, Uruguay cuenta con un fuerte apoyo internacional para superar su crisis y, al calor de los acontecimientos en Brasil y la Argentina, es obvio que el MERCOSUR tendrá que reformular su estrategia de inserción en la economía mundial. MERCOSUR-ALCA Crisis en Brasil, crisis en la Argentina, crisis en Uruguay, crisis en ciernes en Paraguay. ¿Qué pasa con el MERCOSUR?. Lo menos que puede decirse es el que el bloque regional agotó una etapa y está obligado a un replanteo estratégico, que equivale a una verdadera refundación política. Conviene empezar por el principio. En el momento de su creación, a principios de la década del 90, con el Tratado de Asunción de 1991, el MERCOSUR constituyó una respuesta lúcida de los países de la región, en especial de Brasil y la Argentina, para afrontar exitosamente los nuevos desafíos planteados por la globalización de la economía mundial. No se trataba, como algunos suponen y postulan, de erigir una nueva y más amplia muralla proteccionista. Muy por el contrario, la constitución del MERCOSUR coincidió en el tiempo con el inicio de sendas políticas de apertura económica internacional, con una significativa reducción de aranceles aduaneros, en la Argentina y en Brasil. En la Argentina, esto ocurrió durante el gobierno de Carlos Menem. En Brasil, sucedió con el efímero gobierno de Color de Melo, un joven caudillo político del Nordeste, a cuya destitución por el Parlamento, justificada en acusaciones de corrupción, no fue en absoluto ajeno el sector hegemónico de la burguesía del estado de San Pablo, que en aquel momento recelaba fuertemente de esa estrategia aperturista. El éxito registrado en el espectacular incremento en el intercambio comercial y en el aumento de las inversiones extranjeras directas de grandes empresas transnacionales interesadas en las ventajas que presentaba la formación de un mercado regional ampliado, revela la importancia estratégica que tuvo la iniciativa. Sin embargo, la ausencia de una adecuada compatibilización entre las políticas macroeconómicas de los distintos países y entre sus diferentes estrategias de inserción internacional constituyeron sendas limitaciones que obstaculizaron la profundización del proceso de integración. La devaluación del real, producida en enero de 1999, abrió un período de estancamiento en el proceso de integración, que no pudo revertirse en los últimos años. Dicho estancamiento impidió la plena incorporación de Chile, que encaró unilateralmente la negociación de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y acaba también de cerrar un importante acuerdo comercial con la Unión Europea. El propio Battle, condicionado por esa parálisis, abrió ya conversaciones comerciales bilaterales con los Estados Unidos. Las crisis son, a la vez, desafíos y oportunidades. La situación que atraviesan Brasil y la Argentina, y a su manera Uruguay y Paraguay, torna inevitable un replanteo de fondo en el funcionamiento del MERCOSUR, tarea que es en realidad una exigencia largamente postergada, que precede y excede a la actual coyuntura. La reformulación del bloque regional no puede desentenderse de una visión compartida de los acontecimientos mundiales. El MERCOSUR tiene que asumirse no como una fortaleza defensiva, sino como una plataforma de lanzamiento conjunto para mejorar los actuales niveles de inserción de todos los países de la región en las grandes corrientes de comercio y de inversión que caracterizan a la economía mundial en esta era de la globalización. Este objetivo común supone un esfuerzo conjunto para mejorar los niveles de productividad de los sistemas económicos de nuestros países. En el mundo de hoy, la competitividad tiene un carácter sistémico. No solamente compiten empresas. Compiten también países, es decir, sistemas integrales de organización y decisión. En este sentido, corresponde priorizar la cooperación para la realización de obras de infraestructura y de logística enderezadas a incrementar la competitividad internacional de todos los socios del MERCOSUR. En este aspecto, resulta absolutamente decisivo profundizar la vinculación del MERCOSUR con Chile. Es necesario crear un MERCOSUR bioceánico. La materialización efectiva de corredores bioceánicos que faciliten el acceso de la producción brasileña y argentina a los puertos chilenos sobre el Océano Pacífico, que es la ruta que permite llegar a los gigantescos mercados consumidores del Asia Pacífico, en particular China, constituye una prioridad estratégica insoslayable para toda la región. Esta cuestión está estrechamente ligada a otro tema estratégico de importancia fundamental: la consolidación del MERCOSUR agroalimentario. Todos los países de la región tienen como característica común la posesión de extraordinarias ventajas comparativas en materia agroalimentaria, que constituye uno de los rubros de mayor crecimiento en la demanda mundial, sobre todo en los países emergentes del Asia Pacífico. Es necesario convertir rápidamente esas ventajas comparativas en nítidas ventajas competitivas. La acción conjunta puede transformar en muy pocos años al bloque regional en el principal exportador mundial de alimentos, por encima incluso de los Estados Unidos. Sin embargo, todos los avances en materia de infraestructura y logística, así como la acción conjunta en el rubro agroalimentario, no serían suficientes para encarar el relanzamiento del MERCOSUR si no están acompañados por la profundización de la dimensión política del bloque regional. Esto implica, en primer lugar, la asunción de una responsabilidad compartida en relación a la seguridad regional sudamericana, especialmente referida a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo transnacional, incluido por supuesto no sólo la Triple Frontera sino también, por ejemplo, la situación de Colombia. Esta reformulación política del MERCOSUR permite fortalecer nuestra capacidad de negociación con los Estados Unidos y los demás países del NAFTA en el proceso de integración económica continental que acompaña la conformación del ALCA, cuya puesta en marcha está prevista para el año 2005, que en términos históricos equivale a decir pasado mañana. Más que una falsa opción política entre ALCA y MERCOSUR, corresponde definir la activa participación del bloque regional sudamericano en este nuevo y cercano escenario de una América integrada desde el Ártico al Antártico. Con una aclaración que, a modo de advertencia, vale para todos y también por supuesto para la Argentina: ningun país de la región, ni Brasil, ni la Argentina, ni menos aún Uruguay, está en condiciones de demorar su inserción en la economía norteamericana, que por sí sola constituye más de un cuarto de la economía mundial. El momento para empezar es ahora. La respuesta estratégica a una cuestión determinada no puede sino ser acorde con su naturaleza. Una crisis política requiere una respuesta política. Ninguna alquimia económica ni ninguna negociación internacional puede abrir paso a la superación de la actual situación regional. Uruguay está obligado a fortalecer la coalición política entre colorados y blancos, para poder enfrentar exitosamente las consecuencias económicas negativas de la crisis de sus vecinos. Brasil y la Argentina, que están en vísperas de sendas elecciones presidenciales, afrontan el desafío de recrear políticamente, en las nuevas condiciones históricas del siglo XXI, las coaliciones de fuerzas que, más allá de aciertos y errores, en la década del 90 les permitieron a ambos países construir el MERCOSUR y avanzar en el camino de su inserción internacional. |
| Pascual Albanese , 02/07/2002 |
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