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| Ida y vuelta . |
Jorge Raventos analiza la evolución de la situación política argentina. |
| "El Tajo es más bello que el río que corre por mi pueblo,
pero el Tajo no es más bello que el río que corre por mi pueblo
porque el Tajo no es el río que corre por mi pueblo" Fernando Pessoa, Poemas de Alberto Caeiro La orden de detención contra varias decenas de oficiales de las Fuerzas Armadas librada por el juez Canicoba Corral en virtud de una solicitud del magistrado español Baltasar Garzón volvió a agitar esta semana las aguas castrenses, y el presidente agregó a ese movimiento revulsivo la anulación del decreto con el que en su momento Fernando De la Rúa bloqueó los pedidos de extradición disparados desde tribunales extranjeros. Así, la cuestión militar, abierta por el propio gobierno en vísperas de su asunción, eclipsó en la opinión pública la imagen del encuentro en Washington entre Néstor Kirchner y George W. Bush. Puede ser cierto lo que algunos comentaristas reticentes señalaron sobre la reunión en la Casa Blanca, en el sentido de que, más allá de la fórmula de té y simpatía que suele endulzar ese tipo de ceremonias, habrá que ver más adelante cuáles son sus efectos concretos y las acciones con que cada una de las partes consolide la relación. Sin embargo, más allá de esos reparos, es innegable la importancia de este primer contacto. Argentina formaba parte, hasta el miércoles último, de un cuarteto de países latinoamericanos (que se completa con Cuba, Venezuela y Haití) cuyos presidentes no habían sido recibidos en la Casa Blanca. El último mandatario argentino anduvo por allí había sido Fernando De la Rúa, en el epílogo de la presidencia de Bill Clinton. Desde entonces, y particularmente a partir de los ataques terroristas a New York y Washington del 11 de septiembre de 2001, se ha manifestado rotundamente la condición de Estados Unidos como eje del sistema de poder global y la voluntad del gobierno de Bush de impulsar la integración mundial en los campos de la seguridad y la economía. Precedida por la trascendente visita de Luis Inazio Lula Da Silva (y la decisión compartida de Brasil y Estados Unidos de poner en marcha, sin dilaciones, la zona de libre comercio americana -el ALCA- a partir de enero de 2005), así como por la firma del acuerdo de libre comercio entre Washington y Santiago de Chile, la reunión entre Kirchner y Bush abre a la Argentina una nueva oportunidad estratégica para eludir el aislamiento internacional en que se fue introduciendo durante los últimos cuatro años. Claro está que está oportunidad requiere de decisiones que van más allá de un encuentro cordial. El presidente argentino evitó en este viaje algunos gestos desafortunados de su tournée europea y la prensa acompañante argentina aplaudió con idéntico fervor aquellos exabruptos que esta sensatez, inclusive el gesto presidencial de definirse ante su par norteamericano como peronista, una caracterización que venía evitando meticulosamente en el terreno local. La Casa Rosada llevaba como objetivo fundamental, en esta ocasión, obtener un apoyo inequívoco del gobierno de Estados Unidos para la negociación en marcha con el Fondo Monetario Internacional. Consiguió un consejo de Bush ("Pelee hasta el último centavo") pero quedó en claro que Washington deja en exclusividad a las partes (FMI y gobierno argentino) el manejo de esa discusión. La conducción del Fondo dio a publicidad el viernes documentos sobre etapas anteriores de la negociación, en los que se revelan sucesivos incumplimientos y, relevante para la discusión actual, la potergación de reformas estructurales que el FMI estima indispensables para darle solidez a la economía. "El nuevo gobierno -se lee en esos papeles, como anticipo de la postura básica del organismo- debe tomar distancia de la idea de que la economía se está normalizando suavemente sin la necesidad de reformas estructurales". Es evidente que la relación directa y franca con los mandatarios de las democracias avanzadas es una condición necesaria pero no suficiente para recuperar la posición internacional que Argentina perdió. Una prueba más: Kirchner había obtenido en París un trato amabilísimo de parte del presidente Jacques Chirac; eso no evitó, sin embargo, el áspero tironeo entre el ministro Julio De Vido -hombre de la íntima amistad presidencial- y la embajada francesa. Ante la inminente visita del ministro de Economía galo, Francis Mer, De Vido había declarado que "si viene a hablar de aumentos de tarifas, es mejor que no venga". La embajada respondió en un comunicado que evocaba la ayuda de Francia durante la última renegociación con el FMI. El ministro Mer vino y reclamó enérgicamente "una rápida recom posición tarifaria", en defensa de las empresas de origen francés concesionarias de servicios públicos. Lo cortés no quita lo valiente. Con todo, estos asuntos que tienen que ver con la reconstrucción económica del país y su reubicación en el mundo fueron parcialmente desplazados del centro de interés local por la reapertura del expediente militar. La perspectiva de que se revisen las cuestiones derivadas de los años de plomo (una metáfora para aludir a la guerra sucia de los años 70), que la democracia había encauzado institucionalmente, es el motivo de esta inquietud, que ya ha motivado varias quejas públicas de personal de las Fuerzas Armadas y otras tantas sanciones oficiales. Fue el gobierno el que decidió impulsar la discusión de las leyes alfonsinistas de punto final y obediencia debida y el que declinó el principio de territorialidad judicial, primero admitiendo (caso Cavallo) la jurisdicción española para considerar asuntos regidos por el sistema jurídico argentino y, el viernes, abriendo la posibilidad de extradiciones solicitadas por el juez Garzón y por magistrados de otros países, con la anulación del decreto de De la Rúa. La intención declarada del gobierno es que la decisión sobre las extradiciones recaiga sobre el Poder Judicial, pero ese argumento no consigue ocultar el carácter político -no sólo jurídico- de la cuestión. En rigor, antes de que De la Rúa dictara su ahora eliminado decreto, era el Poder Ejecutivo el que tomaba la responsabilidad de responder a los pedidos de extradición, ya que estos ingresan a través del ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería era la que asumía la defensa de los principios de territorialidad y de "juez natural", que establecen que es el sistema jurídico del país donde ocurren los hechos judiciables el que debe actuar sobre ellos. Y, en nombre de esos principios, devolvía los reclamos. Como bien se señalaba esta semana en el New York Times, "si la ley internacional realmente permitiera a cada Estado juzgar a los líderes de cualquier otro basándose en su propia interpretación de la ley, esto pondría en marcha un nuevo tipo de guerra, librada en los tribunales de todo el mundo. Los tribunales, sin embargo, son instrumentos pobres de la política internacional, y un tal resultado convertiría en impracticables las relaciones internacionales normales". Agrega el New York Times: "No corresponde en derecho a los juzgados españoles negar la validez de las leyes argentinas, como no se ajustaría a derecho, por ejemplo, que Gran Bretaña quisiera corregir presuntas deficiencias del sistema judicial norteamericano. Argentina ya no es una colonia. Optó por un camino, quizás optó mal, quizás pagó un precio demasiado alto por su democracia. Pero eso es una cuestión de Argentina, no algo que deba decidir el Juez Garzón o cualquier otro". El gobierno ha decidido abrir la puerta a los reclamos de Garzón y otros magistrados extranjeros, admitiendo en principio que otros Estados invoquen unilateralmente la jurisdicción universal para juzgar hechos ocurridos dentro de nuestras fronteras. Esa declinación está en el centro de los actuales remolinos. |
| Jorge Raventos , 28/07/2003 |
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