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| BASES PARA UNA NUEVA ALTERNATIVA POLÍTICA . |
Texto completo de la exposicion de Pascual Albanese, en la primera reunión mensual del ciclo 2004 del centro de reflexión para la acción política Segundo Centenario, que tuvo lugar en el Hotel Rochester el pasado martes 2 de marzo. Recordamos que el próximo encuentro será el martes 6 de abril, a las 19 horas, en el mismo lugar, Esmeralda 546, en la ciudad de Buenos Aires. Viene de |
| Una de las primeras y más importantes derivaciones de un planteo que privilegia la inserción productiva de la Argentina en el nuevo escenario económico mundial a partir de una estrategia de especialización agroalimentaria, que abarca también toda la amplia gama de la agroindustria, o dicho más genéricamente de aprovechamiento intensivo de los inmensos recursos naturales de la Argentina, es que requiere estar acompañada por una política de mediano y largo plazo orientada hacia una redistribución geográfica de la población. Hay que repoblar el territorio argentino.
Si uno observa el globo terráqueo, verá que la Argentina es un caso virtualmente único. Tiene 37 millones de habitantes diseminados en más de 2.700.000 kilómetros cuadrados. Pero el 30% de esa población está concentrado en la ciudad de Buenos Aires y sobre todo en el conurbano bonaerense, es decir en una superficie equivalente a una milésima parte de ese inmenso territorio continental. Esta tendencia hacia la redistribución geográfica de la población requiere una reformulación institucional. Es necesario avanzar decididamente en el camino de la descentralización política, esto es a la transferencia de poder y de recursos desde el Estado Nacional hacia las regiones y las provincias. El "núcleo duro" de la descentralización política es la descentralización en materia fiscal. El punto central en este terreno es la cuestión del régimen de coparticipación federal. El inicio de la discusión en torno a la ley de modificación del régimen de coparticipación federal, disparado por el compromiso asumido en septiembre pasado por el gobierno argentino ante el Fondo Monetario Internacional, constituye, en los hechos, el primer debate de fondo encarado en los últimos años acerca de las reformas estructurales pendientes en la economía argentina. Más allá del enfoque específicamente de técnica tributaria, en términos estrictamente políticos corresponde precisar que el auténtico eje estratégico de esta trascendente discusión pasa por la disyuntiva entre centralización o descentralización del poder. Si bien no existen todavía suficientes precisiones sobre el contenido definitivo de la propuesta del gobierno, la discusión de este tema tiene hoy dos dimensiones centrales. Ambas hacen a la naturaleza del sistema federal argentino. La primera de esas dimensiones gira alrededor de los criterios de distribución. En este caso, la opción entre centralización y descentralización del poder es de índole geográfica. Se manifiesta en la histórica dicotomía entre las provincias grandes y las provincias chicas. La segunda dimensión involucra la redefinición de las capacidades recaudatorias que corresponden al Estado nacional y a las provincias argentinas. En este aspecto, la discusión entre la centralización y la descentralización supone la instalación de un debate en profundidad acerca del federalismo fiscal. Los dos términos de la opción son aquí el poder central, por un lado, y el conjunto de las provincias, grandes y pequeñas, por el otro. Pero la novedad política adicional contemplada en esta iniciativa es que la administración de ese fondo especial no quedaría únicamente a cargo de cada uno de esos tres estados provinciales, sino que en su manejo habría una activa participación del gobierno central, a través de los ministerios de Desarrollo Social y de Infraestructura. De allí que se hayan suscitado resistencias a esta iniciativa gubernamental, cuya voz más estentórea correspondió, por lo menos hasta ahora, al gobernador de Salta, Juan Carlos Romero. El eje conceptual de esa oposición pasa por la necesidad de impulsar un drástico replanteo de la geografía económica de la Argentina, que revierta el centralismo y aliente una progresiva redistribución de la población. Pero toda esta intrincada puja política desatada sobre la distribución de los fondos coparticipables es apenas la mitad del problema. La otra mitad, analizada con una perspectiva estratégica, más importante todavía. Tiene que ver con la recaudación. Porque, visualizado el tema en términos de mediano y largo plazo, la forma institucional más adecuada para fortalecer la sustentabilidad de las finanzas locales es el avance hacia una creciente responsabilidad fiscal por parte de las provincias y los municipios. Se trata, nada más y nada menos, de reemplazar paulatinamente el actual régimen de virtual unitarismo fiscal, en el que las provincias y los municipios gastan lo que el Estado nacional recauda en su representación, para crear un nuevo sistema de mayor federalismo tributario, en el que la facultad del gasto esté explícitamente vinculada con la responsabilidad para la fijación de impuestos y su recaudación. El objetivo político y económico es edificar un régimen fiscal mucho más descentralizado, acorde con el carácter federal del sistema institucional argentino. Esta discusión acerca de la relación fiscal entre el Estado nacional y los estados provinciales no se agota en el régimen de coparticipación federal. Incluye el debate sobre los fondos especiales, potenciado hoy por la polémica desatada en torno al Fondo Nacional del Tabaco, y tiene una expresión de enorme importancia en la discusión acerca de la propiedad de los recursos naturales del subsuelo, que la reforma constitucional de 1994 atribuye inequívocamente a las provincias argentinas. En este sentido, más allá de las controversias estrictamente jurídicas, el proyecto de ley presentado en la Legislatura neuquina por el gobernador Jorge Sobisch, que pretende avanzar en la concreción inmediata de ese precepto constitucional, constituye el punto de partida para una definición llamada a tener una fuerte incidencia en la configuración del futuro mapa económico y político de la Argentina. La experiencia de la década del 90 nos reveló la insuficiencia política de un proceso de reformas estructurales anclado principalmente en los grandes actores económicos transnacionales. Esta realidad, surgida de los hechos, no de un modelo ideológico, presentaba dos serias limitaciones. En primer término, por su propia naturaleza, esos actores transnacionales no están representados en la Argentina por empresarios, sino por ejecutivos. Y en segundo lugar, también por su propia naturaleza, esos actores transnacionales, en caso de una crisis política, como la que estalló en la Argentina en diciembre de 2001, tiende inevitablemente a buscar, antes que nada, reducir sus niveles de exposición o incluso salir totalmente del escenario. En términos prácticos, cabría decir que son más socios económicos que aliados políticos. Antes, la historia de la Argentina de la década del 80 ya había exhibido, también hasta el hartazgo, el fracaso de todo proyecto económico basado en el predominio de los sectores empresarios internacionalmente no competitivos, que sólo podían sobrevivir merced a la protección del Estado y a una estructura prebendaria cuya máxima expresión se condensaba en lo que dio en llamarse la "Patria contratista". Hoy, las circunstancias han cambiado radicalmente. Por primera vez en la historia , cabe afirmar que, como una consecuencia combinada del espacio abierto por la virtual retirada política de los actores económicos transnacionales, por un lado, y de la maduración de los resultados de las propias reformas estructurales de los 90, por el otro, el país empieza a visualizar la presencia de una nueva burguesía nacional, que ya no es el fruto bastardo del proteccionismo estatal, sino el saldo de un largo proceso de reconversión empresaria, de acumulación económica, de innovación tecnológica y de apertura cultural que la convierten en un sector internacionalmente competitivo. Hasta el colapso de diciembre del 2001, el principal punto de concentración del poder económico en la Argentina se daba en torno al Consejo Empresario Argentino. Tiempo después, ese rol pasó a ser desempeñado por la Asociación de Empresarios Argentinos, que preside Luis Pagani, del grupo ARCOR, una empresa agroalimentaria surgida en Córdoba, convertida hoy en una de las principales exportadoras de caramelos del mundo. Una anécdota sobre ARCOR vale más que mil teorías sobre el desarrollo económico . Hace unos años, esta empresa celebró un convenio muy particular con una compañía productora de caramelos de Estados Unidos. Como resultado de ese convenio, la empresa norteamericana cerró su planta de caramelos en Estados Unidos y empezó se asoció a ARCOR para importarlos de la Argentina. La causa era bastante obvia: el proteccionismo agrícola estadounidense era y es particularmente acentuado en la industria azucarera. El resultado es que el precio del azúcar en Estados Unidos es uno de los más caros del mundo. En consecuencia, a la empresa norteamericana le resultaba más económico aprovechar la capacidad industrial de ARCOR y el costo más bajo del azúcar argentino. En este punto, vale la pena una breve digresión acerca de lo que está sucediendo hoy en Brasil. Las diez principales organizaciones empresarias vinculadas al sector agroalimentaria han emitido un documento público en el que objetan ciertas posiciones defensivas asumidas por Itamaraty en torno a las tratativas del ALCA. En la misma dirección se han expresado el Ministro de Economía, Antonio Paolocci, de Desarrollo Industrial, Luis Furlan (dueño de SADIA, una empresa alimenticia de primera magnitud), y de Agricultura, Roberto Rodríguez (ex presidente de Sociedad Rural Brasileña y de la Asociación Brasileña de Agronegocios), quienes solicitaron al presidente Lula una reunión especial con el canciller Celso Amorim para revisar la posición brasileña en dichas negociaciones. Lo que ocurre es aparentemente paradójico pero de ninguna manera incomprensible. Los sectores empresarios brasileños menos competitivos internacionalmente enarbolan la reivindicación de los subsidios agrícolas como motivo para frenar la negociación del ALCA. En cambio, el sector agroalimentario, que sí es internacionalmente competitivo, es el que presiona para que se avance en la negociación de la integración económica del continente americano. Por su naturaleza, esta nueva burguesía nacional internacionalmente competitiva que empieza a emerger en la Argentina a partir de la década del 90, que no se encuentra solamente en el moderno empresariado agropecuario, ni tampoco en el gran conjunto económico agroindustrial, no ve en la globalización sólo las amenazas que encierra sino también las oportunidades que abre. Por eso es que, con empresas como Aceitera General Deheza, otra compañía cordobesa , ésta de la familia Urquía, uno de cuyos accionistas, Roberto Urquía, es hoy senador nacional por Córdoba, han conseguido convertir a la Argentina en el principal exportador mundial de aceite comestible. Por eso es que, con el liderazgo de emprendedores de la pujanza de Víctor Trucco, titular de la organización de productores de siembra directa (AAPRESID), la Argentina ocupa hoy un lugar de vanguardia mundial en la tecnología de la siembra directa. Por eso es que la familia Grobocopatel ha revolucionado el negocio de la soja. Por eso es que empresarios tucumanos han llegado a erigirse en los principales exportadores mundiales de jugo de limón. Por eso es que una extensa trama nacional de productores medianos y pequeños han transformado a la Argentina en la principal exportadora mundial de miel. Pero este fenómeno excede al sector agroalimentario. Incluye también a grupos empresarios que en la década del 90 impulsaron un proceso de reconversión de sus negocios acorde con los cambios mundiales. Todo esto está necesariamente asociado al fortalecimiento del sistema científico-tecnológico y a la incorporación de la Argentina en la sociedad del conocimiento. La revista Fortune, en su último ranking anual de los hombres más ricos del mundo ubica a un sólo empresario argentino: Gregorio Pérez Companc. El grupo Pérez Companc, un grupo empresario volcado hoy íntegramente a la producción agroalimentaria, cuenta con un equipo de profesionales y científicos de primera línea, que tienen a su cargo la investigación y el desarrollo empresario en el terreno de la biotecnología. No se trata, por supuesto, de prescindir del indispensable concurso de los grandes actores económicos transnacionales, sin cuya activa participación resulta totalmente ilusoria cualquier posibilidad de crecimiento sustentable para la Argentina. Lo que importa es que esta nueva burguesía nacional, que como es internacionalmente competitiva no le tiene miedo al mundo, sólidamente asociada a un poder político que garantice la gobernabilidad, asuma la responsabilidad histórica de impulsar la inserción productiva de la Argentina en este nuevo escenario de la economía mundial. Hoy, antes que nada, hay que discutir un proyecto. Hay que debatir, hay que persuadir, hay que convencer. De allí que este bloque histórico, necesario para salir de la crisis y aprovechar la oportunidad que el país tiene por delante, no demande solo la articulación entre el peronismo y esta nueva burguesía nacional internacionalmente competitiva. Requiere también la participación activa de lo que, en términos de Jiam Zeming, serían las "fuerzas intelectuales" avanzadas: el mundo cultural, base de la sociedad del conocimiento, en particular aquello que Antonio Gramsci caracterizara hace muchos años como la "intelectualidad orgánica", encargada de llevar adelante la acción política en la parte, absolutamente esencial, que Perón definiera como "la lucha por la idea" en su último e histórico mensaje al Congreso Nacional del 1° de mayo de 1974. Esta alternativa política se inspira en las más hondas raíces del pensamiento de Perón, que en una muy apretada síntesis conceptual tiene tres categorías fundamentales. En primer lugar, la evolución histórica, que en su visión lleva a la organización del hombre en espacios geográficos y sociales cada vez más grandes. En segundo término la conducción política, que consiste en saber - en cada época de esa evolución histórica - "fabricar la montura propia para cabalgar la evolución". En tercer lugar, aunque tal vez correspondería decir en primero, la justicia, entendida como el valor referencial permanente para la acción política. En esta esta fase de la evolución histórica que Perón definiera como la era del universalismo, signada por el surgimiento de una verdadera sociedad mundial, la exigencia de la época es responder, en el plano de la conducción política, a través de la fabricación de esa "montura propia", que en este caso consiste, por un lado, en la definición de un modelo de inserción productiva en el nuevo escenario mundial y, por el otro, en la articulación de un bloque histórico cuyos tres componentes fundamentales son el peronismo como actor político principal, una burguesía nacional internacionalmente competitiva y una intelectualidad orgánica capaz de librar exitosamente la batalla cultural necesaria para convertir en sentido común a esta propuesta de transformación de la Argentina. En cuanto a esa tercera categoría fundamental del pensamiento de Perón, cabría señalar que la definición de la justicia social en la era de la globalización contiene dos elementos fundamentales. El primero de ellos es que, en una época signada por la tendencia estructural a una mayor concentración de la riqueza, el contrapeso político necesario es una mayor distribución del poder. De allí la importancia crucial de la descentralización política, concebida no solo como un simple recurso tecnoburocrático vinculado con el mejoramiento de la gestión pública, sino fundamentalmente como un esfuerzo sistemático por colocar lo más cerca posible de la base la capacidad de decisión sobre los asuntos concernientes a cada actor social y a cada comunidad local. El segundo elemento de la justicia social en la era de la globalización, en un mundo que ingresa aceleradamente en la sociedad del conocimiento, una sociedad en que la distribución del ingreso está cada vez más íntimamente ligada con la distribución del saber, es una revolución social de carácter educativo y laboral, que promueva un salto cualitativo en los niveles de formación profesional y de capacitación laboral del conjunto de la población argentina. Más que una contraprestación labora,l las más de las veces teórica o ficticia, o de microemprendimientos empresarios de muy dudosa sustentabilidad económicaen elmediano y largo plazo, en la mayoría de los casos destinados a convertirse en el prólogo de nuevos fracasos, es imprescindible que los planes sociales, empezando por el plan jefes-jefas de hogar, contemplen obligatoriamente una contraprestación educativa en materia de capacitación laboral, que no sólo contribuya a restaurar la cultura del trabajo, erosionada por un asistencialismo vacío de contenido, que atenta contra la dignidad de los beneficiarios, sino que les provea de las herramientas idóneas para transformarse en protagonistas genuinos del quehacer económico y social. Hasta aquí realizamos un enfoque principalmente analítico, que en todo caso puede ayudar a discernir abrir ciertas claves para la discusión política acerca del cómo. De cualquier manera, conviene enfatizar que en todo lo expuesto sobresale la necesidad inmediata de cumplir con un presupuesto básico: la integración de la Argentina en el sistema mundial. En términos prácticos, dicha exigencia implica salir del "default" más grande de la historia. El actual gobierno tiene la responsabilidad indelegable de hacerlo. Si lo hace, abrirá una nueva instancia para una discusión sobre cómo la Argentina puede aprovechar esta nueva oportunidad. En ese caso, probablemente entrará en crisis su relación con la mayoría de los sectores de izquierda que hasta ahora lo acompañan. Mientras ello no ocurra, y la Argentina profundice su aislamiento externo, estará abriendo, otra vez, las compuertas de la crisis. |
| Pascual Albanese , 11/03/2004 |
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