De eso no se habla.

 


El gobierno prefiere no hablar demasiado de la inflación. Pero la procesión va por dentro. Con un índice de 0,9 por ciento en junio, una expectativa de 1,4 por ciento para julio y una proyección igualmente alta para agosto, ya está cantado que el año concluirá con una tasa inflacionaria de dos cifras y superando tanto el techo previsto por el Banco Central (8 por ciento) como el que vaticinó el Palacio de Hacienda (11 por ciento).
La anomalía produce ruido tanto en la esfera económica como en la política y perturba la concentración del gobierno en su obsesión central: las elecciones de octubre. La presión inflacionaria está alimentada por varios motores. De un lado, por el aumento del gasto fiscal (se incrementó un 30 por ciento, por encima del aumento de la recaudación); también por la terca política de mantener artificialmente alto el precio del dólar y por la inevitable tendencia al reacomodamiento de precios relativos (incluidos los salarios) impulsada por todos los sectores que quedaron rezagados tras el descalabro que produjo la devaluación con pesificación asimétrica de principios de 2002.

Para los sectores menos competitivos de la economía, sobre muchos de los cuales el gobierno ha querido asentar la reactivación y la “reindustrialización”, la rentabilidad (y en algunos casos hasta la subsistencia) dependen de que el precio de la fuerza de trabajo se mantenga en caja, el dólar sea sostenido en los 3 pesos, la apertura comercial sea regulada y hasta de que puedan seguir empleando trabajo informal o semi-informal (“gris”).

En materia salarial, esa meta –aunque desafiada por el movimiento sindical, que ha conseguido en algunas actividades recuperar salario- parece hasta el momento cumplida. Los nuevos empleos que registra la economía en el último año (un poco más de medio millón) tienen un monto promedio de 420 pesos mensuales (14 pesos diarios). El especialista Ernesto Kritz le informó al diario Clarín que, además, en los nuevos empleos "predomina largamente el trabajo asalariado privado no registrado (en negro). Entre los ocupados con menos de un año antigüedad, el 73% no está registrado. En otras palabras, dos de cada tres nuevos empleos y vacantes por rotación de 2004 son informales".

El análisis coincide con otro, elaborado por la consultora IDESA: la totalidad del crecimiento del empleo registrado se dio en salarios inferiores a 450 pesos; más del 50 por ciento de los asalariados están en negro y el 60 por ciento gana menos de 450 pesos; en el 50 por ciento “formal” uno de cada tres trabajadores a tiempo completo están en gris.

Habida cuenta de que el ingreso de los trabajadores es uno de los precios que más retrasos acumula y que hay un evidente recalentamiento de las presiones gremiales para recuperar terreno (visible no sólo en el cúmulo de conflictos laborales y su intensidad, sino en el tono que expone la nueva conducción de la CGT, personalizada en el camionero Hugo Moyano), las entidades empresariales han puesto las barbas en remojo y el ministerio de Economía ha reclamado tomar cartas en el asunto. Roberto Lavagna teme que una oleada de aumentos impulse una carrera inflacionaria que, además de sus efectos nocivos propios, se lleve puesta la reactivación al sacar de carrera a un amplio espectro de firmas que viven en los márgenes.

La preocupación de Hacienda por los incrementos salariales se expresó esta semana en la explicación sobre el –para Economía- inesperado índice de aumentos de precios de junio: los hombres de Lavagna le adjudicaron una gran incidencia al convenio que benefició a los porteros de edificios con una significativa mejora en sus sueldos. Se trata, en rigor, de un convenio sui generis: por la parte patronal no lo firman quienes deben afrontar monetariamente el incremento al pagar las expensas (los propietarios de departamentos), sino la corporación de administradores, que actúa en las negociaciones sin mandatos específicos de sus administrados. En el Palacio de Hacienda le atribuyeron a esa característica peculiar de la paritaria la presión inflacionaria no deseada. Entre cuatro paredes, sin embargo, vincularon el aumento a un factor político: el jefe del sindicato de porteros es hombre de confianza del Jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Alrededor del ministro Lavagna se sospecha que un sector del gobierno alienta un “distribucionismo poco responsable” y, de paso, bombardea el territorio económico que Lavagna desea mantener en tranquilo equilibrio. Además del aumento a los porteros, en el Palacio de Hacienda contabilizan otros ataques: el discurso de un amigo dilecto de Néstor Kirchner, Hugo Moyano, al asumir en la central obrera con disparos directos al ministro; la seguidilla de declaraciones de Patricia Vaca Narvaja, secretaria de Defensa del Consumidor y candidata del kirchnerismo en Córdoba; las operaciones de prensa destinadas a esmerilar la figura de Lavagna.

El ministro de Economía, heredado por Kirchner de la administración de Eduardo Duhalde, es el miembro de gabinete de mejor imagen pública, con porcentajes de aprobación tan altos como los del Presidente. Es, además, un hombre de ambición presidencial, es decir, un eventual competidor de Kirchner en el 2007. Esas circunstancias lo vuelven un personaje sospechoso para el kirchnerismo.

Lavagna intenta, por otra parte, exhibir una actitud independiente. Así como no estuvo presente el 24 de marzo del año pasado en los actos de creación del llamado Museo de la Memoria, frente a la Escuela de Mecánica de la Armada, esta vez adelantó un viaje a China para eludir estar en La Plata en el lanzamiento de la candidatura a senadora de Cristina Fernández de Kirchner. El ministro no quiere tomar partido público entre Duhalde y el Presidente y piensa, en rigor, que esa confrontación le hace mal a la economía. Esos puntos de vista son difícilmente tolerados en la Casa Rosada y habrá que ver cuánto podrán sostenerse en una atmósfera conquistada por el espíritu de “nosotros contra ellos” que imponen la batalla contra Duhalde y el desafío electoral.

En la última semana, otro ministro que ansiaría ganar en independencia, Rafael Bielsa, fue duramente llamado al orden por el Presidente a raíz de que el canciller tomó distancia de la declaración de la primera dama en la que comparó a Duhalde con Don Corleone. Bielsa tuvo que mostrar rápidamente su celo por la camiseta presidencial atacando al hombre de Lomas de Zamora, aunque lo hizo invocando otras razones.

Lavagna, de todos modos, no es Bielsa: ha acumulado un capital de reconocimiento por su tarea de plomero de la economía gravemente desequilibrada que tuvo que administrar desde el 2002. Sabe que el gobierno debería pagar un precio ante la opinión pública si lo fuerzan desembozadamente a alejarse. Puede poner condiciones para permanecer y, si no se las respetan, tomar distancia y esperar los acontecimientos..

En rigor, la economía afronta el riesgo inflacionario en unas circunstancias en que la reactivación coexiste con grandes fragilidades estructurales. Un estudio reciente de IERAL, el centro de estudios de la Fundación Mediterránea, apunta algunos de esos flancos, poniendo la mira en la competitividad argentina. Y señala que algunos indicadores centrales para analizarla (la absorción de inversión externa, la participación en el flujo mundial de exportaciones, el incremento de la productividad) dejan mucho que desear.

En materia de inversión externa, indica el estudio, mientras Chile duplicó su absorción en los últimos cuatro años, en el mismo período Argentina retrocedió un 83 por ciento. Y en lo relativo a las exportaciones, señala IERAL, “las exportaciones argentinas hoy tienen el mismo peso relativo que en 1985”, mientras Chile duplicó su participación en el mismo lapso.

En materia de productividad laboral, Brasil, nuestro socio-competidor, la incrementó un 47 por ciento en los últimos ocho años; Argentina sólo en un 17 por ciento. Otro ángulo: las características de la inversión. Los técnicos de IERAL informan que actualmente Argentina importa menos bienes de capital que en 1998, que éstos se encarecieron y que –debido a la política del dólar alto- se tiende a reemplazar bienes de mayor calidad, de procedencia norteamericana, estadounidense o asiática por otros beneficiados arancelariamente por su origen en el MERCOSUR (léase: brasileros).

Esos aspectos –en rigor, consecuencias funcionales del “modelo” adoptado por el gobierno- están por debajo del epifenómeno inflacionario, son menos visibles para la opinión pública, aunque esta, de hecho, sufre sus efectos.

De esto no se habla –por el momento- en el debate político.
Jorge Raventos , 17/07/2005

 

 

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