Revolución Política para profundizar la democracia


Documento del Centro de Reflexión para la Acción Política Segundo 
Centenario difundido en agosto de 1996, incluido en "Revolución Política en 
la Argentina Globalizada", Catálogos Editora, Buenos Aires, 1997


Aún antes de las elecciones porteñas del 30 de junio pasado, del 
desplazamiento de Domingo Cavallo del Ministerio de Economía y del paro 
convocado por la CGT, era ya perceptible en la sociedad argentina el 
incremento de los índices de disconformidad y de frustración, patentizados en 
la creciente preocupación pública por la falta de respuesta a la 
problemática del desempleo y de la corrupción, agravada por la pérdida de 
rumbo y la falta de ritmo en la acción del gobierno nacional.

En ese contexto, era cada vez más palpable un resquebrajamientc en la 
amplia apoyatura social que a partir de 1989 acompañó, detrás de un 
fuerte liderazgo político, ratificado en las distintas instancias 
electorales que se sucedieron desde entonces, a un proyecto de cambio que 
apuntaba a dejar atrás a la Argentina de la hiperinflación y a construir una 
estructura económica moderna, competitiva y abierta a la inversión, de 
activa integración al mundo y articulada en el gran proyecto regional 
del MerCoSur.

Resultaba evidente que entre ese liderazgo político, reiteradamente 
avalado en las urnas, y esa coalición social espontánea que lo respaldó, 
faltaba la mediación política de una fuerza organizada que se 
identificara claramente con los cambios en marcha, asumiera la necesidad de los 
cambios pendientes, que fuera capa. de ir más allá de la descripción de 
los logros obtenidos y extendiera su acción al plano de la cultura, los 
valores y los nuevos paradigmas que vinculan al nuevo sistema económico 
en construcción con el pasado, el presente y el porvenir de la 
Argentina y de sus fuerzas populares. Entre el liderazgo y el bloque social que 
lo apoyaba, faltaba un "partido de la transformación".

Una hipótesis verificada por la experiencia de los viajes que hemos 
realizado por el interior del país, y afianzada por el contacto 
establecido con personas de los más, diversos ámbitos de nuestro quehacer 
político, económico, empresario, gremial y cultural, constata la existencia de 
una convicción ampliamente extendida acerca del retraso de importantes 
sectores de la clase política en relación a la comprensión del sentido 
y de las consecuencias de las transformaciones estructurales operadas 
en la Argentina desde julio de 1989, reforzada a partir de la sanción de 
la Ley de Convertibilidad en 1991 y relegitimadas políticamente por el 
consenso popular reflejado en las elecciones presidenciales del 14 de 
mayo de 1995.

Esta percepción es corroborada unánimemente por los sondeos de opinión, 
que informan sobre el creciente desprestigio de la clase política como 
tal, sin mayores diferencias entre oficialismo y oposición, y de 
instituciones republicanas como el Congreso y el Poder Judicial. De allí que 
los mayores éxitos políticos de los últimos años hayan tenido por 
protagonistas a personalidades visualizadas por la opinión pública como 
ajenas a los aparatos partidarios.

Este fenómeno tiene ya el carácter de una tendencia que merece una 
adecuada interpretación política y social: superada airosamente la 
situación de emergencia nacida del colapso hiperinflacionario de 1989, que 
obligó a colocar a la estabilidad y la recuperación de la economía como 
prioridad a veces excluyente, afianzado el nuevo sistema económico y 
notoriamente potenciada la inserción de la Argentina en el nuevo escenario 
internacional signado por la globalización a través principalmente del 
MerCoSur (alianza estratégica con Brasil y con Chile), emerge hoy en los 
diversos estratos de la sociedad argentina la necesidad de una 
Revolución Política, basada en la profundización de la democracia instaurada en 
1983, como condición indispensable para encarar las soluciones 
apropiadas para las demandas sociales pendientes, cuya insatisfacción generó la 
sensación de desánimo colectivo que padecemos.

Este nuevo horizonte político no es producto de un simple voluntarismo 
o de un mero afán ético o ideológico desvinculado de la realidad 
social. Muy por el contrario, encuentra su raíz en la naturaleza del sistema 
económico vigente. En las condiciones actualmente imperantes en el 
mundo, la competitividad internacional de las naciones, requisito 
insustituible para su prosperidad, tiene un carácter "sistémico". No se compite 
únicamente a través de indicadores económicos positivos o de 
estructuras empresarias eficientes. Una economía globalizada exige 
permanentemente la atracción de nuevas inversiones para acelerar el crecimiento, la 
incorporación de las tecnologías de última generación, la ampliación de 
las exportaciones y la modernización del aparato productivo, única 
alternativa real para atenuar los rigores del desempleo y combatir el 
flagelo de la pobreza y de la marginalidad. Pero en este campo la 
competencia no se da únicamente entre empresas, sino también entre países, es 
decir entre sistemas integrales de organización y de decisión.

Hoy más que nunca, la distinción entre política y economía puede ser 
válida en el terreno del análisis pero jamás en el de la realidad. Tanto 
como los datos macroeconómicos, adquieren también importancia económica 
los parámetros relacionados con la educación, las condiciones de vida, 
la seguridad, el medio ambiente, la transparencia administrativa, la 
organización judicial y los niveles de corrupción. En una palabra, cobran 
mayor valor económico la calidad de los bienes públicos y la solidez de 
los sistemas político-institucionales.

Si no damos una clara respuesta afirmativa a este requerimiento, 
corremos el peligro de limitarnos a padecer las indudables restricciones que 
impone la realidad de una economía mundialmente globalizada sin poder 
aprovechar, en cambio, la inmensa ampliación del campo de posibilidades 
que esta nueva situación abre para el crecimiento de la Argentina, y 
para su reubicación en el escenario internacional, fortalecida por la 
expansión del MERCOSUR y su integración con Chile, concebidos no sólo como 
un importante espacio económico sino también como el esbozo de un actor 
político regional que empieza a tener voz y voto en el esquema de poder 
de la sociedad planetaria.

En ese contexto, sólo un profundo cambio en la naturaleza y el modo de 
funcionamiento del sistema político, nos permitirá avanzar hacia las 
nuevas prioridades en la agenda de la transformación nacional: la 
reformulación del Estado para satisfacer las nuevas demandas de la sociedad, 
las políticas activas en materia social, la reorganización de la 
Justicia y de los mecanismos de seguridad, la transformación del sistema de 
salud, el avance en la adecuación de las políticas educativas, la reforma 
militar, la modificación del actual régimen tributario, el combate a 
fondo contra la evasión fiscal y el lavado de dinero y la lucha frontal 
contra la corrupción en todos los órdenes de la actividad nacional.

La revolución de la información, signo cualitativamente distintivo de 
la época que vivimos, promueve la creciente horizontalización de los 
mecanismos de decisión en todos los ámbitos y tiene entonces vastas 
implicancias políticas. Es desde el mayor protagonismo de la sociedad civil 
como debe abordarse el desafío de la necesaria transformación del 
sistema político. Una democracia plena exige que la opinión pública suba al 
escenario. La reflexión y la acción políticas de aquellos que, desde los 
más variados ámbitos de la sociedad, asumen el compromiso con esta 
nueva etapa de cambios hará posible abrir las compuertas a la participación 
popular.

La Argentina del Segundo Centenario, concebida como una nación pujante 
y orgullosa de su destino nacional, se construye a través de la 
preservación del rumbo estratégico iniciado en 1989 y de un amplio 
protagonismo político del pueblo argentino, mediante un ejercicio cada vez más 
activo y directo de la democracia, por encima de los viejos aparatos 
partidarios, cada día más alejadas de las expectativas de la gente y de las 
exigencias de la realidad.

Un programa de acción inmediata consiste en abordar la implementación 
concreta de los mecanismos de democracia directa y semidirecta 
(referendum, iniciativa popular, consulta popular, etc.), incorporados en la 
reforma constitucional de 1994, tanto a nivel nacional como provincial y 
municipal, la reforma del sistema electoral que elimine el sistema de 
las "listas sábana", la instauración de las elecciones internas abiertas 
en los partidos políticos, la sanción de una legislación que regule y 
fiscalice la financiación de la actividad partidaria, la reglamentación 
legal del juicio por jurados contemplado por la Constitución Nacional, 
la elección popular de los fiscales y todas las demás herramientas que 
puedan contribuir al oxigenamiento del sistema democrático.

El desafío de la hora reside en recrear, con el aporte enriquecedor de 
nuevos actores políticos, la vasta alianza social que, bajo el 
liderazgo de Carlos Menem, motorizó el proceso de cambio puesto en marcha hace 
siete años, sobre la base insustituible de la gran corriente popular 
expresada por el peronismo, en su carácter de encarnación de las 
expectativas de los sectores más postergados y más humildes de nuestra Patria, 
que reconocen su identidad en el recuerdo de la obra de Perón y de Eva 
Perón.

Esa amplia coalición social, de la que también forman parte importantes 
factores de poder, así como una ancha franja de la ciudadanía 
independiente y de corrientes de muy diversas extracciones político-partidarias, 
debe abrirse incluso a la participación de algunos sectores enrolados 
en la oposición pero que empiezan a comprender que no hay futuro posible 
para la Argentina fuera del marco de los cambios de fondo ocurridos 
desde 1989 y que su visión crítica sobre la realidad actual, centrada en 
las falencias en materia social y en el tema de la corrupción, sólo 
adquiere viabilidad política dentro de un proyecto que afirme la 
continuidad y superación de lo realizado hasta hoy.

La dirigencia política argentina, en primer lugar la justicialista, 
afronta hoy una opción ineludible: aferrarse al mantenimiento de 
estructuras caducas y de una práctica clientelística que murió para siempre o 
sumar sus esfuerzos a la empresa de refundar la política en su dimensión 
superior e intransferible de síntesis de las expectativas y las 
aspiraciones del conjunto de la sociedad.

Ningún cambio histórico se desarrolla linealmente, sin aciertos y 
errores, marchas y contramarchas. El caso argentino no es la excepción a esa 
regla. Las crisis políticas son en algunas situaciones, y ésta parece 
ser una de ellas, la única forma posible para seguir adelante en el 
camino de la transformación. Mejor que limitarse a temerlas, resulta 
preferible entonces estar munidos de la lucidez y de la voluntad política 
necesarias para prever su irrupción, comprender su verdadera naturaleza, 
saber distinguir nítidamente en cada circunstancia lo esencial de lo 
accesorio y estar así preparados para afrontarlas como desafío y 
aprovecharlas como oportunidad.

PASCUAL ALBANESE - MARIO BAIZAN - JORGE BOLIVAR - JORGE CASTRO - LUIS 
JALFEN - ENRIQUE N'HAUX - JORGE RAVENTOS.


El Rol de la Oposición política


Documento del Centro de Reflexión para la Acción Política Segundo 
Centenario de mayo de 1997, incluído en "Revolución Política en la Argentina 
Globalizada", Catálogos Editora, Buenos Aires, 1997
 

La característica central del mundo contemporáneo, signado por las 
formidables innovaciones tecnológicas, la globalización de los sistemas 
productivos y la vertiginosa revolución de la información, es el absoluto 
predominio internacional de un sistema de poder que conjuga el 
afianzamiento del sistema democrático con la vigencia de la economía de 
mercado, extendida a nivel planetario a partir de la desaparición del antiguo 
bloque socialista.

Dicha combinación, consolidada luego de la finalización de la Segunda 
Guerra Mundial en los países que configuraron la tríada del capitalismo 
avanzado (Estados Unidos, Europa Occidental y Japón), se extiende ahora 
como una mancha de aceite y alcanza hoy a casi todos los países de 
América Latina.

La Argentina no escapa a esa tendencia mundial. La recuperación de la 
democracia en 1983 y el nuevo sistema económico construido a partir de 
1989, a pesar de todos sus defectos e imperfecciones, nos colocan, por 
primera vez en muchas décadas, frente a una problemática acorde con la 
altura de los tiempos.

Esa comprobación fáctica establece un piso al análisis y a la acción 
política. Con sus más y sus menos, la agenda básica de la Argentina de 
fin de siglo coincide en sus grandes rasgos con los problemas, los 
riesgos, los desafíos y las posibilidades que afronta hoy la Humanidad en su 
conjunto, sacudida por una fase de enormes transformaciones que 
destruye certidumbres ideológicas que hasta hace pocos años se tenían por 
inmutables.

Este punto de partida permite entender por qué, así como luego de 1983 
ninguna alternativa política válida en la Argentina podía concebirse 
sino a partir del carácter irreversible del régimen democrático 
instaurado con la asunción de Raúl Alfonsín, después de 1989 ninguna opción real 
sobre el futuro nacional puede desprenderse de la condición también 
irreversible del nuevo sistema económico instaurado por el gobierno de 
Carlos Menem.


Una transformación irreversible

El hecho de que la Argentina tenga un nuevo sistema económico, después 
del desborde hiperinflacionario de 1989-91, no se reduce a que exista 
hoy una política económica distinta de otra. Porque, además de una 
respuesta casi desesperada a la emergencia generada por el colapso 
hiperinflacionario, dicho giro representó simultáneamente una drástica y hasta 
brutal adecuación a las duras exigencias planteadas por la 
reestructuración del sistema capitalista mundial. No es entonces que haya sido sólo 
otra política económica, que podría incluso concebirse como un mero 
paréntesis obligado por circunstancias excepcionales. Lo que hay, en el 
fondo, es otra etapa histórica.

Esto significa que la dimensión económica, expresada básicamente en la 
Ley de Covertibilidad, la privatización de las antiguas empresas 
estatales, el equilibrio presupuestario, la apertura de la economía, el 
aliento a las inversiones extranjeras directas y la puesta en marcha del 
MerCoSur, no juega aquí como un factor entre otros, sino como el marco 
estructural de un nuevo punto de partida para toda la sociedad argentina. 
Algo semejante a lo que ocurrió en 1983 con el retorno de la 
democracia.

La importancia política que adquiere la instalación de este nuevo 
sistema económico, en la Argentina y en el mundo, es que fija un marco de 
posibilidades objetivas que torna posibles, o imposibles, a las diversas 
opciones políticas. Más que buenas o malas, la primera clasificación 
pasa entonces por viables o inviables.

En otros términos, el nuevo sistema económico, tanto nacional como 
internacional, establece el marco de posibilidades para que una alternativa 
política pueda ser una opción de poder o quede limitada a un simple 
ejercicio intelectual, utópico en el más preciso sentido del término, 
porque no tiene "topos", o sea que carece de un lugar donde pararse en la 
tierra de la acción verdadera.

Por lo tanto, para toda oposición política, igual que para cualquier 
gobierno, es inevitable el reconocimiento de que ese punto de partida 
económico constituya una "ratio" última de posibilidad o imposibilidad, 
esto es de viabilidad o inviabilidad, de sus propuestas alternativas. De 
eso depende que pueda erigirse verdaderamente en una alternativa real o 
limitarse a cumplir un rol simplemente testimonial.


La tradición política argentina

En nuestro caso específico, la Argentina cuenta con la ventaja de 
disponer, dentro de su sistema político, de un sistema de partidos 
relativamente sólidos: el radicalismo tiene más de cien años de historia, el 
peronismo más de cincuenta. Los dos están unidos a períodos históricos 
fundacionales de la vida nacional. Están anclados en sólidas apoyaturas 
sociales. Su pertenencia a ambos conlleva un hondo contenido emocional, 
producto de arraigadas tradiciones. La lealtad partidaria es la base de 
su método de construcción y acción política.

El vigoroso surgimiento del FREPASO como nueva alternativa de oposición 
enriquece el cuadro de alternativas y plantea un fuerte desafío a la 
tradicional supremacía del radicalismo en la ancha franja de la clase 
media argentina. No implica empero, al menos todavía, una modificación 
profunda, definitiva e irreversible de este panorama. El FREPASO debe aún 
demostrar, ante sí mismo y ante la sociedad argentina, que es capaz de 
trascender la particular coyuntura que posibilitó su vertiginoso 
ascenso, iniciado en la Capital Federal, y extender su proyección hasta 
erigirse en una fuerza de envergadura verdaderamente nacional, con presencia 
efectiva en todas las provincias argentinas.

De esta manera, demostrará también que su aparición, de la mano de dos 
dirigentes políticos que han exhibido una alta capacidad de liderazgo, 
como "Chacho" Alvarez y Graciela Fernández Meijide, es la de una fuerza 
innovadora que llegó para quedarse en la escena nacional y que no 
seguirá la suerte de otros fenómenos transitorios que, como en su momento el 
Partido Intransigente, la UCeDe o el MODIN, amagaron transformarse en 
competidores del peronismo y el radicalismo.

Mientras tanto, su presencia activa y vivificante, que abre un espacio 
propicio para la inserción de expresiones disidentes de las dos grandes 
fuerzas tradicionales y de una franja de la militancia política de 
izquierda, no alcanza para romper el bipartidismo histórico de la política 
argentina, aunque implica sí que, en ese esquema bipartidista, la UCR 
debe ahora compartir su espacio con un eventual aliado y peligroso 
competidor.

La circunstancia de que la Argentina, al igual que Chile y Uruguay, 
cuente con fuerzas políticas de profundo arraigo histórico y probada 
capacidad organizativa constituye una ventaja cualitativa de nuestro sistema 
político, en relación al de otros países latinoamericanos, inclusive 
Brasil. Pero esa fuerza adicional se debilita cuando uno de esos partidos 
desconoce o no acepta los cambios operados por nuevas condiciones 
estructurales en la Argentina y/o en el mundo. En esas situaciones, se 
colocan fuera del marco de posibilidades que brinda la época.

En vez de ser opciones de poder, son entonces expresión de una política 
testimonial. Aunque buena parte de las críticas que realicen sean 
válidas, se manifiestan como testimonios más socio-culturales que 
específicamente políticos. Rara vez pueden convertirse en simientes de una nueva 
etapa de gobierno.

En 1945, ante la aparición del peronismo, la UCR no supo calibrar en 
profundidad la significación de las nuevas demandas políticas y sociales 
que planteaban los profundos cambios estructurales registrados en la 
sociedad argentina a partir de la industrialización iniciada en la década 
del 30, en el marco de las modificaciones registradas en esa época en 
el sistema económico mundial. Perdió allí aquella mayoría electoral que 
la acompañaba casi invariablemente desde 1916. Aún después de 1955, el 
grueso del radicalismo tradicional persistió en la incomprensión de ese 
fenómeno social, razón que posibilitó en 1958 el triunfo de la variante 
heterodoxa encarnada por Arturo Frondizi.

En 1983, frente a la descomposición del régimen militar, acelerada por 
la derrota en la guerra de Malvinas, el peronismo tampoco supo 
adecuarse a las nuevas expectativas y prioridades generadas por la restauración 
democrática y esa inadaptación fue castigada en las urnas, que 
consagraron a Raúl Alfonsín. Fue necesario entonces una grave crisis interna y 
un profundo proceso de renovación metodológica y dirigencial para que 
en 1987, una vez revalidadas sus credenciales de credibilidad 
democrática, lograse recuperar aquella mayoría perdida y  retenerla 
ininterrumpidamente durante una década.

Ambos ejemplos revelan qué sucede cuando alguno de los "partidos 
históricos", que son más movimientos que partidos, permanece al margen de la 
comprensión del curso principal de los acontecimientos en una época 
determinada. Pero si el radicalismo a partir de 1945 y el peronismo en 
1983 pagaron con su derrota el precio político de su inadaptación a la 
época, fue mayor en ambos casos el precio que debió pagar el sistema 
político en su conjunto, cuyo carácter bipartidista se veía cercenado por su 
condición de "rengo".


La oposición en un mundo globalizado

En las actuales circunstancias de la Argentina, para la oposición 
política no debería tener mayor sentido o importancia la discusión sobre si 
estar a favor o en contra de la globalización. Como dijera Felipe 
González, insospechable  de neoconservadorismo, sería como "estar hoy a 
favor o en contra del descubrimiento de América". Porque la globalización 
no es una política entre otras, sino que es ante todo un hecho, una fase 
del desarrollo mundial del sistema capitalista, en una etapa plagada de 
dificultades, desigualdades, diferencias, oportunidades y desafíos.

Lo que sí marca la globalización es la frontera entre dos etapas 
históricas distintas. Quedar afuera de una nueva época histórica no es 
sinónimo de dejar de existir, pero sí supone perder relevancia a la hora de 
actuar. En términos políticos, sólo tiene relevancia práctica lo que es 
parte de esa nueva etapa histórica. Los últimos doscientos años de 
historia del encumbramiento y el ocaso de los imperios y de las naciones no 
son más que el espejo de esta afirmación, que es la base del 
conocimiento histórico propiamente dicho.

Lo que ocurra con los partidos de la oposición, principalmente con la 
UCR y el FREPASO, no es sólo una cuestión "interna" de dichas fuerzas 
políticas. Es también un tema fundamental para el país en su conjunto, 
que atraviesa en la década del 90 una situación de cambios caracterizada 
por tres elementos básicos que condicionan de manera distinta el 
espacio de lo político.

El primer elemento es la presencia irreversible del régimen 
democrático. Desaparecida la alternativa militar como opción de poder, la 
Argentina ha completado la etapa de consolidación democrática iniciada en 1983. 
El sistema democrático argentino adolece hoy de múltiples 
imperfecciones, derivadas de lo que podría definirse como una baja densidad 
institucional, pero configura ya un hecho históricamente irreversible.

El segundo elemento básico es el fenómeno de la expansión generalizada 
de los medios de comunicación: el aspecto de la revolución tecnológica 
y de la globalización que aparece más directamente asociado a la 
práctica política y a la vida cotidiana de los argentinos es la aparición 
local de la sociedad global en materia de información.

Por último, el tercer elemento, es la comprobación fáctica de que la 
sociedad argentina, en materia de expectativas de hábitos culturales y de 
consumo, se ha ido tornando también parte paulatinamente de esta 
sociedad global, con una fuerza creciente cuya magnitud es comparable con la 
que impulsó el afianzamiento del sistema democrático.

La conjunción de estos tres elementos fundamentales convierte en 
inviable cualquier visión de cimentar la gobernabilidad de una sociedad 
recientemente compleja, cada vez más insertada económicamente en el 
escenario regional y mundial y que experimenta con extraordinaria intensidad la 
revolución tecnológica de las comunicaciones, sobre la única base de 
los criterios tradicionales y primarios de gobierno y oposición. No es 
que esa dicotomía haya dejado de existir, pero resulta pobre o 
insuficiente en relación a los nuevos desafíos que plantea la realidad.

Tampoco es posible pensar la dinámica política de una sociedad de 
notable complejidad, como las que están emergiendo luego del fin de la 
Guerra Fría, en los términos clásicos de la dicotomía entre el Estado y la 
sociedad civil. La importancia cada vez mayor del rol de la sociedad 
civil, que asume crecientes responsabilidades políticas, en cuerpos 
sociales que absorben grandes cambios tecnológicos y se insertan en un mundo 
fuertemente globalizado, obliga a que la conducción del Estado deba 
concebirse más en el impulso y la coordinación de que en la imposición de 
programas partidarios.


El valor del sistema político

De allí que, en esas condiciones, las tareas de conducción del Estado 
no puedan circunscribirse a la órbita de acción de un gobierno sino que 
deben abarcar a la totalidad de un sistema político remozado. No ya 
como un deber ser, sino como un hecho verificable y verificado. Los países 
que no pueden alcanzar este nivel de los tiempos se empobrecen y 
disminuyen sus aspiraciones conjuntas de progreso.

Así aparece, en su simpleza pero también en su valor, la significación 
que adquiere hoy un sistema político, que naturalmente incluye al 
gobierno y al Estado pero que esencialmente es lo que une el mundo de las 
decisiones tecno-económicas y socio-culturales con la esfera de las 
decisiones político-sistemáticas. No hay ya un mundo compartimentado, 
integrado por individuos o núcleos de poder aislados, por importantes que 
puedan ser, en los estratos dirigentes de la sociedad política ni de la 
sociedad civil.

Este cuerpo de decisiones, una red que atraviesa por igual lo público y 
lo privado, configura una noción más rica y menos maniquea que la 
visión tradicional sobre el Estado y la sociedad civil. En realidad, este 
pensamiento estaba ya insinuado en el siglo pasado por Hegel y fue 
desarrollado en este siglo por teóricos de la altura de Max Weber y Antonio 
Gramsci. Es la idea de que la cultura que identifica y une a los pueblos 
es una vincularidad social, es decir, un sistema de instituciones donde 
lo orgánico se conquista y expresa simultáneamente con el ámbito de lo 
simbólico.

La gobernabilidad de un cuerpo social dotado de estas características 
peculiares que distinguen a la Argentina de hoy sólo puede encararse en 
plenitud desde un sistema político y bajo el lema de que ningún sistema 
político puede tener un grado de complejidad menor al de la riqueza y 
la diversidad de la sociedad a la que pretende encauzar. Si tiene menor 
complejidad, estará en retraso con su época y habrá inevitablemente 
crisis políticas.

Desde esta perspectiva, la tarea fundamental de la Argentina de hoy es 
la edificación gradual de un sistema político que esté a la altura de 
los cambios nacionales e internacionales registrados en la década del 
90. En esa construcción, la oposición política tiene un rol central e 
indelegable que cumplir.


Peronismo y sistema político

El carácter decisivo de ese papel de la oposición política en la 
edificación del sistema político surge de la forma, que podríamos llamar 
"cibernética", con que funciona en los sistemas actuales el juego de las 
mayorías absolutas y relativas, y de las primeras y segundas minorías, en 
el marco global de la gobernabilidad de la sociedad en su conjunto y, 
en particular, de su esfera económica.

En el caso específicamente argentino, hay empero un segundo factor que 
justifica la importancia que adquiere en este aspecto el rol de la 
oposición política y que proviene de las características especiales del 
peronismo, un gran movimiento popular impulsado por una iniciativa lanzada 
originariamente desde el aparato del Estado, para resolver la crisis de 
legitimidad del régimen castrense surgido del golpe militar del 4 de 
junio de 1943, sumido en un contexto de aislamiento interno e 
internacional, y que en ese camino puso en marcha un vasto proceso de 
transformación social iniciado con la gesta del 17 de octubre de 1945.

Como todo movimiento histórico de envergadura, a su manera sucedió 
también con el radicalismo, el peronismo se define esencialmente en su 
momento fundacional. Allí reside el corazón de su cultura, una cultura de 
poder y, por lo tanto, con una extraordinaria capacidad para ejercerlo y 
conservarlo en el tiempo, con un realismo absoluto en estas cuestiones, 
ya que su naturaleza no es en absoluto ideológica.

El resultado de esta singularidad del peronismo es que, cuando no tiene 
frente a sí a una oposición política que sea verdaderamente una opción 
de gobierno, tiende a desdoblarse y a constituirse, a la vez, en 
oficialismo y oposición. Esa tendencia responde a su naturaleza más profunda, 
ya que esa característica no ideológica hace que convivan en su seno 
expresiones de casi todas las corrientes y sectores de la sociedad.

Símbolo trágico de dicha realidad fueron los enfrentamientos internos 
que lo desangraron durante el período 1973-76, que crearon las 
condiciones propicias para la interrupción del orden constitucional y dejaron 
una huella traumática en la memoria social argentina que, siete años 
después, contribuyó significativamente a su derrota electoral de 1983.

En rigor de verdad, toda la historia del peronismo, a lo largo de 
cincuenta años, muestra que, tanto en el gobierno como en el llano, aún en 
etapas de proscripciones y persecuciones, siempre alcanzó protagonismo 
en la esfera última de las decisiones, sea por acción propia o por la 
imposibilidad de consolidar situaciones en que apareciera negada su 
presencia.

En una época en que la sociedad argentina vivía desgarrada, en un 
estado latente de guerra civil, inducido por la ausencia de legitimidad de 
las instituciones políticas, sin un sistema político capaz de actuar 
eficazmente como mediador de sus múltiples conflictos, esa peculiaridad 
del peronismo, ese carácter extraordinariamente abarcativo de las 
contradicciones sociales, pareció funcional y hasta "natural". Pero en una 
sociedad que ha consolidado su sistema democrático, el mantenimiento a 
ultranza de esa condición abarcadora, que va más allá de su verdadera 
representatividad social, se torna en un factor cada vez más anómalo, que 
debilita la relativa homogeneidad que requiere una fuerza política con 
responsabilidad de gobierno.


El aporte histórico de la UCR

Es necesario entonces para el sistema político argentino, para el país 
en su conjunto, y aún para el propio peronismo, para que no extienda 
sus propias contradicciones internas al resto de la sociedad, la 
existencia de una oposición política sólida, dotada de efectiva capacidad de 
respuesta, es decir con aptitud para elaborar alternativas de gobierno 
acordes con la dinámica de los tiempos.

Aparece aquí con toda nitidez el papel insoslayable de un elemento 
central de la política argentina, un factor también típicamente nacional y 
profundamente ligado a nuestra historia, como es la Unión Cívica 
Radical. Igualmente heredero de un gran movimiento histórico, en este caso el 
yrigoyenismo, el radicalismo mostró siempre en primer plano un aspecto 
muy vinculado con sus orígenes y con su centenaria trayectoria: su 
permanente preocupación institucional, un valor permanente que debe 
rescatarse y ponderarse como una cuestión de creciente importancia en la 
Argentina de los últimos años de la década del 90.

El radicalismo, a diferencia del peronismo, se hizo absolutamente desde 
el llano, para alcanzar finalmente la cima del gobierno después de una 
larga travesía del desierto, de más de un cuarto de siglo, iniciada en 
1890 y que concluyó en 1916. Desde el llano el radicalismo insistió, 
una y otra vez, en la necesidad de legitimar verdaderas instituciones 
políticas. Su programa fundacional fue precisamente el cumplimiento de la 
Constitución de 1853, la búsqueda del reencuentro entre la legalidad de 
las instituciones republicanas consagradas en nuestra Carta Magna con 
la legitimidad que sólo podía provenir de la libertad de sufragio.

Muchos años después, cuando en 1983 Raúl Alfonsín insistía en recordar 
la vitalidad del preámbulo constitucional en un país desquiciado 
institucionalmente, más allá de las bromas que originara esa recurrencia para 
muchos incomprensible no hacia otra cosa que volver a marcar a fuego 
ese sentido fundacional del radicalismo, esa épica republicana que en 
esas especiales circunstancias de la vida nacional coincidía con las 
expectativas más inmediatas del conjunto de la sociedad argentina.


La cuestión institucional

El hecho de que la cuestión institucional haya sido y sea genética en 
el radicalismo tiene particular relevancia en la Argentina de hoy. En 
las condiciones actualmente imperantes en el mundo, la competitividad 
internacional de las naciones, requisito insustituible para su 
prosperidad, tiene un carácter fuertemente "sistémico". No se compite únicamente a 
través  de indicadores económicos positivos o de estructuras 
empresarias eficientes. Una economía globalizada exige permanentemente la 
atracción de nuevas inversiones para acelerar el crecimiento, la incorporación 
de las tecnologías de última generación, la ampliación de las 
exportaciones y la modernización del aparato productivo, única forma para 
atenuar los rigores del desempleo y combatir el flagelo de la pobreza y la 
marginalidad. Pero en este campo la competencia no se da únicamente entre 
empresas, sino también entre países, es decir entre sistemas integrales 
de organización y de decisión.

Hoy más que nunca, la distinción entre política y economía puede ser 
válida en el terreno del análisis pero jamás en el de la realidad. Tanto 
como los datos macroeconómicos, adquieren también importancia los 
parámetros relacionados con la educación, las condiciones de vida, la 
seguridad pública, la transparencia administrativa, la organización judicial 
y los niveles de corrupción. En una palabra, cobran mayor valor 
económico la calidad de los bienes públicos y la solidez de los sistemas 
político-institucionales.

Si no damos una clara respuesta afirmativa a este requerimiento, 
corremos el peligro de limitarnos a padecer las indudables restricciones que 
impone la realidad de una economía globalizada sin poder aprovechar, en 
cambio, la inmensa ampliación del campo de posibilidades que esta nueva 
situación abre para la Argentina y para su reubicación en el escenario 
internacional, fortalecida por la expansión del MerCoSur y su 
integración con Chile, concebidos no sólo como un importante espacio económico 
sino también como el esbozo de un actor político regional que empieza a 
tener voz y voto en el esquema de poder de la sociedad planetaria.

Sería tan necio desconocer la enorme capacidad de transformación 
demostrada históricamente por el peronismo, tanto en el período 1945-55 como 
en la etapa iniciada en 1989, como negar la necesidad y trascendencia 
del aporte de la oposición política, y en especial del radicalismo, a la 
hora de encarar el indispensable mejoramiento de la calidad 
institucional de nuestro sistema democrático, tarea que demanda una verdadera 
Revolución Política basada en la profundización de la democracia restaurada 
en 1983.


Asumir los cambios

El  problema  principal que deben superar el radicalismo  y el resto de 
la oposición política, empezando por el FREPASO, es que la 
materialización de ese aporte a la recreación de las instituciones públicas 
argentinas, desde el Poder Judicial hasta las fuerzas de seguridad, requiere 
necesariamente asimilar los elementos esenciales de las transformaciones 
operadas en la Argentina en estos ocho años.

En tal sentido, resulta fundamental para la oposición política 
argentina asimilar la experiencia chilena: la Concertación Democrática, la 
coalición oficialista que integran la democracia cristiana y el Partido 
Socialista, debe gran parte de su éxito al hecho de haber asumido, desde 
antes de ganar las elecciones que la llevaron al gobierno, las enormes 
transformaciones registradas en la economía trasandina durante el 
régimen de Augusto Pinochet.

Algo similar sucede con el laborismo británico: el nuevo liderazgo de 
Tony Blair pudo desafiar con posibilidades de éxito al conservadorismo 
inglés a partir de que logró que su partido asimilara como un dato 
irreversible de la realidad los profundos cambios económicos impulsados por 
los conservadores en los últimos dieciocho años, desde la asunción de 
Margaret Thatcher.

De no asimilar esta realidad, esa conciencia institucional que 
distingue al radicalismo y a toda la oposición política argentina se convierte 
en una crítica externa, más cerca de una ética de las costumbres, del 
gobierno y de la dirigencia justicialista, y no en una práctica política 
enderezada a modificar la realidad, por lo que pierde valor para el 
funcionamiento global del sistema democrático.

Este desafío que  afrontan el radicalismo y la oposición política es 
crucial para la Argentina que viene. Conviene aquí subrayar algunos 
elementos básicos que ayudan a disipar confusiones y facilitar el camino. 
Como el radicalismo es en realidad un gran movimiento histórico devenido 
partido político, no tiene un programa económico fijo e inmutable. Los 
movimientos históricos son hijos de su épocas, no de ideologías 
transhistóricas. Baste recordar que las presidencias de Yrigoyen, consagradas 
básicamente al cumplimiento de su programa de reparación democrática, 
no significaron la implantación de un proyecto económico antagónico con 
el instaurado por Roca y la generación del 80.

Aún durante el mismo gobierno de Raúl Alfonsín, se sucedieron en el 
Ministerio de Economía gestiones tan diferenciadas como las de Bernardo 
Grinspun y Juan Sourrouille. Por encima de los juicios de valor que 
puedan merecer el plan austral y los intentos de privatización de Entel y 
Aerolíneas  Argentinas encarados por Rodolfo Terragno desde el Ministerio 
de Obras y Servicios Públicos, hay que destacar la voluntad política de 
Alfonsín, conceptualizada en su recordado discurso de Parque Norte, de 
impulsar una adaptación del radicalismo a las exigencias de los 
tiempos.

Además de ese ensayo de reubicación del radicalismo en el plano 
económico, hay también un cambio políticamente trascendente en la vida 
argentina de estos años que cabe asignar a Alfonsín: el contenido de la 
reforma constitucional de 1994. Más allá de la polémica, desatada en su 
momento, vinculada con la posibilidad de la reelección presidencial, una 
discusión ya bizantina si se tiene en cuenta el resultado de las 
posteriores elecciones del 14 de mayo de 1995.

El acuerdo simbolizado "Pacto de Olivos" reveló la existencia y las 
posibilidades de la negociación política, una herramienta central que 
distingue a los países pacificados y políticamente organizados de los que 
no los son. Revalidó la noción de que en un sistema democrático no hay 
enemigos sino adversarios. Hay conflictos y negociaciones que preceden a 
nuevos conflictos y negociaciones. No hay más guerras en la política 
argentina.

Tal la esencia del sistema político embrionariamente esbozado en 1972 
por Perón y Balbín, en los tiempos de "La Hora del Pueblo", continuado 
tímidamente en 1982 con la Asamblea Multipartidaria en los estertores 
del último régimen militar y reflotado durante el gobierno de Alfonsín, 
luego del triunfo de la "renovación" en la "interna" justicialista, 
cuando el radicalismo y el peronismo de Antonio Cafiero estuvieron a punto 
de acordar una reforma constitucional de contenido básicamente idéntico 
al acordado en 1994.

La consecuencia de ese acto de lucidez estratégica, no suficientemente 
comprendido en su momento, fue una Constitución que terminó con una 
larga historia de ilegitimidades y que fue votada por todo el espectro 
político argentino, desde el Frente Grande de "Chacho" Alvarez y Graciela 
Fernández Meijide hasta el MODIN de Aldo Rico.


Otra vez la Constitución como programa

El nuevo texto constitucional de 1994, muchas de cuyas innovaciones 
aguardan todavía su correspondiente reglamentación legislativa, introdujo 
cambios de singular importancia para la consolidación del sistema 
democrático argentino. La creación del Consejo de la Magistratura y la 
modificación del mecanismo del juicio político a los magistrados, base para 
una reorganización profunda del Poder Judicial; la institucionalización 
en la órbita parlamentaria de organismos de control como la Auditoría 
General de la Nación, confiada constitucionalmente a un representante de 
la principal oposición, y de la Defensoría del Pueblo; la incorporación 
de mecanismos de democracia directa y semidirecta como la iniciativa 
popular y de la consulta popular; la creación de la Jefatura de Gabinete 
con la exigencia de aval y posibilidad de remoción parlamentaria; el 
requisito del acuerdo de los dos tercios del Senado para la designación 
del titular del Ministerio Público; la introducción de la "cláusula 
ética" para el ejercicio de la función pública; la autonomía municipal para 
la ciudad de Buenos Aires y la elección popular de su intendente; la 
habilitación del mecanismo de la regionalización para el mejor 
desenvolvimiento económico del interior y la facultad conferida a las provincias 
para celebrar tratados económicos internacionales "bases ambas de un 
federalismo real" constituyen en sí mismo todo un programa básico para la 
tarea histórica pendiente de profundización de la democracia, así como 
la Carta Magna de 1853 configuró durante décadas programa para la 
organización de la República.

En este aspecto y más allá de los cuestionamientos metodológicos y las 
críticas suscitadas por la competencia política, Alfonsín y la UCR 
exhibieron una doble virtud: la preocupación por la problemática 
institucional, genética en el radicalismo, y la legitimación del arma de la 
negociación política como herramienta inherente al sistema democrático. El 
alto costo electoral que Alfonsín y el radicalismo pagaron por este 
acuerdo, reflejado en los comicios presidenciales de mayo del 95, ya 
pertenece al pasado. En cambio los beneficios, no sólo para la UCR sino para 
la democracia argentina, corresponden al futuro.


Una agenda de consenso nacional

Afianzadas las transformaciones económicas, el inevitable traslado de 
las prioridades de la agenda pública hacia los ejes 
político-institucionales lleva a otra necesidad: la búsqueda de un amplio consenso nacional 
en torno a las exigencias de la reorganización del Poder Judicial, la 
reestructuración de las fuerzas de seguridad, el mejoramiento de las 
políticas educativas, la remodelación del sistema de salud, la formulación 
de las políticas sociales y las demás cuestiones inherentes a la 
reconversión de las instituciones públicas argentinas.

En  definitiva, el punto central de esa agenda es una verdadera 
refundación del Estado, basada en criterios radicalmente distintos a los 
imperantes hasta 1989 y encarada en estrecha sintonía con el fortalecimiento 
de la sociedad civil, expresada hoy en la creciente importancia de la 
opinión pública, motorizada por la explosión informativa que genera la 
revolución de las comunicaciones, y en el notable desarrollo alcanzado 
por el amplísimo espectro de las organizaciones no gubernamentales, 
expresión del ascenso y el protagonismo de la sociedad civil en la esfera 
de las decisiones.

A diferencia de la etapa de emergencia económica de los últimos años, 
que requería una fuerte concentración de poder y una voluntad política 
firmemente orientada en la resolución de una problemática dramática por 
sus dimensiones pero relativamente simple en el diagnóstico, la 
Argentina que viene, abocada a la refundación del Estado y a la reformulación 
de la totalidad de su sistema de instituciones públicas, tendrá que 
abordar y resolver una muy variada gama de asignaturas pendientes, en una 
acción mucho menos dramática por su contexto pero bastante más compleja 
en su formulación y en los caminos a recorrer, que excede las 
posibilidades aisladas de cualquier fuerza política de la oposición, sea la UCR 
o el FREPASO, y aún del propio peronismo.

De allí que resulte absolutamente natural que el tema de las posibles 
alianzas o coaliciones ingrese vigorosamente en el escenario político. 
La Argentina que viene tendrá más que ver con la concertación que con la 
confrontación. Por eso, la oposición política deberá esmerarse en la 
formulación de una alternativa que vaya más allá del "antimenemismo", que 
puede ser más o menos útil como slogan electoral pero jamás para 
construir una opción de poder.

La diferencia entre la crítica periodística y la oposición política es 
que la primera no se propone gobernar. Creer que con una prédica 
"antimenemista" alcanza para gobernar la Argentina en los tiempos de su 
Segundo Centenario sería tan ingenuo como suponer que la recreación de la 
mitología justicialista contra la "Unión Democrática" de 1945 podría 
bastarle al peronismo para retener el poder en 1999.

La consolidación de la democracia, reinstalada para siempre en 1983, y 
de la estabilidad económica, lograda a partir de 1989, hacen que el 
porvenir político argentino esté cada vez más lejos de quienes finquen su 
éxito en la desjerarquización del adversario, con el que después 
tendrían que acordar en infinidad de oportunidades para poder gobernar, y 
cada vez más cerca de los que confíen en la tantas veces exhibida madurez 
de nuestro pueblo y apuesten a generar consenso a partir de sus propias 
definiciones en relación a la forma de asumir los grandes desafíos del 
futuro.


HACIA LA ARGENTINA
DEL SEGUNDO CENTENARIO*


Documento fundacional del Centro de Reflexión para la Acción Política 
Segundo Centenario difundido en diciembre de 1995, incluido en el libro 
"Revolución Política en la Argentina Globalizada", Catálogos Editora, 
Buenos Aires, 1997


* La agonía de Francia respondía a algo más que a causas objetivas. Era 
sobre todo producto de la impotencia de su pueblo por creer en algo que 
en definitiva es falta de grandeza. La grandeza es un camino hacia lo 
que no se conoce. La guía la esperanza. ¡Qué bien marchan las cosas 
cuando los franceses creen en Francia! .

(Palabras del general Charles De Gaulle a André Malraux en su diálogo 
final rescatado en "La hoguera de las encinas" ).


En un mundo caracterizado por la vertiginosa aceleración de los tiempos 
históricos, el siglo XXI ya comenzó, con el fin de la guerra fría y la 
desaparición de la Unión Soviética. En ese contexto, el proceso de 
transformación que protagoniza la Argentina desde julio de 1989 afronta hoy 
nuevos desafíos. El segundo mandato constitucional del Presidente 
Menem, cuya reelección el 14 de mayo de 1995 simbolizó la ratificación de la 
voluntad de los argentinos de no perder el tren de la historia, 
constituye la oportunidad para avanzar decididamente en el camino iniciado, 
profundizando los cambios estructurales que se operan hoy en la sociedad 
argentina. No se trata entonces de repetir lo ya realizado, ni de 
limitarse a consolidar los logros de los últimos seis años, ni siquiera de 
conformarse con corregir los errores cometidos.

Muy por el contrario. Es hora de pensar y de actuar en grande: los 
avances registrados en estos años son apenas el piso a partir del cual la 
Argentina debe edificar un futuro venturoso, en un marco de justicia y 
dignidad para todos sus habitantes.

A partir de 1983 hemos recuperado para siempre nuestro sistema 
institucional, dejando atrás décadas de enfrentamientos y hasta de guerra 
civil. Desde 1989 hemos conseguido consolidar un sistema económico acorde 
con los tiempos que corren, que ya ha empezado a dar sus primeros frutos 
en materia de estabilidad y de crecimiento. Toca ahora defender esas 
conquistas, que son de todos los argentinos, y proyectarlas con firmeza 
hacia el porvenir.

Como a fines del siglo pasado, estamos atravesando una etapa de 
formidables cambios económicos y de reinserción en un sistema internacional 
signado hoy por el impacto de la revolución tecnológica y el fenómeno de 
la globalización. Si perseveramos en este rumbo estratégico, con las 
adecuaciones que impongan las circunstancias, la celebración de nuestro 
Segundo Centenario nos encontrará, como ocurriera con el Primer 
Centenario en 1910, en el pelotón de vanguardia de las naciones.

En esta nueva etapa política, la segunda reforma del Estado tiene que 
convertirse en una herramienta eficiente para empezar a dar respuesta a 
las verdaderas asignaturas pendientes de este proceso de cambio.

No queremos un Estado inerte, sino un Estado fuerte y eficaz, que pueda 
cumplir sus misiones indelegables en materia de salud, educación, 
justicia, seguridad y defensa, fiscalizar adecuadamente el funcionamiento de 
los servicios públicos confiados a la gestión privada y asumir las 
tareas vinculadas con la preservación del medio ambiente y de lucha frontal 
contra el narcotráfico en todas sus manifestaciones, objetivos ambos 
definidos hoy como prioritarios por el conjunto de la comunidad 
internacional.

Sólo en estas condiciones podrá afrontarse con éxito la lucha contra el 
desempleo, la pobreza y la marginalidad social, prioridad insoslayable 
en la construcción de una sociedad mas justa.

La integración argentina en el nuevo escenario mundial, que exige una 
economía cada vez más abierta y altamente competitiva, tiene que estar 
acompañada por una revalorización de nuestra identidad y de nuestra 
cultura nacional. Somos un país que siente tener un mensaje propio que 
trasmitir y una misión singular en el concierto universal de las naciones. 
La sociedad planetaria debe escuchar la voz de la Argentina.

La vigencia de la democracia y del Estado de Derecho no puede ceñirse 
sólo al pleno respeto de las garantías constitucionales. Las 
circunstancias exigen que, en el marco de la ley, la Argentina encare una 
verdadera y profunda Revolución Política en todos los órdenes de la actividad 
nacional, que se traduzca en una revalidación del principio de 
legitimidad y de transparencia en la vida de todas sus instituciones políticas y 
sociales, en el incremento de la participación de la sociedad en el 
plano de las decisiones, en la superación de la actual crisis de 
representatividad, en el mejoramiento de los sistemas electorales, en la 
implementación de los mecanismos de consulta popular directa establecidos en 
la reforma constitucional de 1994 y, por sobre todo, en el protagonismo 
de la gente por encima de las trenzas y aparatos tradicionales, cuyos 
intereses actúan como factor de resistencia al cambio y limitan el libre 
ejercicio de la voluntad soberana del pueblo.

Esa Revolución Política, fundada en la consolidación de la democracia. 
que en 1983 llegó para quedarse para siempre en la Argentina, es en 
definitiva la única alternativa idónea para eliminar las causas 
estructurales de la corrupción, ya que garantizará la más amplia transparencia en 
el funcionamiento de los tres poderes del Estado y en todo el amplio 
espectro de las instituciones publicas y privadas.

La consecución de todos estos objetivos, comunes a la inmensa mayoría 
de los argentinos, requiere reasumir un mandato que amalgama las mejores 
tradiciones políticas de nuestra historia.

La conjunción de los ideales de progreso encarnados en el liberalismo 
revolucionario de Roca y la generación del 80, de democracia política, 
concretados por Yrigoyen en 1916, y de justicia social hechos realidad 
por Perón en 1945, configuran los elementos básicos de una nueva 
síntesis histórica que, más allá de antiguos rótulos ideológicos y militancias 
partidarias, puede alumbrar la construcción de la Argentina del Segundo 
Centenario, con una Nación en marcha y un pueblo orgulloso de su 
destino. Bajo la advocación de este objetivo del Segundo Centenario, hemos 
constituido este centro de reflexión para la acción política. Procuramos 
generar un lugar de encuentro que promueva alternativas originales, 
explore nuevos horizontes para el pensamiento, aliente la creatividad en 
la elaboración de propuestas innovadoras y estimule la búsqueda de 
soluciones para la problemática argentina de hoy, con una visión a la vez 
nacional y universalista. Más allá de los rótulos y de las legítimas 
adscripciones, impulsamos la unidad transversal entre los iguales, se 
encuentren donde se encuentren, ya que entendemos que en esta construcción 
del porvenir común lo importante no es de dónde venimos sino hacia dónde 
vamos. Porque en la misión que nos convoca la única coincidencia 
inexcusable es una actitud común de inquebrantable fe y de profunda confianza 
en el destino de la Argentina como Nación.

PASCUAL ALBANESE - MARIO BAIZAN - JORGE BOLIVAR - JORGE CASTRO - LUIS 
JALFEN - ENRIQUE N'HAUX - JORGE RAVENTOS


Peronismo y Transformación


Documento del Centro de Reflexión para la Acción Política Segundo 
Centenario, presentado por Pascual Albanese el 3 de diciembre de 1996. 
Incluido en "Revolución Política en la Argentina Globalizada", Catálogos 
Editora, Buenos Aires, 1997


Introducción

Este documento de trabajo, intrínsecamente polémico, intenta responder 
a las preguntas y cuestionamientos de muchos dirigentes y cuadros 
políticos del peronismo, en relación con el sentido y la proyección 
histórica del proceso de transformación iniciado en la Argentina en julio de 
1989, bajo el liderazgo político de Carlos Menem.

Al escribirlo, recordamos con frecuencia aquel inolvidable Manual de 
Zonceras Argentinas de Arturo Jauretche, que demistificaba los lugares 
comunes que prevalecían entonces en la intelligentzia argentina, como 
producto de la asimilación acrítica de ciertos moldes ideológicos 
tradicionales, de origen principalmente europeo, que impedían repensar la 
realidad nacional con una óptica propiamente argentina. La construcción de 
la Argentina del Segundo Centenario, concebida como una nación pujante y 
orgullosa de su destino, requiere que el peronismo, en su condición de 
movimiento popular más importante de la historia de América Latina y de 
principal sujeto político de los grandes cambios operados a partir de 
1989, se ponga a la altura de los nuevos desafíos políticos y sociales 
que se plantea hoy la sociedad argentina. Con este trabajo iniciamos una 
serie de documentos en los que sucesivamente abordaremos: El rol de la 
oposición política: UCR y FREPASO; El porvenir de la izquierda y El 
papel de las fuerzas de centro-derecha.


La política de Menem traiciona 
la esencia ideológica del Peronismo

Perón sostenía que "la política nacional es un capítulo de la política 
internacional". En todo momento de su trayectoria, tuvo muy en cuenta 
el análisis de la vinculación entre la situación argentina y la realidad 
mundial. El peronismo nació históricamente en el marco de la 
bipolaridad impuesta a partir de los acuerdos de Yalta, cuando los Estados Unidos 
y la Unión Soviética compartían y disputaban la hegemonía en el 
planeta. Ese esquema bipolar duró casi medio siglo. En ese sentido, Menem 
expresa la necesaria adecuación del peronismo a una nueva era 
internacional, iniciada en la década del 90 y signada políticamente por el fin de la 
guerra fría y por la globalización de la economía mundial.

Ya en 1974, en su "Modelo Argentino", Perón anunciaba que "la sociedad 
mundial se orienta hacia un universalismo que, a pocas décadas del 
presente, nos puede conducir a formas integradas, tanto en el orden 
económico como en el político". Y agregaba: " El itinerario es inexorable, y 
tenemos que prepararnos para recorrerlo. Y, aunque ello parezca 
contradictorio, tal evento nos exige desarrollar desde un profundo nacionalismo 
cultural como única manera de fortificar el ser nacional para 
preservarlo con individualidad propia en las etapas que se avecinan".

En 1945, Perón había tenido que ubicarse y ubicar a la Argentina en el 
orden internacional surgido en Yalta. Menem, en cambio, tuvo que 
reinsertar a la Argentina en el mundo de la post-guerra fría, iniciado en 
1989 con la caída del muro de Berlín y en 1991 con la desintegración de la 
Unión Soviética.

En tal sentido, y siguiendo aquello de que "la única verdad es la 
realidad", impulsó lo que él mismo definió como un "giro copernicano", esto 
es un viraje estratégico para reubicar al país en el escenario 
planetario de la década del 90. El envío de naves argentinas al Golfo Pérsico, 
a principios de 1990, simbolizó internacionalmente dicho viraje con la 
contundencia de los hechos.

Ni en Perón ni en Menem prevalecieron en esas decisiones los esquemas 
ideológicos. En todo caso, predominó la certeza de que, como enseñaba 
Perón, "el hombre no hace la historia", sino que "simplemente debe 
contentarse con ir creando las monturas necesarias para cabalgar su 
evolución". En su propuesta sobre el "Modelo Argentino", el mismo Perón 
señalaba, hace veintidós años: "Tengamos en cuenta el ejemplo que nos muestra 
el mundo, en el que está ganando terreno la idea de que el bienestar de 
los pueblos está por encima de las concepciones políticas dogmáticas".

En "Conducción Política ", Perón ya había advertido que "las doctrinas 
no son eternas sino en sus grandes principios; por eso mismo es 
imprescindible ir adaptándolas a la evolución de los tiempos, al progreso de 
la Humanidad y a las necesidades de nuestro pueblo. Y ello influye 
fuertemente en la propia doctrina, porque en verdad lo que hoy nos parece 
incontrovertible e indiscutible, quizás dentro de unos pocos arios 
resulte una cosa totalmente fuera de lugar, fuera de tiempo e inapropiada 
para nuestras circunstancias".En esa misma obra, formula una advertencia 
que parece escrita para hoy: "una doctrina que hoy vivimos como 
excelente puede resultar un anacronismo dentro de pocos años, a fuerza de no 
evolucionar y no adaptarse a las nuevas necesidades".


La política argentina está totalmente subordinada 
a los dictados de Estados Unidos

En las nuevas condiciones internacionales de la década del 90, el 
alineamiento estratégico con los Estados Unidos, afianzado en su condición 
de primera potencia económica y militar del planeta, constituía una 
prioridad insoslayable para otorgar a la Argentina un pasaporte político de 
credibilidad externa que posibilitara la inserción de nuestra economía 
en el contexto mundial de la globalización.

En una recordada conferencia en la Escuela Superior de Guerra en 1953, 
Perón reformuló los principios básicos de la política exterior 
argentina a partir de una definición básica: "Hay que tener la política de la 
fuerza que se tiene o la fuerza que se necesita para sustentar una 
política. Nosotros no tenemos lo segundo y, en consecuencia, tenemos que 
aceptar lo primero, pero desde esa situación tener nuestras ideas y luchar 
por ellas".

La reanudación de las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña, la 
participación de fuerzas militares argentinas en las "misiones de paz" en 
distintas partes del mundo, el retiro del movimiento de los "no 
alineados" (agotado políticamente tras el fin de la bipolaridad) y la 
desactivación del "proyecto Cóndor" fueron algunos de los hitos más importantes 
en una política exterior enderezada a cimentar una imagen de 
confiabilidad internacional que nos permitiera recuperar la calidad de 
interlocutor de los Estados Unidos en el escenario regional y, de ese modo, ir 
readquiriendo un rol protagónico que habíamos ido perdiendo en las 
últimas décadas.

Como resultado de esa política, la Argentina ya es considerada hoy 
internacionalmente como un país emergente en el Cono Sur americano, un 
importante receptor de inversiones extranjeras directas, y un interlocutor 
real, capaz de articular un nuevo bloque regional, no sólo económico 
sino también político, a partir del MERCOSUR y de los acuerdos con Chile, 
que se orienta en una dirección complementaria y no confrontativa con 
la estrategia norteamericana en América Latina.

Cabe recordar que, al iniciar su segunda presidencia, en consonancia 
con el reconocimiento de las limitaciones estructurales del modelo de 
autarquía económica y el intento de ensanchar el mercado interno argentino 
a través del ABC, Perón ya había impulsado un fuerte viraje diplomático 
en relación a los Estados Unidos. La intención de enviar tropas 
argentinas a participar en la guerra de Corea (frustrada por la resistencia 
parlamentaria y la oposición dentro del propio peronismo), el 
acercamiento bilateral registrado con la visita de Milton Eisenhower y los 
contratos petroleros con la Standard Oil de California fueron los hitos más 
relevantes de un notorio giro político, frustrado por el golpe militar de 
1955.

En esa época, Perón tuvo definiciones muy elocuentes. En los artículos 
que, con el seudónimo de "Descartes", escribiera en el diario 
"Democracia", en vísperas de la guerra de Corea, aseguraba que, en el caso de 
una guerra mundial, la posición argentina sería de "activa participación 
en el bando de Occidente, para defender el mundo libre".

Igualmente, al polemizar con los críticos de los contratos petroleros 
con la California, atacó con dureza a "los nacionalistas de opereta, que 
causan más daño con su estupidez que los cipayos con su perfidia''.


El MerCoSur relega a la Argentina 
a un rol subordinado a Brasil 
en el escenario mundial

El MerCoSur es la expresión concreta, práctica y actualizada de la 
estrategia del ABC, diseñada por Perón a principios de la década del 50 y 
puesta en marcha entonces en colaboración con el presidente brasileño 
Getulio Vargas y el chileno Carlos Ibañez del Campo, con quienes se 
firmaron sendos tratados de Unión Aduanera que avanzaban en dirección a un 
ambicioso proyecto de unidad continental, cuya concreción hubiera 
adelantado en treinta años el reloj de la historia latinoamericana.

En realidad, la estrategia del ABC intentaba brindar una nueva 
respuesta económica ante la conciencia de los límites estructurales de la 
política autárquica implementada desde 1946, fundada en el fortalecimiento 
del mercado interno. El objetivo era procurar mayores oportunidades para 
el crecimiento, a través de la única vía posible en aquellas 
condiciones: el ensanchamiento de ese mercado a través de la integración con los 
países vecinos.

En aquella oportunidad, la iniciativa no pudo prosperar por la fuerte 
oposición de importantes sectores de poder en Brasil, que llegaron a 
inducir el suicido de Vargas en 1954, y en Chile.

En ambos países, esas resistencias fueron alentadas por la miopía 
histórica del antiperonismo y por la acción de la diplomacia norteamericana, 
que a pesar del acercamiento impulsado por Perón a partir del 50 no 
veía con buenos ojos el surgimiento de un polo de poder regional 
independiente en Sudamérica.

En esta oportunidad, Menem capitalizó esa experiencia y aprovechó el 
afianzamiento de las relaciones bilaterales argentino-norteamericanas, 
objetivo prioritario y casi excluyente de la política exterior en los 
primeros meses de su gobierno, cuando se hablaba de las "relaciones 
carnales", para desarmar prevenciones adversas y apresurar la firma del 
Tratado de Asunción, en diciembre de 1991, hecho que aceleró drásticamente 
los tiempos de la integración con Brasil, Paraguay y Uruguay, cuya 
vigencia efectiva comenzó en enero de 1995.

Los países del MerCoSur lograron en cuatro años recorrer un camino que 
a la Unión Europea le llevó décadas. El posterior acuerdo de libre 
comercio entre el MerCoSur y Chile, que entró en funcionamiento el 1° de 
octubre pasado, completó esta primera fase del proceso de integración y 
genera un nuevo espacio económico y político de relieve regional e 
internacional.

En la ya mencionada conferencia en la Escuela Superior de Guerra en 
1953, en la que formuló también la doctrina del ABC, Perón señalaba que 
"la República Argentina sola no tiene unidad económica; Brasil solo no 
tiene tampoco unidad económica. Chile solo, tampoco.

Pero estos tres países unidos conforman quizá, en el momento actual, y 
sobre todo para el futuro, una extraordinaria unidad económica. Esto es 
lo que ordena imprescriptiblemente la unión de Chile, Brasil y 
Argentina. Es indudable que realizada esa unión ingresarán en su órbita otros 
países sudamericanos".

Veinte años después, en el "Modelo Argentino", Perón reafirmaba que 
"para construir la sociedad mundial, la etapa del continentalismo 
configura una transición necesaria. Los países han de unirse progresivamente 
sobre la base de la vecindad geográfica y sin imperialismos locales y 
pequeños"


El MerCoSur, más que un bloque independiente
es un apéndice del NAFTA

Cuando empezó a gestarse el MerCoSur, en Washington hubo voces 
influyentes que recomendaron a la Argentina seguir el camino trazado por Chile.

Esto significaba colocarse en el segundo lugar de la lista de países 
latinoamericanos que podían en el futuro ingresar al entonces flamante 
NAFTA, conformado por los Estados Unidos, Canadá y México.

Sin embargo, la Argentina optó por avanzar en la construcción de un 
espacio regional propio, que en una segunda etapa pudiera participar en la 
creación de una amplia zona hemisférica de libre comercio "desde Alaska 
a Tierra del Fuego", como proclamara el ex-presidente norteamericano 
George Bush y retoma ahora Bill Clinton al comenzar su segundo mandato.

En función de esa estrategia, mientras avanzaba en el proceso de 
integración regional, la Argentina se unió con Brasil, Paraguay y Uruguay 
para firmar el tratado de "cuatro más uno" con los Estados Unidos.

En ese episodio quedó acreditada la decisión común de las cuatro 
naciones de encarar en conjunto la negociación con los países del norte del 
hemisferio.

La firmeza de esa posición, unida a la exitosa puesta en marcha del 
MerCoSur, hizo modificar la prioridad de Chile, que dejó de considerar 
como su única opción el ingreso al NAFTA, para avanzar en su asociación 
con sus vecinos sudamericanos. Por eso, además de por su significación 
económica, el acuerdo entre el MerCoSur y Chile constituye una gran 
victoria política de la conciencia nacional latinoamericana.

La inminente incorporación de Bolivia al bloque regional, el acuerdo 
entre el MerCoSur y el Pacto Andino y la reciente visita a la Argentina 
del presidente mexicano Ernesto Zedillo, y los avances registrados en 
esa oportunidad en la vinculación entre México y los países del MerCoSur, 
revelan hasta qué punto esa visión nacional latinoamericana ha ganado 
espacio en el mapa político y económico del continente.

Los resultados de esta política se corresponden con las ya recordadas 
enseñanzas de Perón en 1953: desarrollar "la política de la fuerza que 
se tiene", aceptar con realismo las limitaciones de poder y, a partir de 
esa situación, "tener nuestras ideas y luchar por ellas".


La integración con Brasil y con Chile nos deja indefensos
ante los históricos deseos expansionistas de nuestro dos vecinos

La formación del MerCoSur y el acuerdo con Chile constituyen el acta de 
nacimiento de un nuevo bloque de poder regional llamado a participar 
con voz y voto en la política mundial.

Se trata de un mercado de más de doscientos millones de habitantes, con 
un producto bruto conjunto de alrededor de un trillón de dólares y de 
tres países que reúnen características significativas. Brasil es una de 
las diez principales potencias industriales del planeta.

La economía chilena está entre las diez más competitivas del mundo y 
sus exportaciones han penetrado profundamente en el Asia-Pacífico, que es 
la región más dinámica de la economía internacional.

La Argentina es el octavo productor mundial de alimentos y el quinto 
exportador mundial, en una era signada por una verdadera explosión de la 
demanda de alimentos que tiene como epicentro a los nuevos países 
emergentes del continente asiático, en especial China.

La inmensa mayoría de las 40.000 grandes corporaciones transnacionales, 
que junto a sus 210.000 empresas filiales y asociadas protagonizan, de 
acuerdo con las estimaciones de la Organización Mundial de Comercio, 
los dos tercios del comercio internacional en la década del 90, están 
invirtiendo en el MerCoSur y en Chile para aprovechar las ventajas de la 
integración regional.

Dicho interés, que en cifra de inversiones ha desplazado las 
expectativas que había generado la apertura económica en el este europeo, supone 
el reconocimiento de que comienza a configurarse en el Cono Sur 
americano una asociación de países emergentes llamada a constituirse en un 
nuevo actor económico en el escenario del mundo globalizado.


La integración económica puede ser beneficiosa, 
pero conlleva el peligro político de resignar la soberanía nacional

Esta alianza estratégica no es solamente económica. Como ocurrió con la 
Unión Europea, constituye también un proyecto político. Tiene una 
dimensión política que es necesario asumir y profundizar. La Argentina y 
Chile han superado ya diferendos limítrofes de raíces centenarias. Los 
ejércitos argentino y brasileño ya realizan maniobras militares conjuntas. 
Chile ha defendido vigorosamente en las Naciones Unidas los derechos 
argentinos sobre las islas Malvinas. Brasil y la Argentina tuvieron un 
rol protagónico en La reciente crisis institucional paraguaya, para 
preservar el sistema democrático amenazado luego del relevo del general Lino 
Oviedo. En Montevideo, santuario del antiperonismo a principios de la 
década del 50, Menem asistió este año a la inauguración de un monumento 
al general Perón levantado por iniciativa del gobierno uruguayo.

El desafío actual es precisamente avanzar hacia la creación de 
mecanismos políticos e institucionales de integración en el plano de la 
defensa, de la seguridad, de la resolución de las controversias judiciales y 
de la lucha común contra la corrupción y el narcotráfico. Los viejos 
recelos están cediendo ante el empuje de las nuevas realidades, que marcan 
con claridad la existencia de un proyecto común sudamericano que ya 
está en marcha.


El afán integracionista nos lleva, por ejemplo, a resignar 
los derechos argentinos en la zona de los Hielos Continentales

El diferendo sobre los "Hielos Continentales" no puede concebirse ya 
como una cuestión limítrofe, sino como el último de los escollos a 
sortear en el camino hacia una alianza perdurable entre la Argentina y Chile.

Ya en 1953, en su recordada conferencia, Perón fue categórico en 
referencia a las cuestiones limítrofes pendientes: "Vamos a suprimir las 
fronteras si es preciso". Y agregó que "aquí hay un problema de unidad que 
está por sobre todos los problemas", porque "la unión continental sobre 
la base de la Argentina, Brasil y Chile está más próxima de lo que 
creen muchos argentinos, muchos chilenos y muchos brasileños".

En virtud del dinamismo de su economía y del reducido tamaño de su 
mercado interno, Chile es hoy un exportador estructural de capitales. El 
63% de las inversiones chilenas en el exterior tienen lugar en la 
Argentina. Ya hay más de cinco mil millones de dólares en inversiones chilenas 
directas en la Argentina, prácticamente en todos los rubros de la 
economía nacional y la tendencia es que esa cifra habrá de duplicarse en los 
próximos cinco años. La Argentina necesita nuevas inversiones para 
acelerar su crecimiento. Chile significa también hoy la posibilidad de una 
salida al Pacífico para nuestras exportaciones regionales. Las grandes 
empresas trasandinas, que ya han abierto los mercados de los países 
emergentes del Asia Pacifico, tienen interés en "subir" productos 
argentinos a sus aceitadas redes de comercialización internacional. CODELCO, la 
empresa estatal minera chilena y una de las más importantes del mundo, 
esta interesada en radicarse en la Argentina para participar en el 
"boom minero" que se avecina. Los intereses comunes entre ambos países son 
hoy más fuertes que nunca.

En las actuales circunstancias, la ratificación parlamentaria del 
tratado firmado por los presidentes de los dos países patentiza la voluntad 
política de ambos pueblos de abrir un nuevo capítulo de su historia 
común.


La globalización de la economía internacional 
acentúa la brecha entre los países avanzados y el mundo periférico

Una de las tendencias centrales de la economía internacional en la 
década del 90 es el traslado de su eje más dinámico, hasta entonces situado 
en la tríada conformada por Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, 
hacia el mundo periférico, en primer lugar hacia la zona del 
Asia-Pacífico, donde se está produciendo una explosión de crecimiento que saca de 
la miseria y de la marginalidad a centenares de millones de hombres y 
mujeres que acceden al consumo y se incorporan aceleradamente al mercado 
mundial.

Según los informes oficiales de la Organización Mundial de Comercio, en 
1990 el 87% de las inversiones extranjeras directas de esas 40.000 
grandes corporaciones transnacionales, que junto a 210.000 filiales y 
empresas asociadas protagonizan los dos tercios del comercio mundial, se 
realizaba en y entre los países de esa tríada del capitalismo avanzado. 
Sólo el 13% restante en el mundo periférico. En 1995, esa proporción pasó 
a ser del 70% y el 30%, respectivamente, y todo indica que ese viraje 
se intensifica constantemente. En cifras concretas, las inversiones 
extranjeras directas realizadas fuera de la tríada del capitalismo avanzado 
ascendieron ese año a cerca de cien mil millones de dólares. Esto 
implica que, año a año, decenas de miles de millones de dólares de 
inversiones, que antes tendían a ubicarse en Estados Unidos, Europa Occidental y 
Japón, se localizan en las economías emergentes, empezando por China y 
demás países del Asia Pacífico y siguiendo, aunque todavía muy atrás, 
por América Latina.

En el trasfondo de este proceso de reorientación mundial de las 
inversiones, está la formidable revolución tecnológica de nuestra época, en 
particular en el campo de la cibernética y las comunicaciones. Las nuevas 
modalidades productivas, inducidas por la creciente informatización, 
hacen que cada vez más vaya perdiendo importancia la distancia geográfica 
entre los lugares de producción y los centros de consumo.

Puede afirmarse que en la década del 90 asistimos al fenómeno de la 
globalización de los sistemas productivos de una dimensión semejante al de 
la internacionalización de los mercados financieros que caracterizó a 
la década del 80.

El símbolo de esa formidable el traslado de su eje más dinámico de esta 
transformación es China, que después de Estados Unidos es el principal 
receptor mundial de inversiones extranjeras directas. El gigante 
asiático viene creciendo a una tasa promedio del diez por ciento anual 
acumulativo desde 1979. En ese lapso ya ha más que duplicado el ingreso per 
cápita de su población de 1.250 millones de habitantes.

En diferente medida, el mismo fenómeno empieza a suceder en la India, 
con seiscientos millones de habitantes, y ocurre ya en países como 
Malasia e Indonesia, que reproducen en la década del 901O que veinte años 
antes ocurrió con los "cuatro dragones" del Pacífico (Corea del Sur, 
Taiwan, Hong Kong y Singapur) y hace cuarenta años con el primero de esos 
"dragones"', que fue Japón.

Es precisamente en esas grandes coordenadas de la economía mundial 
donde están insertándose la mayoría de los países periféricos, que compiten 
por atraer la mayor cantidad de inversiones extranjeras directas para 
dinamizar sus economías nacionales a través de la reconversión de sus 
aparatos productivos, la incorporación de nuevas tecnologías y el 
incremento de sus exportaciones, única forma de encarar seriamente y en 
profundidad el desafío que plantean los dos grandes flagelos de nuestra 
época: el desempleo y la marginalidad.

Lo cierto entonces es que la globalización de la economía plantea, al 
mismo tiempo, fuertes exigencias, grandes desafíos y enormes 
oportunidades. Los costos inevitables de la reconversión, muy especialmente 
durante una etapa de transición como todavía atraviesa la Argentina, sólo 
pueden asumirse en función de un horizonte de crecimiento, cuya expresión 
más diáfana se encuentra hoy en los países emergentes del 
Asia-Pacífico.

De hecho, desde 1991, se han realizado en la Argentina inversiones 
extranjeras directas por un valor aproximado a los treinta mil millones de 
dólares, distribuidos en la casi totalidad de los rubros de la economía 
nacional. Sólo en 1995, hubo 8.000 millones de dólares de inversiones 
extranjeras directas de origen estadounidense. El stock de capital 
extranjero radicado en la Argentina viene aumentando a un promedio del 25% 
anual, la tasa más alta del mundo después de China. Todas las 
estimaciones oficiales y privadas indican que ese flujo de inversiones recién 
comienza y que habrá de incrementarse sensiblemente en los próximos años.

Conviene sí subrayar que, cualesquiera fuere la magnitud de los 
sacrificios transitorios que suponga el inevitable esfuerzo de reconversión 
del aparato productivo, para adecuarlo a las nuevas exigencias de la 
economía, serán sin duda menos costosos que el inútil intento de aferrarse 
al pasado como ilusión.

En el mundo de hoy, el aislamiento económico es sinónimo de atraso y de 
mayor pobreza y marginación. Si es verdad aquello de que "la única 
verdad es la realidad", no tiene sentido plantearse el tema de la 
globalización como si fuera algo de lo que se pudiera estar a favor o en contra. 
Lo importante, como decía Perón, es saber "cabalgar la evolución".


En el mundo de hoy, la globalización de la economía
va de la mano con el incremento del desempleo 

En la Argentina, conviene estar siempre prevenidos frente a la 
importación ideológica de las modas europeas. La verdadera causa de la 
modificación de la problemática y del mapa mundial del desempleo no reside 
precisamente en la globalización sino en todo caso en el fenómeno histórico 
que la origina, esto es la formidable revolución tecnológica que sacude 
actualmente a la economía mundial.

Es cierto que la tasa de desocupación en Europa Occidental ha crecido 
sensiblemente en los últimos años, al conjuro del estancamiento relativo 
del viejo continente en la competencia internacional. La identificación 
mecánica entre globalización económica y desempleo es un razonamiento 
típicamente eurocéntrico, propio de una amplia franja de intelectuales 
del viejo continente, que siempre encuentran repetidores en un crecido 
segmento de la intelectualidad porteña. La diferencia es que lo que en 
Francia o en España puede ser parcialmente cierto no lo es exactamente 
así en el resto del mundo.

Contra lo que suele afirmarse, no es cierto que la globalización de la 
economía haya generado una disminución de los puestos de trabajo a 
escala planetaria. Un examen más prolijo de las estadísticas permite 
señalar que en los últimos años la economía internacional, a través del 
creciente traslado de las inversiones extranjeras directas de las grandes 
corporaciones mundiales hacia el mundo periférico, ha generado centenares 
de millones de nuevos empleos, así como ha disminuido las oportunidades 
de trabajo en casi todos las naciones de la Europa desarrollada y en 
otras partes del mundo.

La mayor parte de esos nuevos puestos de trabajo están localizados en 
los países emergentes del Asia-Pacífico. Puede incluso asegurarse que, a 
pesar de que el desempleo constituye hoy un grave fenómeno estructural 
de envergadura internacional, la tasa mundial de desocupación no se ha 
incrementado en la década del 90. Lo que pasa es que los desocupados en 
Europa Occidental tienen mejor prensa que las decenas de millones de 
nuevos empleos en la India, Tailandia o Filipinas.


Nos hemos resignado a aplicar 
las políticas neoliberales

La instauración de una economía de mercado, la apertura económica 
internacional y la búsqueda de inversiones extranjeras directas son 
actualmente el común denominador entre la China comunista de Deng Siao Ping, la 
Sudáfrica del caudillo popular Nelson Mandela, el Chile de la alianza 
democristiano-socialista de Eduardo Frei, el Brasil del Partido 
Socialdemócrata de Fernando Henrique Cardozo y la Argentina de Carlos Menem.

Similar orientación tuvo en la Polonia reciente la política 
desarrollada por Lech Walesa y Solidaridad, continuada por sus sucesores 
neocomunistas, y en Nicaragua la plataforma electoral del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional y de su jefe, Daniel Ortega, en las elecciones en 
que fue derrotado por el candidato de derecha Arnoldo Alemán. Teodoro 
Petcoff, uno de los máximos dirigentes de la guerrilla venezolana, 
implementa esa misma política en el gobierno de Rafael Caldera.

En todas partes, prevalece el criterio de que la eficacia del sistema 
económico es condición insustituible para abordar los problemas 
sociales. En palabras de Deng Siao Ping, el autor del gigantesco viraje 
económico de la China moderna, cuando se le reprochaba su abandono del dogma 
comunista, "no importa que el gato sea blanco o negro, sino que sepa 
cazar ratones".


El actual modelo condena a la extinción
a la industria argentina

La Argentina está adquiriendo aceleradamente un fuerte perfil 
industrial exportador. El producto bruto industrial ha crecido desde 1991 cerca 
de un cuarenta por ciento. En la década del 70, la industria argentina 
creció un 21,4%. En la década del X0, la producción industrial bajó un 
2,6%. En la década del 90, según todas las estimaciones, crecerá cerca 
de un 70%.

Las inversiones directas en la industria en el período 1991-95 
ascendieron a más de 14.000 millones de dólares, una cifra inédita en la 
historia argentina. Para el período 1995-99, las inversiones ya previstas en 
el sector industrial superan los 19.000 millones de dólares, o sea 
alrededor de un 40% más que en el lapso anterior. El sector que lidera ese 
proceso es el químico y petroquímico, con inversiones de 5.000 millones 
de dólares en el lapso 1991-95 y de 6.800 millones de dólares previstos 
para el período 1995-99. En segundo lugar, se encuentra la industria 
automotriz, con inversiones de 2.200 millones de dólares entre 1991 y 
1995 y de 6.300 millones de dólares comprometidos para el período 1995-99.

El incremento de los índices de productividad global de la industria 
argentina en los últimos cinco años está entre los más altos mundo, 
superior inclusive al de los países del Asia-Pacífico. La competitividad 
internacional de la industria argentina ha registrado entonces un salto 
cualitativo sin precedentes.
En sintonía con el incremento de la productividad y con esa corriente 
de inversiones, las exportaciones industriales argentinas vienen 
creciendo sostenidamente desde 1991, a un ritmo del 11,5% anual, un promedio 
superior al de las economías emergentes del Asia-Pacífico. El destino de 
esas mayores exportaciones es, en primer lugar, Brasil y, en segundo 
lugar, los Estados Unidos. Esta direccionalidad permite garantizar la 
continuidad y profundización de esa tendencia en los próximos años. Por 
todo esto parece pueril la crítica de algunos sectores empresarios acerca 
de la supuesta ausencia de un proyecto industrial.


Pero con esta política las Pymes
están condenadas a la desaparición

El rol de la pequeña y mediana empresa es sin duda fundamental para el 
crecimiento argentino y para avanzar en la resolución del drama del 
desempleo. Más aún, el aliento a la proliferación de una multiplicidad de 
microemprendimientos en las diferentes esferas de la producción y de 
los servicios, capaces de reabsorber parcialmente la mano de obra dejada 
hasta ahora a un lado por el proceso de reconversión económica, 
constituye una prioridad que nadie puede desconocer y requiere sí de 
"políticas activas" que impulsen la capacidad de iniciativa de los argentinos.

En realidad, la verdadera escalada de inversiones extranjeras directas, 
y también nacionales, cuya radicación implica la instalación o el 
fortalecimiento de grandes empresas también abren nuevas perspectivas para 
la pequeña y mediana empresa.

La tendencia generalizada hacia la "tercerización", que se manifiesta 
mundialmente en todas las grandes empresas, favorece el surgimiento y/o 
la reconversión de las PYMES, concebidas no como las cenicientas de una 
estructura productiva de alto nivel tecnológico, sino como empresas 
modernas, capaces también de incorporar nuevas tecnologías y métodos 
gerenciales, que funcionen como una gigantesca red, cuyo desarrollo es vital 
para toda la economía argentina.


La actual política castiga duramente
a las economías regionales

Las provincias argentinas experimentan, a la vez, los rigores del 
ajuste de sus viejas estructuras estatales ineficientes y deficitarias, con 
su secuela de desocupación y malestar social, y el vertiginoso 
incremento de sus exportaciones regionales, que sólo en 1995 crecieron 
alrededor de un 50% en relación al año anterior. Este salto exportador recién 
empieza: el proceso de integración regional con Brasil y con Chile 
genera constantemente nuevas oportunidades para las producciones locales.

Los acuerdos con Chile significan. además, la construcción, en un plazo 
de cuatro años, de por lo menos nueve pasos fronterizos asfaltados 
entre ambos países. Actualmente hay uno sólo, a través de Mendoza. Esto 
posibilitará el acceso de las producciones regionales de nuestras 
provincias no sólo al puerto de Valparaíso, sino a la totalidad de los puertos 
chilenos, de norte a sur. En esa medida, garantizará también una salida 
directa de la producción argentina al Pacífico o sea al centro más 
dinámico de la demanda mundial, en especial de alimentos, en la nueva 
geografía económica internacional.

Estos cambios significan una modificación de fondo en la estructura 
económica argentina. Por primera vez en su historia, las provincias 
argentinas tienen posibilidades propias para encarar su crecimiento económico 
y la comercialización internacional de sus productos, sin pasar por el 
puerto de Buenos Aires.

La anterior etapa de inserción de la Argentina en la economía mundial, 
entre 1870 y 1930, favoreció casi exclusivamente a la región 
agro-ganadera de la Pampa Húmeda, que canalizó su producción hacia Europa, en 
particular a Gran Bretaña, a través del puerto de Buenos Aires. En esta 
oportunidad, la reubicación de nuestra economía en el escenario 
internacional ofrece oportunidades a las provincias para participar directamente 
en el actual proceso de integración.

La asociación con Brasil y con Chile les abre nuevos mercados y 
favorece enormemente la comercialización externa de sus productos locales 
facilitada acceso directo, sin pasar por la Aduana porteña, a los puertos 
chilenos del Pacífico y los brasileños sobre el Atlántico

En otras palabras, el viejo sueño de una Argentina federal empieza a 
resurgir ahora, de la mano de un proyecto nacional que supone la 
inserción en la economía internacional no de una sola región del país, sino de 
la totalidad de las provincias y regiones argentinas.


Pero todo eso requeriría un gigantesco esfuerzo de inversión
que ninguna provincia está en condiciones de realizar

La multiplicación de las inversiones extranjeras directas no es un 
fenómeno centrado en la Capital Federal ni en el conurbano bonaerense. Muy 
por el contrario, esas inversiones tienden a localizarse en las 
provincias, de acuerdo con las condiciones económicas y políticas que cada una 
ofrece.

Hay, por ejemplo, en la Argentina un "boom" minero. Después de más de 
un siglo y medio, quedó confirmada una vieja sospecha: la cordillera de 
los Andes es la misma de los dos lados. En cinco años más, la Argentina 
será el tercer exportador mundial de cobre, después de Chile y Zambia, 
y muy probablemente el primer exportador mundial de oro. Las 
principales empresas mineras del mundo (sudafricanas, canadienses, 
norteamericanas y también chilenas) están invirtiendo en las provincias andinas, 
desde Catamarca hasta Santa Cruz. En algunos casos, la producción de esos 
emprendimientos en marcha ya está vendida internacionalmente por cinco y 
diez años, en particular a países del Asia-Pacífico. 
Significativamente, apareció ahora también el interés en el área de las compañías 
japonesas.

Pero la minería no es un caso aislado. Las crecientes inversiones 
extranjeras en el sector automotriz, que a lo largo de la década sumarán 
8.500 millones de dólares, reactivan fuertemente el parque industrial de 
Córdoba. Las fuertes inversiones chilenas están imprimiendo un notable 
impulso a la industria forestal en Misiones y en otras provincias. En 
muchas otras partes, las inversiones extranjeras directas están 
correlacionadas con la industrialización y la comercialización internacional de 
las producciones regionales, como ocurre con la vitivinicultura 
mendocina y la fruticultura en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

Este fenómeno de las nuevas inversiones extranjeras directas se 
correlaciona con el fuerte incremento de la producción agropecuaria en todas 
sus manifestaciones. El campo argentino protagoniza una verdadera 
revolución tecnológica. que eleva sus índices de productividad. Hay récords 
en la cosecha de granos.

La producción de trigo en 1996 es más de un 50% mayor que la de 1995. 
Aparecen nuevas perspectivas para la exportaciones de nuestras carnes en 
el Asia-Pacífico, después de la eliminación total y definitiva de la 
aftosa. Ha aflorado una amplia gama de nuevos cultivos intensivos de alta 
tecnificación. Hay también un alza generalizada de los precios 
internacionales, resultado del sostenido aumento de la demanda mundial de 
alimentos.

En 1995, el conjunto de las exportaciones de las economías regionales 
argentinas creció alrededor de un 50%. En los últimos años, el ritmo de 
crecimiento de dichas exportaciones regionales es en promedio superior 
al crecimiento de las exportaciones de la Pampa Húmeda.

Ese dato señala que está en marcha un proceso de reformulación de la 
geografía económica argentina.

La conjunción entre esta revolución agropecuaria y el impacto 
dinamizador de las inversiones extranjeras directas empiezan a otorgar a las 
provincias argentinas la masa crítica necesaria para encarar un 
crecimiento autosostenido, eliminar su tradicional dependencia del Tesoro 
Nacional y comenzar a dar respuestas a las legítimas demandas sociales de 
millones de nuestros compatriotas.


Esto es imposible con la actual estructura económica y política 
de la Argentina, que es federal de palabra y unitaria de hecho

La reforma constitucional de 1994 introdujo dos innovaciones 
fundamentales para las provincias. La primera es la facultad de establecer 
acuerdos internacionales en materia económica, sin depender del gobierno 
nacional. Esta alternativa, unida al proceso de integración regional con el 
MerCoSur y Chile, abre inmensas oportunidades para un despliegue 
autónomo de las economías provinciales. En los hechos, ya hay resultados 
concretos: Salta acordó con Chile la construcción un gasoducto hasta 
Antofagasta. Entre Ríos acaba de hacerlo con Uruguay. Casi todos los días hay 
información periodística sobre la evolución de múltiples negociaciones 
directas entre provincias argentinas y países y regiones vecinas. 
Porque otro de los fenómenos potenciados con la puesta en marcha del 
MerCoSur y del acuerdo con Chile es la consolidación de ciertas tendencias 
similares en los países vecinos, cuyas regiones también buscan 
entendimientos directos con las provincias argentinas, sin pasar por San Pablo o 
por Santiago de Chile.

La segunda innovación trascendente para las provincias, incorporada en 
la reforma constitucional del 94 es la que habilita legalmente el 
mecanismo de su asociación en regiones. Ya hay ejemplos claros de la 
importancia de este nuevo instrumento: por iniciativa de las respectivas 
provincias, en el último año ya se avanzó en la constitución de las regiones 
del Norte Grande, del Nuevo Cuyo y de la Patagonia, que encaran la 
realización de grandes emprendimientos conjuntos. Los gobernadores del 
Nuevo Cuyo, por ejemplo, ya han encarado negociaciones conjuntas en Chile.

Esto significa que, además de la masa crítica de recursos necesarios, 
derivada básicamente de las inversiones extranjeras directas y de la 
expansión agropecuaria, más el incremento en los últimos años de los 
recursos percibidos en concepto de coparticipación federal y de regalías, 
las provincias argentinas cuentan hoy también con las herramientas 
político-institucionales necesarios para concretar su histórica vocación 
federal. Corresponde a la lucidez de sus gobernantes, a su capacidad para 
comprender la magnitud de los cambios operados y de las nuevas 
oportunidades abiertas, la enorme responsabilidad de estar a la altura de este 
nuevo desafío.

El país encara hoy la reasunción efectiva de su tradición federal. Al 
desarrollo de su frontera atlántica, que la conecta principalmente con 
Europa, cuyo nudo de comunicación es el puerto de Buenos Aires, se 
agrega ahora la expansión de su hasta hoy casi olvidada frontera americana. 
A través de la integración regional con los países vecinos, se abren 
nuevas oportunidades de crecimiento para el conjunto de las provincias 
argentinas.


En Europa prevalece, sin embargo, una visión crítica del
"capitalismo salvaje" y una concepción menos optimista
de las consecuencias de la globalización de la economía 

A la hora de analizar teorías, primero hay que atenerse a los hechos: 
Estados Unidos sigue estando a la cabeza de las profundas 
transformaciones operadas en la economía internacional. 1996 es el sexto año 
consecutivo de crecimiento ininterrumpido de la economía norteamericana. En ese 
lapso, ha aumentado además su tasa de productividad a un ritmo del 3% 
anual desde 1990, un porcentaje aún más elevado que el de los años 
anteriores. Esto aumenta correlativamente su competitividad internacional. 
El ritmo de incremento de las exportaciones estadounidenses en la década 
del 90 es de un 12% anual, un promedio cuatro veces superior a la 
elevación de esa tasa de productividad.

Todo ello sucede porque los Estados Unidos van adelante en el proceso 
de absorción de la revolución tecnológica y su despliegue en el 
escenario productivo. Lo que hoy está a la vista no es la tantas veces 
anunciada decadencia de la economía norteamericana, sino los formidables 
resultados de la reconversión estructural acelerada que se registró en la 
década del 80.

En cambio, Europa Occidental y Japón están en una situación de virtual 
estancamiento desde 1990. La economía europea afronta hoy terribles 
dificultades para mejorar su nivel de competitividad. Salvo, y hasta 
cierto punto, Alemania, ninguno de los de la Unión Europea está actualmente 
en condiciones de adecuarse sin grandes sacrificios a los requisitos 
fijados por el Tratado de Maastrich. Todos deberán afrontar una dum fase 
de ajuste económico para adecuarse a las exigencias de la competencia 
en un mundo económicamente globalizado. Ese es el duro panorama que 
deben afrontar, sin ir más lejos, Jacques Chirac en Francia y José María 
Aznar en España.

Esta diferencia de situaciones explica en parte por qué Europa 
Occidental, con una legislación laboral marcadamente proteccionista, tiene hoy 
tasas de desempleo en crecimiento, con un promedio cercano al 12% (la 
más baja es la de Gran Bretaña, con el 7,2%), mientras que Estados 
Unidos, con un régimen laboral extremadamente flexible, presenta actualmente 
una tasa de desocupación, en descenso, de alrededor del 5%, una de las 
más bajas del planeta.

Quienes proponen para la Argentina un supuesto "camino europeo", que en 
el fondo consiste en una versión desteñida de la socialdemocracia de 
antaño, ignoran que el viejo continente esta tratando precisamente de 
abandonar el rumbo que algunos preconizan para nuestro país. Eso les 
impide también entender las razones de la sincera admiración con que suele 
mirarse en Europa las transformaciones estructurales de la economía 
argentina.


La retirada del Estado dejó huérfana a la Argentina 
en la realización de grandes obras de infraestructura
que no pueden ser acometidas por el capital privado

La Argentina está protagonizando una verdadera revolución en el terreno 
de las comunicaciones, sector que constituye la llave de acceso a lo 
más avanzado en la economía mundial. Desde la privatización de Entel, la 
capacidad instalada aumentó de 2.900.000 a más de 6.000.000 de líneas 
telefónicas, en un proceso de constante expansión que alcanza e 
intercomunica a los lugares más recónditos del territorio nacional. En 1997 
seremos uno de los primeros países del mundo en tener un sistema de 
comunicaciones absolutamente digitalizado.

Hoy somos uno de los tres primeros países del mundo en la relación 
cantidad de fibra óptica por habitante, dato que nos coloca en una 
situación verdaderamente excelente para insertarnos en la denominada 'autopista 
de la información". Digitalización más fibra óptica constituyen tal vez 
la llave más importante para el acceso a lo más avanzado de la 
tecnología productiva de la época.

En la misma dirección se inscribe la vertiginosa expansión de la 
televisión por cable: la cantidad de abonados supera ya el 50% de los 
hogares, proporción que nos ubica entre los cinco principales países del 
planeta. Con esos avances, la Argentina está en vísperas de ingresar en 
materia de comunicaciones en la era de la interactividad.

La privatización del sistema energético, que aún resta por completar en 
algunas provincias, ha provocado en los últimos cinco años una drástica 
reducción de los precios de la energía industrial, hecho que representa 
una importante rebaja de costos que favorece la mayor competividad de 
la economía argentina.

Fenómenos similares ocurren, en mayor o menor medida, en la red 
caminera a partir de la generalización de los mecanismos de construcción por 
peaje, en los puertos luego de la política de desrregulación y de 
privatizaciones, que facilitó el incremento de nuestra exportaciones 
industriales y agropecuarias, en el transporte ferroviario y automotor de 
mercaderías y en los demás aspectos vinculados con la infraestructura básica 
necesaria para el crecimiento económico.

Quienes criticaron la política de privatizaciones con el argumento de 
que el Estado no debía delegar en el sector privado su obligación de 
garantizar el mejoramiento y la expansión de la infraestructura económica 
argentina deben reconocer que se han equivocado de medio a medio: miles 
y miles de millones de dólares de inversión privada nacional y 
extranjera han permitido precisamente este gigantesco salto adelante, que jamás 
hubiera sido posible financiar con el erario público y mucho menos en 
las condiciones de colapso económico en que se encontraba el Estado 
argentino en 1989.


Las políticas en marcha orientan a la Argentina en la dirección de 
convertirse
en una sociedad dualista, cada vez con mayor pobreza y marginación 
social

Es absolutamente inadmisible que un país con las posibilidades de la 
Argentina cuya historia política fue además marcada por la obra de 
justicia social y dignificación humana protagonizada por el peronismo, 
presente todavía las situaciones de miseria y marginalidad que afectan a 
millones de nuestros compatriotas.

La preocupación por una sociedad más justa, razón de ser histórica del 
peronismo, está en la raíz misma del apoyo popular que acompañó al 
proceso de transformación iniciado en 1989. La Argentina de julio del 89, 
azotada por la hiperinflación y conmovida por los saqueos a los 
supermercados, configuraba el modelo de sociedad más dualista de toda nuestra 
historia.

La inflación institucionalizada durante largas décadas, y su eclosión 
en el estallido hiperinflacionario, constituyeron la peor y más drástica 
redistribución regresiva del ingreso nacional. Los sectores socialmente 
mas postergados, que no podían intentar "salvarse" con la especulación 
cambiaria a la que apelaban las clases más pudientes, que se 
beneficiaban con la estampida del dólar, sufrieron en esas épocas la más salvaje 
agresión a su nivel de vida de todos los tiempos.

La estabilidad económica, consolidada en 1991 a partir de la sanción de 
la Ley de Convertibilidad, permitió una recuperación del poder 
adquisitivo de las franjas de menores ingresos, que se tradujo en un sensible 
incremento del consumo popular que se prolongó hasta fines de 1994, 
evidenciado en todos los indicadores económicos de esos años.

La recesión iniciada con el "efecto tequila" frenó ese proceso y 
agudizó el aumento de la tasa de desocupación, que ya había empezado a crecer 
como producto del achicamiento del Estado y de la acelerada 
reconversión tecnológica del sistema productivo. Los índices de pobreza, que 
habían disminuido entre 1991 y 1994, volvieron a aumentar, aunque las cifras 
sean notoriamente inferiores a las de 1989.

El desafío de esta nueva etapa es dar respuesta a la demanda 
generalizada de un "puente social" que ayude a la reinserción de los millones de 
compatriotas que padecen los efectos negativos de la reconversión 
económica, sin echar por la borda los avances registrados en la 
transformación de la economía argentina, cuyo crecimiento sostenido es la única 
solución estructural para las vastas asignaturas sociales pendientes.

Esto requiere básicamente una lucha frontal contra la evasión fiscal, 
que sustrae anualmente miles y miles de millones de dólares que podrían 
emplearse en una profunda reorientación del gasto social, encarada con 
un criterio que garantice que los programas lleguen efectivamente a sus 
beneficiarios. Porque, no está de más consignarlo, el volumen del gasto 
social en la Argentina de hoy es el más elevado de hace muchos años. 
Ello ratifica la necesidad de un mejor diseño de las políticas sociales, 
de una mayor descentralización operativa, con la intervención de las 
provincias y de los municipios, y de una amplia participación de la 
sociedad civil, a través de las organizaciones no gubernamentales.

Solamente con las siderales cifras verificadas en casos como el de la 
"aduana paralela" y el de los frigoríficos de la provincia de Buenos 
Aires, sin contar otros episodios como el caso de la "mafia del oro" o los 
miles y miles de millones de dólares anuales de evasión previsional» 
hubiera sido posible contar con una masa de recursos suficientes como 
para empezar con dicha tarea. Como decía Eva Perón, "donde hay una 
necesidad, hay un derecho". El desafío consiste en aplicar las políticas de 
fondo acertadas para garantizar su ejercicio.

El combate contra la pobreza y la marginalidad social en la Argentina 
de hoy es inseparable entonces de la lucha contra la corrupción en todas 
sus manifestaciones, incluida y en primer lugar el flagelo de la 
evasión tributaria, que en una estimación realista alcanza a alrededor de 
quince mil millones de dólares anuales.


La estabilidad monetaria está fundada en bases muy precarias,
porque está sostenida por un sideral incremento de la deuda externa

La deuda externa argentina es de alrededor del 30% del producto bruto 
interno. Para medir su significación económica, conviene consignar que 
en Alemania es del 62%, en Francia del 59%, en Italia del 119%, en 
Austria del 72%, en Suecia del 75%, en España del 66% y en Dinamarca del 
65%.

La incorporación argentina al "Plan Brady", que regularizó nuestra 
situación en el mercado financiero internacional, puso fin a un estado de 
aislamiento cuya prolongación nos hubiera llevado a la condición en la 
que actualmente se encuentra la mayoría de los países africanos, 
privados de toda posibilidad de recurrir al crédito externo y a las 
inversiones extranjeras directas para financiar su crecimiento económico.

Los indicadores macroeconómicos positivos de la economía nacional y la 
fuerte liquidez existente en el mercado financiero internacional 
permiten ahora encarar con seriedad un vasto y complejo proceso de 
renegociación de los vencimientos externos, para aliviar en la coyuntura el 
excesivo peso de esa deuda. De hecho, en 1996 la Argentina ya ha empezado a 
conseguir préstamos internacionales a treinta arios de plazo, algo 
inimaginable hasta hace poco tiempo. Y hasta hay un caso ya de un préstamo 
externo en pesos argentinos, hecho inédito que supone la existencia de 
una muy fuerte confianza en !a estabilidad a largo plazo de la moneda 
nacional.

Esto no es producto de la casualidad. El sistema económico argentino ha 
superado en los últimos dos años sendas pruebas de fuego. La primera 
fue, contra los pronósticos de la mayoría de las consultoras mundiales, 
haber salido airosa del tremendo efecto de la crisis mexicana, que 
implicó para la Argentina en 1995 la fuga de alrededor de ocho mil millones 
de dólares, sin tener que recurrir a devaluar su moneda. La segunda 
prueba crítica fue haber superado sin sobresaltos, también aquí contra 
casi todos los pronósticos, la salida del Ministerio de Economía de 
Domingo Cavallo. Ambos hechos constituyeron sendos éxitos que verificaron la 
solidez de la economía argentina y mejoraron nuestra capacidad de 
negociación internacional.

De allí que la posible renegociación de los pagos de la deuda externa 
no puede manejarse como una mera consigna política, ni mucho menos el 
producto de un acto unilateral de carácter compulsivo, que como tal nos 
retrotraería a la Argentina que quedó atrás en julio de 1989. Es, en 
todo caso, el resultado de una compleja negociación con la banca 
acreedora. Y la base de esa negociación no puede ser otra que la continuidad y 
profundización de las reformas económicas implementadas en estos siete 
años.


Ningún país puede crecer únicamente a través de las inversiones 
extranjeras,
sin buscar fuentes de financiación interna para su desarrollo económico

La prioridad absoluta de la Argentina es el crecimiento económico, cuyo 
motor fundamental son las inversiones. En ese sentido, la poderosa 
corriente de inversiones extranjeras directas que dinamizó la economía 
argentina en los últimos años, y que tiende a profundizarse, cumple un rol 
central para un país caracterizado por su bajo ritmo de capitalización.

Sin embargo, la aceleración del ritmo del crecimiento depende también 
de la capacidad para incrementar el ahorro interno, que incidiría 
favorablemente también en la baja de las actualmente elevadas tasas de 
interés bancario. La reforma previsional que permitió la constitución de los 
fondos privados de pensión, cuyos activos se encuentran en constante 
expansión, implica una innovación de singular importancia en esa 
dirección. Actualmente, el monto administrado por las AFJP asciende a alrededor 
de 6.300 millones de dólares. En cuatro años más, la previsión es que 
será de aproximadamente quince mil millones de dólares.

Conviene recordar que en Estados Unidos y en Chile ese mecanismo de 
ahorro interno representa un factor absolutamente decisivo para las 
inversiones en que se funda la prosperidad económica de ambos países.


En el actual modelo, el Estado ha pasado a ser una entelequia, 
sin ninguna capacidad de influir en los acontecimientos

La Ley de Convertibilidad, columna vertebral de la estabilidad y la 
transformación económica argentina y la puesta en marcha del MerCoSur, 
punto de partida de nuestra reinserción en el escenario mundial, son dos 
ejemplos claros de una recuperación de poder y de la capacidad de 
iniciativa del Estado en su misión esencial de orientar estratégicamente el 
rumbo la Nación.

El malentendido en que muchos incurren nace de confundir el "Estado 
fuerte" con el "Estado gordo". El Estado argentino de 1989 era propietario 
de enormes empresas ineficientes y deficitarias, podía dispensar 
múltiples dádivas y subsidios, manipulaba infinidad de regulaciones que 
restringían la actividad económica y proporcionaba empleo burocrático a 
centenares de miles de personas. Sin embargo, no tenía poder real. Estaba 
vaciado económicamente, sin capacidad de cobrar impuestos para contar 
con recursos genuinos para su desenvolvimiento ni reservas de divisas 
para defender el valor de una moneda constantemente depreciada por la 
especulación cambiaria. Ni siquiera había consolidado el monopolio el uso 
de la fuerza, carcomido por recurrentes brotes de indisciplina militar. 
Carecía, por lo tanto, de las condiciones elementales para ordenar a 
los distintos factores de poder y para orientar el rumbo de la Nación.

En los últimos siete años, a pesar de las fuertes ineficiencias que 
subsisten en la organización estatal, y que exigen todavía una 
remodelación profunda de su estructura y funcionamiento, el Estado empezó a 
recuperar los atributos esenciales inherentes a su existencia. Elevó 
fuertemente la recaudación fiscal hasta llegar a financiarse casi totalmente 
con recursos genuinos. Redujo su vulnerabilidad al incrementar 
sideralmente las reservas del Banco Central, que pasaron de cien millones de 
dólares en julio de 1989 a cerca de 20.000 millones de dólares. Consiguió 
reimplantar la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. 
Logró, en síntesis, acumular la masa crítica de poder político y económico 
como para liderar un proceso de transformación que sería inimaginable 
sin su liderazgo político.

En cambio, falta sí avanzar en profundidad en una tarea de refundación 
del Estado para mejorar su capacidad de brindar servicios esenciales a 
la sociedad. No alcanza con "achicar" estructuras burocráticas. La 
exigencia de esta etapa es "reinventar el gobierno". Para ello tiene que 
contar con estructuras flexibles, adecuables permanentemente a las 
exigencias siempre cambiantes de las circunstancias, y articular mecanismos 
eficaces para la formulación, implementación y evaluación de políticas 
públicas. En términos políticos, el Estado tiene que generar certidumbre 
en la conducción del proceso de cambio.


El desmantelamiento del Estado restó posibilidades
para la reducción de las enormes desigualdades sociales

El Estado argentino de 1989 no sólo era económicamente inviable, como 
quedó patentizado con la hiperinflación. Era también el botín de guerra 
de las corporaciones empresarias que configuraban la "Patria 
Contratista" y fundaban su prosperidad en las contrataciones leoninas con las 
empresas estatales, en las licitaciones públicas, en los subsidios y 
prebendas de todo tipo. Era el paraíso de la "Patria Financiera", que hacía 
su agosto prestando a alto interés a un Estado exhausto que. agotada la 
financiación externa, recurría al endeudamiento interno para solventar 
el fenomenal déficit presupuestario. Era un Estado que, en vez de 
brindar adecuados servicios a las franjas más desfavorecidas de la sociedad, 
beneficiaba principalmente entonces a una reducida y poderosa minoría 
de privilegiados. No tenía nada que ver con el mítico "Estado de 
Bienestar", salvo en lo referido al "bienestar" de los que ya estaban muy 
bien. Desmantelar "ese" Estado no solamente era económicamente 
imprescindible. Era, asimismo, un acto de justicia.

Esto no quiere decir que la Argentina de hoy pueda conformarse con un 
Estado inerte. Exige un Estado fuerte y eficaz, que pueda cumplir sus 
misiones indelegables en materia de salud, educación, seguridad, defensa, 
justicia y acción social, fiscalizar adecuadamente el funcionamiento de 
los servicios públicos confiados a la gestión privada y asumir las 
tareas vinculadas con la preservación del medio ambiente y la lucha frontal 
contra el lavado de dinero y el narcotráfico.

Para avanzar en su transformación, la Argentina necesita una verdadera 
refundación del Estado. Sólo en esas condiciones podrá afrontarse con 
éxito la lucha contra el desempleo, la pobreza y la marginalidad, 
prioridad insoslayable de una sociedad más justa, que conjugue la 
racionalidad económica con la equidad social.


Pero en definitiva  Menem destruyó el Estado peronista

Lo primero que hay que decir, para ser históricamente exactos, es que 
el intervencionismo estatal en la economía no fue una creación de Perón. 
Su verdadero origen se remonta a los gobiernos de la década del 30, que 
respondieron así al agotamiento del viejo modelo agro-exportador, 
exhibido en la crisis mundial de 1929, y trataron de adecuar a la Argentina 
al convulsionado escenario mundial de entreguerra, caracterizado en 
Occidente por el auge de la ideología económica "keynesiana" y por el 
avance del estatismo en todas partes, desde la Unión Soviética, la Alemania 
nazi y la Italia fascista, pasando por la Francia del Frente Popular y 
el "New Deal" de Roosevelt en los Estados Unidos.

En la década del 30, durante la presidencia de Agustín P. Justo y con 
el poderoso influjo de Federico Pinedo desde el Ministerio de Hacienda, 
se decidió la creación de las Juntas Reguladoras de Carnes, de Trigo, 
de Algodón, del Azúcar y de la Yerba Mate, la fundación del Banco 
Central, la implantación del control de cambios, la sanción de la ley del 
Impuesto a los Réditos y todo un vasto conjunto de medidas e instituciones 
que ensancharon sensiblemente el espacio económico del Estado 
argentino, que siguió creciendo durante el gobierno de Ramón Castillo, al calor 
del estado de emergencia generado por el estallido de la segunda guerra 
mundial.

Lo que hizo Perón fue heredar ese Estado, forjado por los gobiernos 
conservadores, y ampliarlo con la incorporación de las empresas 
prestadoras de servicios públicos, cuya nacionalización ya había preconizado el 
mismo Pinedo en su famoso "Plan de Emergencia" de 1940, pero cambiando 
el sentido y la orientación de la acción estatal, que dejó de centrarse 
en la preservación de los intereses de las clases poseedoras para 
orientarse decididamente hacia una redistribución del ingreso nacional en 
beneficio de los sectores socialmente más desfavorecidos.

La verdadera originalidad de Perón no residió entonces en los 
instrumentos económicos utilizados por su gobierno, en gran medida heredados de 
sus antecesores y utilizados en aquella época en el mundo entero, sino 
en el empleo de esos mismos resortes para impulsar una profunda 
revolución social que inmortalizó su recuerdo en las grandes mayorías 
argentinas.

Tanto es así que los gobiernos que se sucedieron desde 1955 no 
modificaron fundamentalmente esa estructura estatal. Abandonaron, sí, el 
sentido que le había impreso el peronismo. La máquina burocrática del Estado 
fue generando un creciente déficit público y su acción benefició cada 
vez menos a los sectores socialmente más postergados y cada vez más a 
los grupos empresarios que supieron lucrar con ella.

El proteccionismo económico de aquella época puede entenderse como la 
utilización de una política defensiva empleada anteriormente por todos 
los países en la fase incipiente de su crecimiento industrial. En ese 
sentido, contribuyó a la consolidación de un empresariado nacional. Pero 
el mantenimiento de esa política proteccionista a lo largo de los años, 
y más allá de los propósitos que la inspiraron, generó una ausencia de 
estímulos a la competitividad que descolocó internacionalmente a la 
industria argentina, que recién empieza a reposicionarse en el mercado 
mundial a partir de la apertura económica iniciada en 1939, como se 
demuestra en el fuerte crecimiento registrado en la producción industrial y 
el acelerado incremento de las exportaciones no tradicionales.


Las encuestas indican una constante caída en la imagen del gobierno

Las encuestas son un instrumento muy útil, a condición de saber 
leerlas. Es evidente la existencia de una baja en la credibilidad pública en 
el gobierno nacional. Lo que resultan absolutamente pueriles son las 
interpretaciones que pretenden vincular mecánicamente ese dato con las 
cifras de desempleo o con el presunto agotamiento del programa económico: 
el 14 de mayo de 1995, con un nivel de desocupación del 18,6%, más alto 
que el actual y el más elevado que registran las serias estadísticas 
argentinas, Menem obtuvo la reelección con el 50% de los votos, un 
porcentaje mayor que el que había alcanzado seis años antes. Un éxito 
político que reconoce como único precedente en este siglo la realizada por 
Perón en las elecciones de noviembre de 1951.

En realidad lo más significativo que revela un análisis detallado de 
los sondeos de opinión es que esa situación de creciente pérdida de 
credibilidad abarca al conjunto de la clase política argentina, dentro y 
fuera del gobierno. Lo más importante que indican en realidad las 
encuestas es un alarmante divorcio entre la sociedad política y la sociedad 
civil. La gente común se siente cada vez menos interpretada por sus 
dirigentes.

Hay muchas razones que explican este fenómeno, pero una principal: 
existe una convicción ampliamente extendida acerca del retraso de 
importantes sectores de la dirigencia política en relación a la comprensión y el 
sentido de las transformaciones estructurales operadas en la Argentina 
desde julio de 1989.

El mensaje político, en la mayoría de los casos, alude en el fondo a 
una Argentina que ya fue y no a la Argentina real de hoy. a sus 
verdaderos problemas y a sus posibles soluciones.

De allí que los mayores éxitos políticos de los últimos años, dentro y 
fuera del peronismo, hayan tenido por protagonistas a figuras 
visualizadas por la opinión pública como independientes de los aparatos 
partidarios.

Este fenómeno, que sintoniza en rigor con una oleada mundial, dista de 
ser casual: el afianzamiento del sistema democrático, reinstaurado en 
1983 con la presidencia de Raúl Alfonsín, y del nuevo sistema económico, 
implantado a partir de 1989 y consolidado con la Ley de Convertibilidad 
en 1991, el afianzamiento de la estabilidad, los profundos cambios 
operados en los más diversos aspectos de la realidad nacional y los 
poderosos efectos de la revolución de la información, característica central 
de nuestra época, generan entre otras consecuencias una modificación de 
las expectativas de la sociedad, mayores niveles de exigencia y una 
fuerte demanda de transparencia en la vida política.

Una opinión pública como la argentina, de alto nivel cultural, puesta 
hoy en estrecho contacto con el mundo, se siente cada vez menos 
contenida y expresada por los estilos políticos tradicionales.

Todo esto explica por qué, en los más diversos estratos de la sociedad 
argentina, emerge hoy la necesidad de una Revolución Política, basada 
en la profundización de la democracia reinstaurada en 1983, como 
condición indispensable para restablecer la confianza en las instituciones 
públicas y encarar las soluciones apropiadas a los múltiples desafíos 
pendientes. cuya insatisfacción generó una sensación de desánimo colectivo.

Hay que recrear la política para ponerla en sintonía con la sociedad y 
volver a colocarla en su verdadero y trascendente lugar de síntesis de 
las expectativas comunitarias.


La política se hace cada vez más al margen de la gente

La reforma constitucional de 1994 incorpora expresamente !os mecanismos 
de democracia directa y semidirecta, cuya utilización intensifica la 
participación del pueblo en las decisiones y fortalece la legitimidad del 
sistema político. El referendum, la iniciativa popular y la consulta 
popular constituyen instrumentos revolucionarios, cuya utilización puede 
contribuir decisivamente al desarrollo de la Revolución Política 
necesaria para recrear y profundizar la democracia argentina. A nivel 
nacional, resulta indispensable que el Parlamento sancione rápidamente la 
reglamentación legal correspondiente, para que esos nuevos mecanismos 
adquieran vigencia operativa.

Pero no se trata de esperar sentados, sino de exigir que el Congreso 
Nacional cumpla con su obligación. Por otra parte, numerosas 
constituciones provinciales y cartas orgánicas municipales ya establecieron la 
vigencia efectiva de los mecanismos de democracia directa y semidirecta. En 
Mar del Plata, un intendente radical recurrió a la consulta popular 
para que la población aprobara un aumento impositivo para financiar un 
plan de obras predeterminado. Esto significa que ya mismo, especialmente a 
nivel local, es posible avanzar en el camino de la profundización de la 
democracia, que cierre la brecha abierta entre el sistema político y la 
sociedad. Porque los problemas de la democracia se resuelven con más 
democracia.


Las trenzas partidarias impiden la participación popular

La reivindicación de la legitimidad de la acción política exige una 
oxigenación de la vida partidaria. El predominio de los aparatos 
tradicionales y de las viejas prácticas clientelísticas agudiza el desprestigio 
de la "clase política" y el descreimiento de la gente en las 
dirigencias partidarias. Esto no se soluciona con un simple recambio de figuras, 
sino con una reforma de fondo en el actual sistema político, que 
fortalezca su legitimidad democrática.

La modificación de la legislación electoral, para sustituir al 
desacreditado mecanismo de las "listas sábana", y la instauración de las 
"internas abiertas" para la nominación de los candidatos a cargos electivos, 
tanto a nivel nacional como provincial y municipal, constituyen dos 
herramientas fundamentales para represtigiar la política en base a una 
mayor participación popular, a las que habría que añadir una nueva ley de 
financiación de los partidos políticos, que mejore la transparencia del 
sistema y reduzca así los márgenes de corrupción.

La dirigencia política argentina debe terminar de asumir que los 
aparatos partidarios y los viejos estilos clientelísticos tienen cada vez 
menos cabida en la sociedad. En rigor de verdad, este fenómeno se 
manifiesta con creciente intensidad desde la restauración democrática en el 
surgimiento de los grandes liderazgos políticos. En 1983, la candidatura 
de Alfonsín se impuso desde afuera hacia adentro de la estructura del 
radicalismo. Con mucha mayor claridad, el triunfo de Menem en las 
elecciones internas del justicialismo en julio de 1988 fue una victoria 
lograda a expensas del conjunto del aparato partidario.


Pero los partidos no son la gente

Perón se cansó de repetir que "lo mejor que tenemos es el pueblo". Por 
ello. en la Argentina el signo distintivo de la consolidación del 
sistema democrático es el fortalecimiento de la sociedad civil. En esta 
nueva era económica, cultural y política, es cada vez más reducido el 
espacio de los aparatos estatales. En cambio, es mayor el rol de las 
múltiples expresiones que configuran el complejo y polifacético tejido de la 
sociedad.

De allí la importancia que en todos los órdenes de la vida pública 
adquieren lo que en el léxico oficial de las Naciones Unidas son las 
"organizaciones no gubernamentales", aquéllas que Perón bautizara muchos años 
antes como las "organizaciones libres del pueblo". pilares de la 
"comunidad organizada".

En realidad, esas "ONG" podrían ya empezar a definirse como 
"organizaciones neogubernamentales": su acción está concebida cada vez más como 
supletoria del Estado. Conforman lo que hoy suele denominarse el "Tercer 
Sector", para diferenciarlo del estatal y del económico privado, con 
una esfera de responsabilidad cada vez más amplia, en la que se canaliza 
una inmensa energía social, que se aprecia en la superficie política.

El Estado y los partidos políticos deben adecuarse a esa realidad. Esto 
implica abrir un diálogo permanente con la sociedad civil, que facilite 
la participación de las organizaciones sociales en la resolución de los 
problemas cotidianos, para canalizar positivamente la enorme energía 
creadora que existe en nuestro pueblo, a menudo sofocada por las 
burocracias estatales y partidarias.

Pero las organizaciones sociales en la época que vivimos no son algo 
estático. Cambian continuamente, junto con la sociedad y sus nuevos 
desafíos. Nada tienen que ver con la vieja imagen de la Argentina 
corporativa. Expresan movimientos sociales surgidos al calor de una problemática 
nueva. A veces nacen incluso con un objetivo puntual y específico y 
desaparecen con su cumplimiento.

De allí que la noción de "comunidad organizada", tan cara a la historia 
del peronismo, no evoque hoy a un sistema fijo y predeterminado de 
instituciones sociales, establecido e inmutable, característico de la Edad 
Media o de la propia sociedad industrial. La "comunidad organizada" del 
siglo XXI, en el mundo que el pensador norteamericano Alvin Toffler 
definió como de la "tercera ola", constituye un concepto eminentemente 
dinámico, abierto permantemente al cambio de las expectativas y de las 
formas organizativas de una sociedad en constante ebullición, cada vez más 
exigente y mejor informada, que concibe a la democracia no como una 
simple forma de representación política, sino como un mecanismo de 
participación y de autogobierno popular.

Esta nueva realidad se expresa en todos los planos, pero tiene sus 
manifestaciones mas concretas y cotidianas en los niveles locales, donde 
existe mayor proximidad entre el ciudadano y la cosa pública. En ese 
sentido, un fenómeno de singular trascendencia política y social es la 
revalorización generalizada del rol de los municipios y la importancia 
creciente que adquiere en las preocupaciones populares la problemática de 
las ciudades. Una de las consecuencias de la tendencia a la 
globalización es, paradójicamente, el ensanchamiento del espacio de acción de las 
unidades política y socialmente más pequeñas, en las que se puede 
manifestar con mayor tuerza el protagonismo social.


La política de Menem propicia la destrucción del sindicalismo,
que es la columna vertebral del Movimiento Peronista

No es un secreto para nadie que entre los signos distintivos de la 
nueva realidad mundial figura una crisis de las estructuras sindicales, que 
en todas partes buscan afanosamente una reformulación que les permita 
afrontar los nuevos desafíos sociales que plantea la economía 
globalizada y el nacimiento de la sociedad postindustrial.

Es natural entonces que dicha crisis sea aún más hondamente perceptible 
en la Argentina, en la que la experiencia del peronismo posibilitó la 
consolidación de una de las organizaciones sindicales más sólidas del 
planeta. Más aún cuando el movimiento obrero debe avanzar en esa 
reformulación bajo un gobierno peronista comprometido en una vasta empresa de 
transformación y modernización económica ajena a sus pautas 
programáticas tradicionales.

Cabe decir, sin embargo, que no es la primera vez que el sindicalismo 
peronista tiene que protagonizar una dura etapa de readecuación política 
ante las sucesivas etapas de la historia del justicialismo. En 1946, 
apenas asumido Perón, la decisión de disolver el Partido Laborista, para 
integrarse en el flamante Partido Peronista, marcó un punto de 
conflicto con un sector de la dirigencia gremial, encabezado por Cipriano 
Reyes, uno de los artífices organizativos del 17 de octubre, que prefería 
mantener su independencia política. Esa colisión, que terminó con Reyes 
en la cárcel, tuvo su coletazo, poco tiempo después, con el reemplazo de 
Luis Gay. otro importante dirigente laborista, en la secretaría general 
de la CGT. A partir de entonces, Perón consolidó su control sobre el 
aparato sindical hasta 1955 y los trabajadores argentinos tuvieron la 
"edad de oro" de su historia.

En ese marco, conviene empero recordar los reacomodamientos que estaban 
en ciernes durante la segunda presidencia de Perón. El Segundo Plan 
Quinquenal implicaba ya una mayor preocupación por la racionalidad 
económica. La gestión de Alfredo Gómez Morales supuso un fuerte énfasis en la 
búsqueda del equilibrio fiscal. El gobierno peronista empezaba a 
alentar la radicación de inversiones extranjeras. En línea con este nuevo 
rumbo económico, las fuertes discusiones suscitadas en el famoso Congreso 
de la Productividad, en abril de 1955, giraban precisamente en torno a 
la necesidad de adecuar ciertos aspectos de la legislación laboral a 
los requerimientos de la realidad económica.

Durante el prolongado período de proscripción del peronismo, las 
estructuras sindicales, obligadas a negociar con los gobierno de turno, tanto 
civiles como militares, también chocaron en diversas ocasiones con 
Perón. El surgimiento del "vandorismo" fue la más diáfana expresión de esas 
contradicciones. En 1975, en tiempos del célebre "rodrigazo", entraron 
asimismo en franca confrontación con Isabel Perón, cuando se intentó 
anular los aumentos salariales establecidos en los convenios colectivos 
de trabajo.

Sin embargo, esos conflictos no nublaron lo esencial: desde 1955, el 
sindicalismo fue sin duda la "columna vertebral" del peronismo, la 
estructura organizativa que, en las prolongadas épocas de proscripción, le 
permitió sobrevivir intacto a su largo ostracismo político.

Desde 1989, el aparato sindical debió adecuarse a una situación 
política y económicamente novedosa. Políticamente, porque el liderazgo de 
Menem tenía mayor ascendiente sobre las bases obreras que el conjunto de la 
dirigencia gremial, restando a ésta capacidad de presión sobre el 
gobierno. Económicamente, porque el viraje hacia las privatizaciones y la 
economía de mercado alteró las bases estructurales sobre las que asentaba 
históricamente el poder sindical en la Argentina.

En estos términos, el desafío que afronta hoy la dirigencia sindical 
reside en la imperiosa necesidad de readecuar su perspectiva, su 
estructura y su metodología de acción a las nuevas exigencias del sistema 
económico, que entre otras cosas demanda una modernización de la legislación 
laboral, que facilite una mayor contratación de personal y apunte hacia 
la descentralización de los mecanismos de negociación colectiva, y una 
profunda reorganización del sistema de las obras sociales gremiales, en 
beneficio de los trabajadores.

La participación gremial en la implementación de los Programas de 
Propiedad Participada aplicados en las empresas públicas privatizadas, en 
las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, en las 
Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, y en algunos casos en las propias 
privatizaciones, como ocurrió por ejemplo en el sector eléctrico y en la 
tercerización de algunas actividades que desarrollaba YPF, revela la 
existencia de signos. aunque parciales y contradictorios, de una voluntad 
política de asociarse al proceso de transformación en marcha.

La rica experiencia histórica del sindicalismo peronista, que ya probó 
su capacidad de adaptación a las circunstancias más adversas, permite 
asegurar que esta vez también sabrá encontrar el camino para renovarse y 
brindar su aporte indispensable a la lucha común por una sociedad más 
justa. Para ello, debe empezar por abandonar una actitud defensiva, 
temerosa ante el cambio, y asumir una estrategia ofensiva, de inserción 
activa en el nuevo curso de la historia.


Esta adscripción de la Argentina al proceso de globalización
afecta hasta la propia conservación de nuestra identidad nacional

La integración argentina en el nuevo escenario mundial, que exige una 
economía cada vez más abierta y altamente competitiva, tiene que estar 
acompañada por una revalorización de nuestra identidad y nuestra cultura 
nacional. Somos un país que siente tener un mensaje propio y una misión 
singular en el concierto universal de las naciones. La sociedad 
planetaria debe escuchar la voz de la Argentina.

Esto implica también que la Argentina tiene que saber hacer escuchar su 
voz. La reafirmación de las tradiciones históricas de nuestro pueblo, 
la profundización de un pensamiento propio, creativo y original, libre 
de los estereotipos europeizantes. Una visión que sea profundamente 
nacional y a la vez universalista, y el desarrollo de fuertes industrias 
culturales, capaces de competir exitosamente en el escenario 
latinoamericano. continental y mundial, constituyen los requisitos básicos para esa 
presencia activa de nuestro país en el escenario internacional del 
siglo XXI.

En el "Modelo Argentino", en 1974, Perón decía que "estamos en la 
aurora de un nuevo renacimiento, pero seríamos muy ingenuos si confiáramos 
en que tal renacimiento resultara un producto espontáneo de la historia 
del mundo". Y agregaba: "el universalismo constituye un horizonte que 
ya se vislumbra y no hay contradicción alguna en afirmar que la 
posibilidad de sumarnos a esta etapa naciente descansa en la exigencia de ser 
más argentinos que nunca. El desarraigo anula al hombre y lo convierte 
en indefinido habitante de un universo ajeno".

Ya a comienzos de este siglo, Nietzsche invitaba a los hombres a tener 
en cuenta el ejemplo de los árboles, que "cuanto más crecen, más hunden 
sus raíces en la tierra".


También se pierde la identidad peronista
cuando Menem se junta con Alsogaray o se abraza con el Almirante Rojas

Una de las consecuencias cultural y socialmente más importantes de los 
cambios registrados en los últimos años es la superación de las 
antiguas antinomias que desgarraron a la Argentina.

Por primera vez en su historia, el país no aparece dividido en bandos 
irreconciliables. La antinomia entre civiles y militares, que recorrió 
la Argentina desde 1930, o la opción peronismo-antiperonismo, ya 
pertenecen definitivamente al pasado.

Esto no es resultado de la casualidad. Es imposible superar décadas de 
desencuentros, de dolor y de sangre sin medidas excepcionales para 
alcanzar la pacificación nacional y fijar un nuevo punto de partida. Así 
sucedió en todos los países del mundo que debieron superar situaciones de 
guerra civil. El indulto a los máximos responsables de la "guerra 
sucia", decretado por un presidente que había estado cinco años preso 
durante el pasado régimen militar, simbolizó la reinserción definitiva de las 
Fuerzas Armadas en el sistema democrático reinstaurado en 1983.

Resulta políticamente ingenua la posición de quienes critican a Menem 
por el indulto y a la vez aplauden el aplastamiento de la rebelión 
carapintada de diciembre de 1990, o la autocrítica militar formulada 
públicamente por el general Martín Balza en 1995, sin comprender que son en 
realidad distintas caras de una misma moneda.

Recién a partir de entonces, y después de sesenta años, pudo 
garantizarse la absoluta subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político, 
rota con el golpe militar de septiembre de 1930.

El polémico abrazo entre Menem y el almirante Isaac Rojas no puede 
tampoco desvincularse de la repatriación de los restos de Juan Manuel de 
Rosas, postergada durante más de un siglo, de la decisión de imponer el 
nombre de Perón al Regimiento de Infantería de Montaña de Bariloche o de 
la presencia de una delegación oficial del Ejército Argentino en el 
acto de inauguración de un monumento en memoria del general Juan José 
Valle.

La Argentina empieza a tener, ahora sí, una sola historia, sin réprobos 
y elegidos En rigor de verdad, eso fue lo que intentó Perón en 1972, 
cuando se abrazó con Ricardo Balbín y archivó la frase de que "para un 
peronista no puede haber nada mejor que otro peronistas", para 
sustituirla por el mandato de que "para un argentino no debe haber nada mejor que 
otro argentino".


Nada se ha hecho por amortiguar
el inmenso costo social de la reconversión productiva

El tránsito entre las viejas y las nuevas formas productivas y 
tecnológicas genera siempre e inevitablemente un doloroso proceso de 
reacomodamiento. Es obvio que el Estado no puede permanecer indiferente a la 
realidad de centenares de miles de hombres y mujeres que sufren el drama de 
la desocupación. Entre el pasado y el futuro, existe una larga etapa de 
transición. Para afrontarla, es necesaria la implementación de 
políticas especiales, y hasta de emergencia social, que puedan paliar los 
efectos más negativos de la coyuntura y, sobre todo, crear las condiciones 
estructurales para la superación definitiva del problema.

La acción social frente a la emergencia tiene que desligarse de las 
antiguas concepciones del clientelismo político y del paternalismo 
estatal. La eliminación de la burocracia asistencialista, que reduce la 
eficacia del gasto social, debe venir de la mano de una vasta estrategia de 
descentralización, a nivel de las regiones, las provincias y 
principalmente los municipios, y de la activa participación de las organizaciones 
comunitarias que articulan el voluntariado social.


Pero además de paliativos, se necesita una respuesta de fondo
a la problemática de la desocupación

A mediano y largo plazo, la única respuesta posible al desempleo pasa 
por la necesaria calificación de los recursos humanos para adecuarla a 
las crecientes exigencias de un sistema económico signado por la 
incesante incorporación de nuevas tecnologías. El principal instrumento para 
ello es la educación, formal e informal. La recapacitación laboral, el 
reciclaje y la formación profesional constituyen herramientas 
insustituibles para el mejoramiento del capital humano, factor esencial en una 
economía cada vez más sofisticada y compleja. La vinculación entre el 
sistema educativo y el mundo laboral es una necesidad imperiosa y 
creciente en todas partes del mundo.

La formidable revolución tecnológica que sacude hoy el planeta 
significa el advenimiento de lo que se da en llamar la "sociedad del 
conocimiento o de la información". En esta nueva era, la educación tiende a 
convertirse en el mayor y mejor instrumento disponible para la justicia 
social, porque es la única herramienta idónea para avanzar hacia una 
sociedad basada en la igualdad de oportunidades. Cabría decir que en la 
Argentina de la década del 90 el constante perfeccionamiento en el terreno 
educacional tiene una significación social tan trascendente y 
revolucionaria como tuvo la legislación laboral en la década del 40.

Por su historia, la Argentina está en mucho mejores condiciones para 
afrontar este desafío que los demás países latinoamericanos. Una alta 
tasa de alfabetización, una elevada matriculación en la enseñanza 
secundaria, un crecido porcentaje de la población que cursa estudios terciarios 
y universitarios, una activa vida cultural y un elevado acceso a la 
información, fuertemente incentivado en todo el país a partir de la 
acelerada expansión de la televisión por cable, configuran una base 
suficientemente sólida como para plantearse metas mas ambiciosas.

A partir de esa base, hay que avanzar sin demora. Algo se ha progresado 
en estos últimos años, pero es necesario intensificar el esfuerzo, 
mejorar el empleo de los recursos económicos disponibles y explorar nuevas 
alternativas creativas y originales- que ayuden a mejorar continuamente 
la calidad de la educación, tanto formal como informal, y asociarla 
estrechamente con el nuevo perfil de la demanda laboral, porque allí está 
la llave del porvenir.


Nadie cree hoy en la justicia

La reorganización del Poder Judicial, para restablecer su imagen de 
confiabilidad ante la opinión pública interna y externa, es una necesidad 
política y económica. Política porque es una de las expresiones más 
nítidas de la demanda de transparencia de la sociedad argentina, 
particularmente sensibilizada con el tema de la corrupción. Económica porque 
surge de los grandes cambios operados en los últimos años: la vigencia de 
una economía de mercado en acelerada expansión supone, entre otras 
consecuencias, una multiplicación de las transacciones privadas en todos 
los órdenes y un mayor nivel de exigencia sobre la calidad de la 
administración de justicia.

El afianzamiento de la seguridad jurídica no es sólo una condición 
fundamental para la profundización de la corriente de inversiones 
extranjeras directas que garantiza el crecimiento sostenido de la economía 
nacional. Representa también un elemento fundamental en la calificación de 
la tasa "riesgo país", que define las tasas de interés de los préstamos 
internacionales a la Argentina, que incide a su vez en la tasa de 
interés bancaria local, cuyo elevado nivel configura actualmente una de las 
más serias restricciones para las pequeñas y medianas empresas, cuya 
superación tendría un efecto directo en la reducción del desempleo.

La sanción de la ley que reglamenta la integración y el funcionamiento 
del Consejo de la Magistratura, creado por la reforma constitucional de 
1994, constituye un paso trascendente en esa dirección, por cuanto 
mejora el sistema de selección de los magistrados y configura un ámbito 
institucionalmente más idóneo para la sustanciación del mecanismo del 
juicio político. La modificación del régimen legal que regula el 
funcionamiento del Ministerio Publico y garantiza la independencia de su 
desenvolvimiento es otro hecho muy significativo. Ambas innovaciones deben 
constituirse en el punto de partida de una vasta tarea de oxigenación del 
Poder Judicial.

La extensión del mecanismo procesal del juicio oral y público, la 
posible implementación del juicio por jurados, establecido en la 
Constitución de 1853 y jamás puesto en práctica, y la alternativa de la elección 
popular de los fiscales, tal cual sucede en países como Estados Unidos, 
podrían contribuir también a incrementar la transparencia en la 
administración de justicia y, en esa medida, a consolidar la indispensable 
confianza de la sociedad en las instituciones públicas.


Es imposible hacer nada serio en la Argentina
con estos niveles de corrupción

La cuestión de la corrupción no puede ser analizada desde la óptica 
pequeña de la disputa político-electoral, en la que se buscan culpables 
pero no soluciones. Es necesario concebirla como uno de los problemas 
centrales de América Latina en la década del 90. Ello supone visualizarla 
no sólo desde un punto de vista ético, sino también desde una 
perspectiva estratégica, tanto política como económica.

Es cierto que todo indica que en la Argentina el nivel de corrupción ha 
descendido en los últimos años, en particular en función de la 
privatización de las empresas públicas y la desrregulación de la economía. Pero 
también hay que tener en cuenta las nuevas exigencias que plantean los 
profundos cambios estructurales ocurridos en estos siete anos: los 
requerimientos de transparencia que impone la vigencia de una economía de 
mercado, más el ejercicio pleno de la libertad de prensa en esta época 
signada por la revolución de la información, convierten en decididamente 
intolerables para la opinión pública mecanismos y episodios que antes 
tal vez podían pasar inadvertidos.

La demanda ética es una de las prioridades fundamentales que plantea en 
esta etapa la sociedad argentina. Cuando el funcionamiento del nuevo 
sistema económico convierte en visible lo que antes estaba oculto y la 
reconversión del aparato productivo obliga a grandes sacrificios a una 
ancha franja de la población, la corrupción pasa a ser visualizada como 
una de las expresiones más nítidas del privilegio y de la justicia 
social.

Al mismo tiempo, la globalización de la economía hace que el tema de la 
corrupción deje ser un asunto meramente local para transformarse en un 
problema que trasciende las fronteras nacionales. El fenómeno del 
delito transnacional y el crecimiento de las prácticas y organizaciones 
delictivas internacionales, cuya máxima expresión es el narcotráfico, ha 
modificado sustancialmente la percepción del problema.

Obvio resulta recordar el manifiesto interés de los Estados Unidos por 
la eliminación de prácticas corruptas en la relación entre las grandes 
corporaciones mundiales y los países receptores de inversiones 
extranjeras directas. En la óptica norteamericana, dichas prácticas suelen 
debilitar la competitividad de las empresas estadounidenses, fuertemente 
limitadas por su propia legislación interna, ante sus rivales europeas, 
menos rígidas en esta materia.

Esta conjunción de razones internas y externas transforma a la lucha 
contra la corrupción en un punto central de la agenda política 
latinoamericana. La convención internacional firmada recientemente en Caracas, 
que establece compromisos concretos de los países del hemisferio para 
enfrentar conjuntamente ese desafío, cuyo texto aguarda todavía su 
ratificación por el Parlamento argentino, constituye un punto de partida.

En términos operativos, las circunstancias exigen abordar la 
problemática de la corrupción como una cuestión "sistémica", que requiere 
entonces respuestas políticas y, sobre todo, institucionales. En la Argentina, 
tanto a nivel nacional como en las provincias y los municipios, este 
esfuerzo demanda básicamente dos cosas. En primer lugar, el 
fortalecimiento de los organismos de control, reforzados en su independencia y sus 
atribuciones por la reforma constitucional de 1994. Como decía Perón, 
"los hombres son buenos, pero suelen ser mejores si se los vigila". En 
segundo término, la puesta en marcha de una amplia y profunda reforma 
judicial, que elimine para siempre la sensación de impunidad y el clima de 
sospecha generalizada.


A pesar de todos los sacrificios realizados,
la Argentina sigue atrasada en el nivel de competitividad internacional

En las condiciones actualmente imperantes en el mundo, la 
competitividad internacional de las naciones, requisito imprescindible para su 
prosperidad, tiene un carácter estructural o "sistémico". No se compite 
únicamente a través de indicadores económicos positivos o de estructuras 
empresarias eficientes. Una economía globalizada exige permanentemente la 
atracción de nuevas inversiones para acelerar el proceso de 
crecimiento, la incorporación de tecnologías de última generación, la ampliación 
de las exportaciones y la modernización del aparato productivo. Esa es 
la única alternativa real para atenuar los costos sociales de la 
transición y combatir el flagelo del desempleo, la pobreza y la marginalidad. 
Pero en este campo la competencia no se da únicamente entre empresas, 
sino también entre países, es decir entre sistemas integrales de 
organización y de decisión.

Hoy más que nunca, la distinción entre política y economía puede ser 
válida en el terreno del análisis, pero jamás en el de la realidad. Tanto 
como los datos macroeconómicos adquieren también importancia económica 
los parámetros relacionados con la educación, las condiciones de vida, 
la seguridad, el medio ambiente, la transparencia administrativa, la 
organización judicial y los niveles de corrupción. En una palabra, cobra 
mayor valor económico la calidad de los bienes públicos y la solidez de 
los sistemas político-institucionales.

Si no damos una clara respuesta afirmativa a este requerimiento, 
corremos el peligro de limitarnos a padecer las indudables restricciones que 
impone la realidad de una economía mundialmente globalizada sin poder 
aprovechar, en cambio la inmensa ampliación del campo de posibilidades 
que esta nueva situación abre para el crecimiento de la Argentina y para 
su reubicación en el escenario internacional.


Llegó la hora de terminar con esta alianza  con el liberalismo
y el "establishment" para volver al verdadero peronismo

El verdadero desafío de la hora reside en recrear, con el aporte 
enriquecedor de nuevos actores políticos, la vasta alianza social que, bajo 
el liderazgo de Menem, motorizó el proceso de cambio puesto en marcha 
hace siete años, sobre la base insustituible de la gran corriente popular 
expresada por el peronismo, en su carácter de encarnación de las 
expectativas de los sectores más postergados y más humildes de nuestra 
Patria, que reconocen su identidad en el recuerdo de la obra de Perón y de 
Eva Perón.

Esa amplia coalición social, de la que también forman parte importantes 
factores de poder, así como una ancha franja de la ciudadanía 
independiente y de corrientes de muy diversas extracciones político-partidarias, 
debe abrirse incluso a la participación de algunos sectores enrolados 
hoy en la oposición, pero que pueden llegar a entender que no hay futuro 
posible para la Argentina fuera del marco de los cambios de fondo 
ocurridos desde 1989 y que su visión crítica sobre la realidad actual, 
centrada en las falencias en materia social y en el tema de la corrupción, 
sólo adquiere viabilidad política dentro de un proyecto que afirme la 
continuidad y superación de lo realizado hasta hoy.


El triunfo de este modelo implica la desaparición del peronismo

El peronismo debe ponerse una vez más a la altura de su propia obra. 
Por segunda vez en su historia está protagonizando una revolución. La 
primera que la revolución social realizada por Perón a partir de 1945. La 
segunda es la gigantesca transformación operada en la argentina con el 
liderazgo de Menem.

Lo que importa ahora es asumir en profundidad, sin ningún complejo de 
culpa, los cambios realizados en estos siete años y avanzar en la senda 
de las asignaturas pendientes. Ni ilusionarse con un mítico retorno al 
pasado ni resignarse tampoco a un mero conformismo carente de 
propuestas para el futuro. Superada definitivamente la emergencia económica 
originada en el colapso hiperinflacionario de 1989, el nuevo desafío reside 
en el salto cualitativo que significa orientar el pensamiento y la 
acción hacia la construcción de la Argentina del Segundo Centenario.

Este nuevo salto cualitativo tiene una dimensión comparable a las dos 
grandes transformaciones internas que sucesivamente protagonizó el 
peronismo en los últimos años, siempre en consonancia con las nuevas 
exigencias de la realidad nacional e internacional. La primera, después de la 
derrota electoral de 1983, fue la experiencia de la renovación, que 
simbolizó el abrazo definitivo entre el peronismo y el sistema democrático 
y desterró los residuos de autoritarismo político, que alejaban al 
peronismo de las expectativas del conjunto de la sociedad argentina

La segunda gran transformación, surgida a partir de los logros de 
aquella etapa, fue el viraje impuesto por el gobierno de Menem, que implicó 
la reconciliación entre el peronismo y la economía de mercado y la 
adecuación del marco doctrinario del justicialismo al mundo de la post 
guerra fría.

Esta tercera transformación, cuyo punto de partida son los formidables 
avances de las dos anteriores, supone la asunción de los nuevos 
desafíos políticos y sociales planteados por los cambios ya realizados en el 
camino de la construcción de la Argentina del Segundo Centenario, 
concebida como una Nación pujante orgullosa de su destino.


Todo este planteo lleva a la justificación de un sistema económico 
absolutamente inhumano, que frustra cualquier posibilidad
de realización personal y comunitaria

En el fondo, hay sólo dos formas básicas posibles para ver lo que 
sucede en el mundo en estos años. Una establece, esencialmente, que la 
revolución tecnológica es destructora de empleos, está acompañada por un 
daño ecológico irreparable y habrá que sumarle una explosión demográfica 
de extraordinaria envergadura. Según esa visión, la convergencia de 
estos tres factores, que probablemente ocurriría a mediados del siglo XXI, 
hará que el mundo atraviese la catástrofe más grave de la historia 
humana.

La otra visión sostiene que el extraordinario salto de productividad de 
la economía mundial, impulsado por la revolución tecnológica, y la 
ampliación del fenómeno de la globalización del mundo entero, comenzando 
por las gigantescas masas populares del Asia-Pacífico, han ampliado el 
marco de las posibilidades en la historia del hombre. El mundo que 
vivimos es un mundo lleno de conflictos, de inequidades, de injusticias, de 
marginalidades y exclusiones, pero el punto de partida para enfrentar 
esos vastos problemas es cualitativamente superior al de cualquiera otra 
etapa de la historia del hombre.

Estamos en vísperas de un "Nuevo Renacimiento", como profetizara Perón 
en 1974 en el "Modelo Argentino". Como el anterior Renacimiento, es 
conflictivo, anárquico, violento, pero al mismo tiempo es un 
redescubrimiento de las extraordinarias posibilidades que están en la historia y 
están en el ser humano.

Esta segunda visión está basada en la confianza en el futuro, en la 
búsqueda de lo nuevo y lo distinto, de reconocimiento que el mundo va 
hacia la afirmación de las singularidades y las diferencias, y no a la 
homogeneización reductiva. En 1950, André Malraux decía: "Hacia fin de 
siglo emergerá una nueva civilización que a diferencia de la que termina, 
basada en el industrialismo, va a tener que encontrar un sustento 
metafísico parta fundar una nueva forma de vida".

PASCUAL ALBANESE - MARIO BAIZAN - JORGE BOLIVAR - JORGE CASTRO - LUIS 
JALFEN - ENRIQUE N'HAUX - JORGE RAVENTOS

Documentos de Segundo Centenario


El rol de la oposición política - Mayo de 1997

Después de 1989, ninguna opción real sobre el futuro nacional puede 
desprenderse de la condición irreversible del nuevo sistema económico 
instaurado por el gobierno de Carlos Menem, que es el marco estructural de 
un nuevo punto de partida para toda la sociedad argentina. Las fuerzas 
de la oposición política se debilita cuando desconoce o no acepta los 
cambios realizados. Se colocan fuera del marco de posibilidades que 
brinda la época y, en vez de ser opciones de poder, son expresión de una 
política testimonial. Afianzadas las transformaciones económicas, el 
inevitable traslado de las prioridades de la agenda pública hacia los ejes 
político-institucionales lleva a otra necesidad: la búsqueda de un 
amplio consenso nacional en torno a las exigencias de la reorganización del 
Poder Judicial, la reestructuración de las fuerzas de seguridad, el 
mejoramiento de las políticas educativas, la remodelación del sistema de 
salud y la formulación de las políticas sociales.

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Peronismo y Transformación - Diciembre de 1996

Perón sostenía que "la política nacional es un capítulo de la política 
internacional". En ese sentido, Menem expresa la necesaria adecuación 
del peronismo a una nueva era internacional, signada por el fin de la 
Guerra Fría y por la globalización de la economía. El desafío de esta 
nueva etapa es dar respuesta a la demanda generalizada de un "puente 
social" que ayude a la reinserción de los millones de compatriotas que 
padecen los efectos negativos de la reconversión económica. La educación se 
ha convertido en el mayor y mejor instrumento disponible para la 
justicia social.  A su vez, la integración argentina en el nuevo escenario 
mundial, que exige una economía cada vez más abierta y altamente 
competitiva, tiene que estar acompañada por una revalorización de nuestra 
identidad y nuestra cultura nacional. Para estas tareas, el peronismo debe 
ponerse, una vez más, a la altura de su propia obra.

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Revolución Política para profundizar la democracia - Agosto de 1996

En todo el país se constata la existencia de una convicción ampliamente 
extendida acerca del retraso de importantes sectores de la clase 
política en relación a la comprensión del sentido y de las consecuencias de 
las transformaciones estructurales operadas en la Argentina desde julio 
de 1989 y relegitimadas políticamente por el consenso popular reflejado 
en las elecciones presidenciales de 1995. Hoy más que nunca, la 
distinción entre política y economía puede ser válida en el terreno del 
análisis pero jamás en el de la realidad. Sólo un profundo cambio en la 
naturaleza y el modo de funcionamiento del sistema político nos permitirá 
avanzar hacia las nuevas prioridades en la agenda de la transformación 
nacional. Es desde el mayor protagonismo de la sociedad civil como debe 
abordarse el desafío de la necesaria transformación del sistema 
político. Una democracia plena exige que la opinión pública suba al escenario.

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Hacia la Argentina del Segundo Centenario - Diciembre de 1995

No se trata de consolidar los logros de los últimos seis años, ni 
siquiera de conformarse con corregir los errores cometidos. Es hora de 
pensar y de actuar en grande: los avances registrados son apenas el piso del 
cual la Argentina debe edificar un futuro venturoso, en un marco de 
justicia y dignidad para todos sus habitantes. Si perseveramos en este 
rumbo estratégico, con las adecuaciones que impongan las circunstancias, 
la celebración de nuestro Segundo Centenario nos encontrará, como 
ocurriera con el Primer Centenario en 1910, en el pelotón de vanguardia de 
las naciones. Para ello, impulsamos la unidad transversal entre los 
iguales, se encuentren donde se encuentren, ya que entendemos que en esta 
construcción del porvenir común lo importante no es de dónde venimos sino 
hacia dónde vamos.

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CUANDO LO IMPORTANTE SE VUELVE URGENTE.

									por Pascual Albanese


Una de las características propias de las crisis de gobernabilidad es 
que terminan con la clásica dicotomía entre lo urgente y lo importante: 
lo importante pasa a ser urgente y sólo es urgente aquello que resulta 
verdaderamente importante. En las actuales condiciones, las elecciones 
de octubre no pueden brindar una respuesta adecuada a la crisis 
política. Al contrario, pueden incluso agravarlas. No puede haber una 
estrategia acertada sin un diagnóstico correcto. La convocatoria a una Asamblea 
Constituyente precedida por un acuerdo político sobre el contenido de 
una reforma institucional centrada en la refundación del Estado puede 
convertirse en la respuesta legítima a una crisis de gobernabilidad que 
muy probablemente habrá de acelerarse en los próximos meses.

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                           CUANDO LO IMPORTANTE SE VUELVE URGENTE.

									por Pascual Albanese


Una de las características propias de las crisis de gobernabilidad es 
que terminan con la clásica  dicotomía entre lo urgente y lo importante, 
ese tradicional eufemismo político que suele emplearse para impulsar 
paliativos circunstanciales y dilatar la asunción de responsabilidades 
frente a los problemas de fondo. En estas situaciones críticas, lo 
importante pasa a ser urgente y sólo es urgente aquello que resulta 
verdaderamente importante.

De allí que, en estas circunstancias de crisis, el pensamiento político 
esté obligado a nutrirse del pensamiento estratégico. No hay ninguna 
decisión eficaz sin una previa definición de un rumbo que oriente la 
acción en términos de mediano y largo plazo. La única forma eficaz de 
influir sobre los acontecimientos del presente es a partir de una visión de 
futuro, que en la actual época histórica no puede sino tener un 
carácter nacional y mundial.

No puede haber una estrategia acertada sin un diagnóstico correcto. Por 
eso, la primer pregunta que es imprescindible responder en estos casos 
no es la de "qué hay que hacer", sino la "de qué se trata", o sea cuál 
es el problema.  Porque para encontrar una solución adecuada, lo 
primero siempre es identificar claramente la naturaleza del problema que es 
necesario afrontar.

Esta crisis de gobernabilidad que afronta el país tiene características 
distintas pero  dimensiones semejantes a la que padecimos en  julio de 
1989. Con una diferencia: en  el 89, el colapso hiperinflacionario y el 
estallido social ocurrieron cuando ya había un presidente electo. Esta 
vez, faltan todavía más de dos años para la expiración del actual 
período presidencial.
                 
Sin embargo, detrás de esta situación de emergencia hay algo más que la 
explosiva combinación entre la incapacidad de un gobierno, las 
falencias de la coalición oficialista y la ausencia en la oposición de una 
auténtica alternativa de poder. Hay en la Argentina de hoy una 
contradicción fundamental, que exige ser resuelta.  Por un lado, existe un conjunto 
de nuevas instituciones económicas, surgidas de las reformas 
estructurales realizadas en la década del 90. Por el otro, sobrevive un viejo 
sistema de instituciones políticas, previo a esa transformación, cuya 
parálisis y anquilosamiento constituye el principal obstáculo que se 
interpone en el camino de la Argentina.


Un nuevo pacto constitucional

Esta contradicción demanda un cambio institucional de fondo. El  punto 
neurálgico reside en la modificación de la naturaleza del pacto 
constitucional que establece  la relación entre el Estado Nacional y las 
provincias. Para ello, hay que reinventar el Estado. El Estado Nacional  
tiene que quedar circunscripto a aquellas responsabilidades que le 
resultan absolutamente indelegables. Todas las demás atribuciones corresponde 
transferirlas integralmente a  las regiones, las provincias y los 
municipios. De este modo, será  posible el total desmantelamiento de las 
actuales estructuras burocráticas, a través de la implementación del 
mecanismo del presupuesto "base cero".

Esto exige, ante todo y sobre todo,  una drástica descentralización 
política, que requiere una transferencia de poder desde arriba hacia abajo 
en toda la pirámide institucional.  Ello significa un amplio traslado 
de responsabilidades, acompañadas naturalmente por los correspondientes 
recursos, desde el Estado Nacional hacia las regiones, hacia las 
provincias, hacia los municipios y, sobre todo, hacia las propias 
organizaciones sociales.

El principio rector de este cambio institucional es la profundización 
de la democracia, restaurada para siempre en la Argentina a partir de 
diciembre de 1983. Es necesario colocar lo más cerca posible de la base 
de la pirámide institucional el poder de decisión sobre los asuntos 
concernientes a cada localidad y a cada actor social. Porque para encontrar 
solución a un problema determinado, cualquiera sea el problema de que 
se trate, en particular en el área de la educación, de la seguridad, de 
la justicia, de la salud pública y de la acción social, lo mejor es 
colocar la capacidad de decisión lo más cerca posible de ese problema. 

Pero no hay descentralización política efectiva sin autonomía 
tributaria. Para ello, hace falta una reforma impositiva integral, que incluya 
al actual régimen de coparticipación federal.  Las provincias y los 
municipios tienen que recuperar facultades tributarias que han delegado en 
el Estado Nacional. La implantación de un auténtico federalismo fiscal  
permite extender el principio de la responsabilidad fiscal a la 
totalidad de las jurisdicciones políticas del país, que se harán cargo en 
plenitud de la financiación de su propio gasto público. La responsabilidad 
política del gasto quedará entonces indisolublemente unida a la de la 
recaudación en todos los niveles del Estado.  

Dentro este nuevo contexto, corresponde encarar en profundidad el 
indispensable redimensionamiento integral  del sistema político en todos sus 
niveles, que supone entre otras cosas la reducción del actual número de 
senadores y de diputados nacionales, de legisladores provinciales y de 
concejales municipales.


Con un nuevo pacto tributario

Ese y no otro es el punto de partida para el establecimiento de un 
Nuevo Pacto Tributario entre el Estado y la sociedad, condición 
imprescindible para enfrentar y resolver el gravísimo problema de la evasión 
fiscal y previsional.
    
En ese sentido, la iniciativa planteada por el gobierno de  la 
provincia de Córdoba, ratificada en la consulta popular efectuada el domingo 22 
de julio pasado, constituye un ejemplo aleccionador.  Porque la única 
manera de cortar este auténtico nudo gordiano que constituye el ahora 
llamado "gasto político" es a través de una reforma constitucional que 
impulse la transformación del conjunto de instituciones públicas de la 
Argentina, de modo de reconciliar el principio inalienable de 
representatividad democrática con la exigencia ineludible de eficacia en el 
mecanismo de decisiones.
Demás está decir que una iniciativa de semejante trascendencia demanda 
un fuerte consenso político.  Pero hay que advertir también que las 
crisis son en algunas ocasiones, y ésta parece ser una de ellas, la única 
forma posible de avanzar en la edificación de los consensos necesarios 
para las transformaciones indispensables.

El rol del liderazgo político consiste en orientar este actual 
consenso, surgido de la necesidad, para que no se agote en la recurrente 
adopción de respuestas coyunturales, cada vez más costosas y más efímeras, 
frente una emergencia cuya gravedad aumenta dramáticamente semana tras 
semana. Es necesario encaminar políticamente ese consenso  hacia las 
soluciones de fondo

De allí que la construcción de un amplio consenso político en torno a 
una reforma simultánea de la Constitución Nacional y de las 
constituciones provinciales, para reformular el conjunto del sistema institucional 
del país,  sea ahora  una prioridad insoslayable en la nueva agenda 
pública de la Argentina. 

En las actuales condiciones, las elecciones de octubre no pueden 
brindar una respuesta adecuada a la crisis política. Al contrario, pueden 
incluso agravarla. En cambio, la convocatoria a una asamblea 
constituyente, precedida por un acuerdo político sobre el contenido de una reforma 
institucional centrada en la refundación del Estado,  puede convertirse 
en la respuesta legítima a una crisis de gobernabilidad que muy 
probablemente habrá de acelerarse en los próximos meses.