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| Tiempo de descuento. |
| Texto de las exposiciones de Jorge Raventos, Pascual Albanese y Jorge Castro en la Mesa de Análisis de Segundo Centenario, el 4 de junio de 2002. |
| Jorge Raventos: ¿Por qué hablamos de "tiempo de descuento"? Después de la última reunión del Presidente Duhalde con los gobernadores, producida hace unos días en Santa Rosa, han quedado algunas cosas claras. Ha quedado claro, por ejemplo, que después de suscribir los 14 puntos de los gobernadores y de descubrir la globalización durante su último viaje a Europa, el Presidente Duhalde ha archivado la posición antimodelo que fue su programa desde antes de llegar a la presidencia de la República. Hoy puede afirmarse que ya no hay un programa "antimodelo"; en rigor, se puede decir, pues, que no hay programa en absoluto ya que el que se ha esfumado (aunque sus consecuencias subsistan) era, si bien se mira, la idea rectora de la coalición gobernante. Quedó también en claro que estamos en tiempo de descuento por que de Santa Rosa también surge con claridad que avanzamos hacia las elecciones anticipadas, que, además, serán precedidas por elecciones internas (es decir, ha quedado descartado el procedimiento de la Ley de Lemas, un sistema inadecuado para resolver las cuestiones de liderazgo y legitimidad de liderazgo que la Argentina necesita para salir de la crisis). Tendremos, pues, elecciones anticipadas. Falta definir la fecha, pero muy probablemente van a ocurrir este año. Uno de los gobernadores que asistieron a la reunión de La Pampa, José Manuel De La Sota, planteó que tan pronto se iniciaran las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional habría llegado el momento de desempolvar las urnas. Mucho más si esas conversaciones no empezaran nunca. Habrá anticipo sea por que haya negociaciones o porque no las haya. El primer paso de este proceso electoral, es un paso fundamental: el de las internas que, en el caso del peronismo, implican dirimir un problema irresuelto desde los años 98/99, cuando el actual presidente Duhalde (con apoyo extra-peronista de muchos de los que hoy lo acompañan en su coalición de gobierno) eludió la confrontación interna con el presidente Menem. Como resultado de la ausencia de esa interna el peronismo se deslizó por la pendiente de una progresiva horizontalización y de una fragmentación, que aún subsisten. De tal situación se sale con un gran debate de ideas y con la búsqueda de un liderazgo legitimado por los peronistas y por todos aquel los que quieran intervenir en esas primarias, que deberán ser abiertas. Habría que dar por sentado que el camino hacia los comicios correrá paralelo a un proceso de progresivo agravamiento de la crisis en la que estamos. Algunas cifras: el índice de despidos se incrementó un 358 % entre abril y mayo del 2002 y de mayo del año pasado a mayo de este año un 6.220 %. La presión sobre el dólar sigue empujando hacia arriba la cotización pese a la intervención del Banco Central, que se produce al costo de un constante drenaje de reservas (éstas se han reducido ya a 10.000 millones de dólares). La inflación referida a la canasta básica de productos (la que afecta a los hogares más necesitados) está duplicándose mes a mes; y ello, pese a que su expansión está refrenada por el congelamiento de las tarifas públicas y la parálisis en el aumento de los alquileres (una presión extra, que va a dispararse en un momento del futuro próximo). Inflación, salarios diezmados por la devaluación, presión creciente por el aumento de salarios, crisis social, índices de pobreza y de indigencia que crecen hora por hora no día por día: Todo esto anuncia un agravamiento de la crisis social, agravamiento que ya está a la vista y que se expresa tanto en agitación social como en inseguridad ciudadana, dos puntas del mismo problema. Avanzamos hacia un proceso electoral en el que se recortan dos o tres temas fundamentales: el tema de la estabilidad y de la resolución de la crisis económica, el tema de la seguridad y de la contención social, el tema de la reinserción internacional de una Argentina que ha declarado el default hace cinco meses y todavía no se ha sentado a conversar con los acreedores, que no consigue cerrar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y que está aislada del financiamiento mundial. Estos tres problemas se me ocurren que son los problemas que van a estar en el centro de la preocupación ciudadana en el proceso que avanza hacia las elecciones internas y las elecciones generales anticipadas. La búsqueda de una respuesta a estas cuestiones teñirá esos procesos electorales, que deberán seleccionar un liderazgo nacional en condiciones de reestructurar el poder de la Argentina para hacer frente a esos desafíos, para hacer frente a estas tres cuestiones prioritarias. En la medida en que el Peronismo es el centro del dispositivo político argentino, la resolución de sus internas se convierte en una cuestión de interés nacional, que va más allá de lo puramente partidario. En ese debate y en esa confrontación se estarán decidiendo un rumbo y un liderazgo para encarar la etapa de la reconstrucción argentina. Pascual Albanese: El 31 de mayo de 1852, hace exactamente ciento cincuenta años, los gobernadores de las provincias argentinas suscribieron el acuerdo de San Nicolás, que posibilitó la organización de la República, a través de la convocatoria a la asamblea constituyente que sancionó la Constitución de 1853. Un siglo y medio más tarde, resulta altamente probable que los gobernadores de las provincias argentinas estén en vísperas de protagonizar otro acontecimiento de enorme relevancia en la historia institucional del país. Ante el virtual agotamiento político de esta etapa de transición, iniciada en enero de este año, tendrán que acordar los plazos y mecanismos necesarios para el adelantamiento de las elecciones presidenciales. En 1852, la caída de Juan Manuel de Rosas, el principal caudillo popular de la historia de la provincia de Buenos Aires, fue el punto de partida para la organización nacional. Los gobernadores asumieron en aquel entonces la vacancia del poder nacional y actuaron en consecuencia. En el año 2002, un gobierno de transición, de corte netamente bonaerense, elegido por la Asamblea Legislativa, dotado por ello de una incuestionable legalidad, pero imbuido a la vez de una legitimidad verdaderamente precaria, que accedió al poder ante el virtual derrocamiento del gobierno de la Alianza, está al borde de una gigantesca crisis político-institucional, que puede colocar al país frente a un estado de emergencia cuya resolución práctica sólo podrá encararse a partir de una definición conjunta de los gobernadores, en especial de los catorce gobernadores peronistas. La vorágine de los acontecimientos, en constante e inusitada aceleración, obliga a la búsqueda de claves de interpretación histórica capaces de exceder los plazos cada vez más breves que impone esta agitada coyuntura y, a la vez, de posibilitar una mirada distinta sobre el presente argentino. Sin un punto de anclaje que permita ordenar el análisis crítico de los hechos, crece peligrosamente la confusión y la tendencia a oscilar entre la euforia y la depresión, la ilusión y la desesperanza. Desde una perspectiva histórica, puede afirmarse que el estrepitoso fracaso de la experiencia de la Alianza estaba inscripto en los propios resultados electorales de 1999. La victoria del binomio integrado por Fernando De la Rúa y Carlos Álvarez, en aquella época los dos más importantes dirigentes políticos de la Capital Federal, como lo son hoy Elisa Carrió y Luis Zamora, bautizada por sus adversarios como "la fórmula del Obelisco", estuvo entonces acompañada por el triunfo del peronismo en la mayoría de las provincias argentinas. El saldo de esa inédita situación fue que, por primera vez en la historia de la Argentina moderna, surgió un gobierno nacional de un signo político distinto al imperante en la mayoría de las provincias. La última vez que ocurrió algo semejante fue en 1916, cuando Hipólito Yrigoyen asumió la presidencia y se valió de su incuestionable legitimidad democrática para utilizar el recurso de la intervención federal a fin de controlar políticamente a las provincias con gobierno conservador, de origen fraudulento. Privado de la posibilidad de emplear ese mecanismo, a De la Rúa le tocó de entrada encabezar uno de los gobiernos institucionalmente más débiles de la historia política argentina. Pero no fue esa inequívoca debilidad congénita la causa de la caída del gobierno de la Alianza. La desintegración total del poder acaeció cuando la propia clase media de la ciudad de Buenos Aires, harta y desilusionada por tanta incapacidad gubernamental, resolvió ejercer ruidosamente la autocrítica y poner punto final a la experiencia política que había entronizado con su voto dos años atrás. El peronismo tampoco quedó exento de las consecuencias de esta situación. Al abandonar el gobierno nacional, profundizó una fuerte tendencia hacia la horizontalización política ya insinuada en los últimos años del mandato de Carlos Menem. Carente de un liderazgo político unificador, su sistema de decisiones quedó en la práctica básicamente en manos de una estructura colegiada a cargo de los gobernadores de catorce provincias, varios de los cuales no ocultaban ni ocultan sus legítimas ambiciones presidenciales. El derrumbe precipitado del gobierno de la Alianza hizo entonces que, ante la vacancia del poder nacional, la sucesión de De la Rúa fuera determinada por un trabajoso compromiso político, de carácter provisorio, forjado en el seno de esa suerte de Liga de Gobernadores. La nominación de Adolfo Rodríguez Saá fue consecuencia de la acción de once de esos catorce gobernadores, pertenecientes a las denominadas "provincias chicas" y nucleados en el Frente Federal Solidario, que en diciembre pasado había impuesto la designación de Ramón Puerta como presidente del Senado. Tras la negativa de Puerta, candidato originario del Frente Federal, Rodríguez Saá constituyó la única alternativa viable frente a la iniciativa política del activo "polo bonaerense", expresado por Eduardo Duhalde. El acotadísimo límite temporal de noventa días impuesto a su designación y la inmediata convocatoria a elecciones fueron el precio político impuesto por las "provincias grandes" en ese efímero acuerdo. Segunda Parte |
| Segundo Centenario , 04/06/2002 |
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