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| La crisis social: Desafío y respuesta. (Cuarta Parte) |
| Texto de la exposición de Pascual Albanese en la reunión del centro de reflexión política Segundo Centenario, el día 3 de septiembre de 2002. |
| Pobreza y economía de mercado Más allá de ciertas acciones puntuales focalizadas para atender a una situación de emergencia, no puede existir ninguna política social verdaderamente exitosa que no se encuentre inscripta dentro de una estrategia de crecimiento económico. No hay tal cosa como una "política económica", por un lado, y una "política social", por el otro. Cuando una política económica determinada genera mayor pobreza, no hay política social capaz de compensarla. En caso de duda, conviene mirar la Argentina de hoy... Hace pocos días estuvo en Buenos Aires el sociólogo peruano Hernando De Soto, autor de un libro, titulado "El misterio del capital", que constituye un texto de lectura obligatoria para la mejor comprensión de ciertos aspectos del fenómeno de la pobreza en los países emergentes y de las alternativas existentes para enfrentarlo. De Soto fue el coordinador de un apasionante trabajo de investigación sobre ciertas características de la pobreza en distintos países de América Latina, Asia y Africa. Algunos de resultados obtenidos son verdaderamente sorprendentes. En Perú, el valor de las propiedades inmuebles extralegalmente poseídas por los pobres suma unos 74.000 millones de dólares, una cifra que es cinco veces más que la valorización total de la Bolsa de Valores de Lima, once veces más que el valor de las empresas y los servicios estatales potencialmente privatizables y catorce veces más que el total de toda la inversión extranjera directa radicada en el país a lo largo de toda su historia independiente. En Filipinas, el valor de la propiedad inmueble sin título es de 133.000 millones de dólares, que es cuatro veces la capitalización de las 216 compañías registradas en la Bolsa de Valores de Manila, siete veces el total de los depósitos en los bancos comerciales, nueve veces el capital conjunto de las empresas estatales y catorce veces el valor de toda la inversión extranjera directa instalada. En Egipto, el capital muerto en propiedad inmueble carente de títulos legales suficientes suma unos 240.000 millones de dólares, que es treinta veces el valor de todas las acciones en la Bolsa de Valores de El Cairo y 55 veces el valor de toda la inversión extranjera directa. Lo mismo ocurre en Haití y en los demás países investigados. En síntesis, la conclusión de la investigación de De Soto es que solamente el valor de los inmuebles en posesión, pero no en propiedad legal, de los pobres de los países del antiguo Tercer Mundo y de los que recién salen del comunismo duplica el circulante total de moneda de los Estados Unidos y es casi equivalente al valor total de las acciones de las empresas que cotizan en las veinte principales bolsas de valores del mundo. Este cálculo está referido exclusivamente a los bienes inmuebles. No computa otros activos en poder de los pobres de los países emergentes, que se manejan únicamente en el escenario de la economía informal. Sin embargo, menciona, por ejemplo, que en 1993 la Cámara Mexicana de Comercio estimó que en la capital azteca había no menos de 155.000 puestos de venta callejera y otros 293.000 más en otros cuarenta y tres centros urbanos. Un año después, el Instituto Nacional de Estadísticas de México calculó que había aproximadamente 2.650.000 "microempresas informales" en todo el país. Es importante entender las causas. De Soto narra una anécdota muy reveladora: "Mi equipo de investigación y yo abrimos un pequeño taller de confecciones en las afueras de Lima. Nuestra meta era crear un negocio nuevo y perfectamente legal. Entonces el equipo empezó a llenar formularios - como todo el mundo -, a hacer colas, a tomar autobuses hacia el centro de la ciudad donde se expiden las certificaciones requeridas para operar, según el texto de la ley, un pequeño negocio en el Perú. Les tomó seis horas diarias, y finalmente inscribieron la empresa, 289 días más tarde. Aunque el taller de confecciones estaba orientado a operar con sólo un trabajador, el costo de la inscripción legal fue de 1.231 dólares, es decir, 31 veces el salario mínimo mensual peruano de entonces. En otro caso, obtener autorización legal para construir una casa sobre tierra del Estado tomó seis años y 11 meses, y exigió 207 pasos administrativos en 52 oficinas gubernamentales. Obtener la titulación legal de ese lote demandó 728 pasos. También descubrimos que al transportista particular de un autobús, camioneta o taxi que deseara reconocimiento oficial de su ruta le esperaban 26 meses de trámites burocráticos". Y añade: "Explicar las economías subterráneas del Tercer Mundo y de los países que salen del comunismo - en las que suele operar del 50 al 80 por ciento de la población - en términos de evasión tributaria resulta, en el mejor de los casos, parcialmente incorrecto. La mayoría de las personas no acude al sector extralegal para evitar pagar impuestos sino porque la ley vigente, aún la mejor redactada, no atiende a sus necesidades o aspiraciones. En el Perú, donde mi equipo diseñó el programa gubernamental para incorporar a pequeños empresarios extralegales al sistema legal, 276.000 de ellos inscribieron voluntariamente sus negocios en los nuevos registros instalados para atenderlos; y esto sin que mediara promesa alguna de alivio tributario. Sus negocios subterráneos no habían estado pagando impuesto alguno. Cuatro años más tarde los antiguos negocios informales ya habían tributado 1.200 millones de dólares". La contrapartida de todo esto es que estos recursos, realmente formidables, constituyen un gigantesco "capital muerto". Sucede que sus propietarios están imposibilitados de transferirlos legalmente y no son sujetos de crédito en el sistema financiero, por ausencia o insuficiencia de los títulos correspondientes. En consecuencia, el producto del trabajo incesante de toda la vida de centenares de millones de personas puede ayudar a solventar, mejor o peor, su subsistencia cotidiana, pero no les sirve para movilizar económicamente esa riqueza ni para integrarse plenamente en el circuito productivo y salir de la marginalidad social. Con las particularidades propias de nuestra historia, esta situación que describe De Soto también se evidencia dramáticamente en la Argentina. Los centenares de miles de compatriotas que habitan en los asentamientos o villas de emergencia del conurbano bonaerense, del Gran Rosario y del Gran Córdoba constituyen un testimonio de esa realidad. Lo mismo ocurre con los varios millones de argentinos que producen y trabajan en la economía informal, hoy potenciada por la incesante expansión del trueque. Más allá de los intereses en juego y de la polémica desatada en torno a la resolución del conflicto suscitado por su aparición, el caso de la organización de los "cartoneros" en las calles de Buenos Aires es una muestra cabal de un fenómeno en expansión, que en su conjunto abarca a una proporción importante y creciente del producto bruto interno argentino. La respuesta estratégica a esta situación consiste en una revolución jurídica, fundada en el reconocimiento de la posesión precaria de los bienes inmuebles, y en una drástica y profunda desregulación y desburocratización, a nivel nacional, provincial y municipal, de todos los innumerables trámites administrativos y obstáculos legales de distinto tipo vinculados a la creación y desenvolvimiento de las microempresas, acompañada por una fuerte asistencia técnica por parte del Estado y de las organizaciones no gubernamentales. Durante la década del 90, hubo algunas iniciativas significativas, aunque incipientes, en esa dirección. El "Plan Arraigo" y la denominada "Ley Pierri", por ejemplo, facilitaron el acceso legal a la propiedad de la tierra y a la vivienda propia a decenas de miles de familias argentinas. Pero mucho más que lo que hizo en este terreno es lo que resta todavía por hacer. No se trata de inventar reglas nuevas, sino de descubrirlas. Cuenta De Soto su experiencia personal en Indonesia: "Paseaba por los campos de arroz sin preocuparme por dónde estaban los linderos de las propiedades. Pero los perros lo sabían. Cada vez que cruzaba de una finca a otra, ladraba un perro distinto. Aquellos perros de Indonesia ignoraban el derecho formal, pero tenían claro cuáles activos controlaban sus amos. Les dije a los ministros que los perros de Indonesia contaban con la información básica que ellos necesitaban para establecer un sistema de propiedad formal. Escuchar los ladridos en un recorrido por las calles de la ciudad y sus caminos del campo podía permitirles ir escalando la enredadera de las representaciones extralegales regadas por el país, hasta hacer contacto con el contrato social vigente. "¡Ah!", exclamó uno de los ministros, "¡Jukum Adat!" (la ley del pueblo)." Y aclara luego De Soto que "descubrir la ley del pueblo fue la forma como los países occidentales construyeron sus sistemas de propiedad formal". Porque, agrega, "la ley que hoy prevalece en Occidente no surgió de polvorientos tomos o compendios legales del gobierno. Es una cosa viva, nacida en el mundo real y creada por personas comunes y corrientes mucho antes de que llegara a manos de abogados profesionales. La ley del pueblo tuvo que ser descubierta antes de ser sistematizada". El objetivo es entonces una profunda reforma del sistema legal dirigida a volcar hacia la actividad formal a millones de argentinos condenados a la marginalidad, de modo que puedan gozar de la seguridad jurídica que otorga el reconocimiento del derecho de propiedad de sus bienes inmuebles y de sus emprendimientos empresarios, recurrir al crédito como mecanismo para financiar sus actividades económicas, comprar y vender libremente y actuar en una economía popular de mercado sin restricciones ni discriminaciones injustas. De esta manera, será posible avanzar económicamente hacia la plena integración social, generando una nueva oleada de movilización social ascendente como la impulsada por el peronismo a partir de 1945. En palabras de De Soto, "no tiene sentido continuar pidiendo economías abiertas sin encarar el hecho de que las reformas económicas en curso sólo les abren las puertas a elites pequeñas y globalizadas y excluyen a la mayoría de la humanidad. Hoy la globalización capitalista está preocupada por interconectar sólo a las elites que viven dentro de la campaña de vidrio. Retirar la campana de vidrio y acabar con el apartheid en la propiedad requerirá ir más allá de las fronteras actuales, tanto las económicas como las de la ley". La apertura económica no es solamente una apertura hacia afuera. Se requiere también una apertura hacia adentro y hacia abajo, para integrar plenamente a una economía popular de mercado al conjunto de la sociedad, inclusive a los sectores socialmente más postergados. No otra cosa planteaba hace medio siglo Eva Perón cuando decía "queremos una nación de propietarios, no de proletarios". Quinta Parte |
| Pascual Albanese , 03/09/2002 |
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