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| Ficción y realidad del gobierno de Kirchner . |
Texto de las exposiciónes realizadas en la reunión mensual del centro de reflexión política Segundo Centenario, llevada a cabo el día 5 de Octubre de 2004, en el Hotel Rochester. Jorge Raventos . . . Pascual Albanese |
PASCUAL ALBANESE Hay un antiguo y muy trillado aforismo que consigna que “se puede engañar a todo el mundo durante un tiempo, que se puede engañar a una parte del mundo durante todo el tiempo y lo que no se puede hacer es engañar a todo el mundo durante todo el tiempo”. Me parece que este viejo y trillado aforismo constituye en realidad, en términos estratégicos, es decir de mediano y largo plazo, el principal e irresoluble problema que tiene por delante el gobierno de Néstor Kirchner. La semana pasada, por primera vez en su historia, la República Popular China fue invitada a una reunión del “Grupo de los 7” que se celebró en Washington. Un acontecimiento mundial de semejantes características fue probablemente poco reflejado por la prensa argentina por la circunstancia de que en esa misma reunión el Grupo de los 7 emitió una declaración pública en la cual fueron mencionados única y exclusivamente dos de los 192 países que están representados en la Organización de las Naciones Unidas. Esos dos países fueron Irak y la Argentina. En relación específicamente a la Argentina, los términos habitualmente edulcorados y altamente diplomáticos, pero no por ello menos precisos, que emplearon los representantes de las siete naciones más desarrolladas del planeta, fueron en este caso inequívocos: “urgimos -dijeron- al gobierno de la Argentina a instrumentar tan pronto como sea posible las acciones previas requeridas para completar la tercera revisión, mientras cumplen con sus obligaciones parciales total y oportunamente”. Pasando en limpio estas tres o cuatro líneas, edulcoradas y diplomáticas pero no por eso menos precisas, queda claro que los países del “Grupo de los 7”, empezando por los Estados Unidos lo que plantean es que la Argentina tiene que asumir el cumplimiento de los compromisos pendientes de su último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuya tercera revisión, como ustedes saben, fue postergada por pedido del gobierno argentino, por imposibilidad de pasar airosamente la auditoría del Fondo. En segundo lugar, también queda claro que la Argentina tiene que seguir pagando religiosamente, como lo ha venido haciendo hasta ahora, las cuotas de los préstamos con los organismos multilaterales de crédito. En términos prácticos, conviene recordar que estos compromisos oportunamente asumidos ante el Fondo Monetario Internacional cuyo cumplimiento, o mejor dicho incumplimiento, reclama precisamente el “Grupo de los 7”, son en primer lugar la concreción de la negociación de la deuda pública, pavada de tema que concentra la atención del gobierno, de la opinión pública argentina y de la comunidad financiera internacional, pero que no es el único tema. Porque implica, además de ello, terminar la negociación de los contratos con las empresas privatizadas de servicios públicos, lo cual implica, entre otras cosas, avanzar en lo que puede denominarse un “sinceramiento tarifario”, eufemismo que también puede decir incremento de tarifas congeladas en buena parte desde enero del año 2002, lo cual incluye, además, una específica desautorización de un proyecto de ley elaborado precisamente desde el Ministerio de Infraestructura, vinculado con la regulación de los servicios públicos y que, a juicio de los técnicos del Fondo Monetario Internacional, implica reintroducir un elemento de discrecionalidad política y de distorsión, absolutamente incompatible con esta era de globalización de la economía mundial, en lo que hace a la regulación de los servicios públicos en la Argentina. Pero, además de la refinanciación de la deuda pública, además de la renegociación todavía incumplida de los contratos con las empresas públicas privatizadas, estos compromisos todavía no cumplidos con el Fondo Monetario Internacional incluyen avanzar con la reforma de la banca pública, eufemismo también técnico muy edulcorado para referirse a tareas que el gobierno argentino asumió hace ya largos dos años como compromiso y que por ahora no han pasado de una frustrada licitación para que alguna consultora pudiera expedirse sobre un plan orientado con el cumplimiento de esas obligaciones . Además de la refinanciación de la deuda pública, de la renegociación de los contratos con las empresas privatizadas de servicios públicos y de la reforma de la banca pública, estos compromisos incumplidos con el Fondo Monetario Internacional y reclamados por el “Grupo de los 7”, implican concretar la también demorada compensación a los bancos por la denominada “pesificación asimétrica”, vinculada precisamente con los efectos de la devaluación, que entre otras cosas espera un fallo siempre demorado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y, por último, y no por ello menos importante, esta lista de compromisos incumplidos implica sancionar nada menos que una nueva ley de coparticipación federal, algo que fue expresamente descartado por imposible políticamente por las autoridades argentinas a lo largo de este año y tratado de reemplazarse con la denominada Ley de Responsabilidad Fiscal, que desde el punto de vista de los compromisos asumidos con los organismos multilaterales de crédito tampoco resuelven el problema planteado. Esto quiere decir que en realidad lo que el Grupo de los 7 en esta reunión de Washington resolvió la semana pasada fue ni más ni menos que avalar, palabra por palabra, esas declaraciones del nuevo presidente del Fondo Monetario Internacional, nuestro ahora ya muy conocido Rodrigo De Ratto, que originaron esa áspera respuesta presidencial cuando calificó esas declaraciones como “propias de patrones de estancia”. Queda claro que la posición del presidente del Fondo no es solamente la posición del presidente del Fondo, no es solo la posición del “staff” técnico del Fondo, sino que es la posición de la inmensa mayoría de los accionistas del Fondo, encabezados precisamente por el “Grupo de los 7”. La teoría, si se puede llamar teoría a estos relatos ficcionales, a los cuales bien se refería Raventos en la primera parte de esta exposición, del gobierno argentino acerca de que España se constituiría en una suerte de abogada defensora de la posición de la Argentina en relación a la cuestión del Fondo Monetario Internacional y la deuda pública, se da de patadas por supuesto con las declaraciones de Ratto, aunque son cómodamente compatibles con el hecho de que España, como todos sabemos, no forma parte del “Grupo de los 7”. En cambio, sí forma parte del “Grupo de los 7” Italia, un país al que el Ministro de Economía Roberto Lavagna acaba de conminar para que elija entre los lazos históricos que tiene con la Argentina y los intereses de los bonistas italianos, bonistas que precisamente en función de esos lazos históricos que tienen, y que quieren seguir teniendo seguramente con la Argentina, invirtieron sus ahorros en la Argentina y fueron de alguna forma estafados por el default que hemos tenido a fines del año 2001. Importa señalar que la posición italiana en el Fondo Monetario Internacional y dentro del Comité Global de Acreedores forma parte, tal vez, de las posiciones más militantes y duras en relación a la propuesta argentina de renegociación de la deuda y esto tampoco es ajeno al hecho de que en Italia también se hayan ejecutado embargos judiciales contra bienes del Estado argentino. Pero esta declaración del “Grupo de los 7” de la semana pasada en Washington no fue el único acontecimiento internacional ocurrido en los últimos días en Estados Unidos en relación a la situación de la Argentina. También se hizo público, y los diarios argentinos dieron fe de ello, algo verdaderamente tal vez curioso aunque bastante lógico por otra parte, que fue el acuerdo público celebrado entre el Comité Global de Tenedores de Bonos Internacionales y la denominada Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default, que son precisamente ahorristas argentinos organizados a tal efecto, que acordaron con los denominados acreedores externos una posición común de rechazo a la propuesta de renegociación de la deuda formulada por el gobierno argentino. Este acuerdo entre los acreedores externos, por así decirlo, y los acreedores internos, por así decirlo, en realidad son los acreedores de la Argentina, puso más el acento en la difícil situación que en este momento atraviesan los directivos de las AFJP, presionados al mismo tiempo por un gobierno que les exige la aceptación de la propuesta oficial y la fuerte amenaza de acciones judiciales por parte de los beneficiarios o perjudicados del sistema, esto es, valdría decir por nosotros, los aportantes, que de alguna forma somos también acreedores, que formamos parte de la lista de acreedores del Estado argentino perjudicados por el default. Este hecho, que también acaeció en Estados Unidos la semana pasada, junto con esta declaración del “Grupo de los 7”, fue simultáneo que con difusión de una encuesta que hizo este Comité Global de Acreedores entre inversores institucionales, ya que no entre ahorristas individuales, o sea entre los grandes acreedores por así decirlo. El 95% de esos grandes acreedores en la encuesta dijo que iba a rechazar la propuesta del gobierno argentino, la mitad dijo que era absolutamente indispensable el reconocimiento de los intereses vencidos, cosa que, a su juicio, no está suficientemente clara en esa propuesta. Esta encuesta organizada por el Comité Global de Acreedores entre los fondos de inversión e inversores institucionales, más el acuerdo celebrado por el Comité Global de Acreedores con esta Asociación Argentina de Perjudicados por la Pesificación y el Default, más la declaración del “Grupo de los 7”, se une también con algo que la prensa argentina también consignó, que fue un fallo importante de la justicia de Nueva Cork, que ordenó suspender la operación de canje de los bonos Aconcagua de la provincia de Mendoza, por considerar que esa operación de canje causaría, según sus términos, daños irreparables a los bonistas damnificados. Importa señalar este precedente judicial por dos motivos. En primer lugar, porque también es público que el gobierno de Mendoza había hecho originariamente una oferta diferente, o había intentado mejor dicho hacer una oferta diferente a sus propios acreedores y que fue persuadido por así decirlo por el gobierno nacional para “endurecer” los términos de esa propuesta con los resultados que ahora se visualizan en la justicia de Nueva Cork. En segundo lugar, importa este fallo porque el denominado “fondo buitre” que actúa como titular de esta acción judicial, que se llama Graylock Capital, es precisamente uno de los fondos de inversión más activos hoy dentro del denominado Comité Global de Acreedores de la Argentina, hasta el punto que uno de los copresidentes de ese Comité Global, que es Hans Humes, es precisamente directivo de este fondo que consiguió esta acción judicial contra los bonos Aconcagua y la renegociación de la deuda pública de la provincia de Mendoza. Demás está decir que la coincidencia en siete días de este conjunto de hechos probablemente no sea producto de la mera casualidad. Y hay que tener en cuenta, a esta altura del análisis, que esta situación particularmente crítica, porque empieza una instancia decisiva, de la renegociación de la deuda pública, sucede frente a una oferta como es la que actualmente maneja el gobierno argentino que, en términos del título que dio origen a esta exposición, que es “Ficción y Realidad en el gobierno de Kirchner”, poco o nada tiene que ver ya con la oferta originariamente planteada por el gobierno argentino hace poco más de un año, en la reunión de septiembre de Dubai, cuando el ministro Roberto Lavagna hizo una propuesta que se consideraba absolutamente inamovible y que iba a ser la última palabra que la Argentina iba a pronunciar en relación a esta cuestión y que era “tómelo o déjelo” en términos de los acreedores. La verdad sea dicha no fue ni “tómelo” ni “déjelo”. Porque esta propuesta, que actualmente tiene los problemas de aceptación que estamos de alguna manera visualizando, tiene con aquella sustanciales diferencias. Brevemente: en la propuesta de Dubai, de los 81.200 millones de dólares de capital, porque los intereses no se contaban, se pagaban en total 20.300 millones de dólares. En segundo lugar, en la propuesta de Dubai no se pagaban los intereses vencidos, que para entonces ascendían a 16.000 millones de dólares. En tercer lugar, en la propuesta de Dubai la tasa de interés en un bono a 32 años era una tasa ascendente que iba entre el 1% y el 5% anual, ascendiendo a lo largo del tiempo. La propuesta de hoy, para hacer corto el análisis, implica que donde antes decía 20.300 millones de dólares, hoy podríamos leer 43.200 millones de dólares, o sea más del doble, y que donde antes decíamos “intereses vencidos no”, ahora parece que “intereses vencidos sí, pero no del todo”, y donde antes decía tasa de interés ascendente entre el 1 y el 5% anual en un bono a 32 años, ahora se lee interés del 8,5% anual en un bono a 30 años, en un momento en el cual las tasas de intereses del mundo están en términos financieros por el piso. Esta propuesta, que no tiene que ver con la ficción, sino tiene que ver con la realidad, la ficción estaba en Dubai, a pesar de eso, todavía tiene ciertos aspectos ficcionales, que están obviamente en estado de negociación con los acreedores, más allá de las palabras altisonantes en sentido contrario de los funcionarios del Ministerio de Economía argentino. Lo cierto es que desde enero del año 2002 hasta junio de este año, la deuda pública argentina creció en 36.000 millones de dólares. Este dato es importante porque la cifra efectivamente es significativa, pero es doblemente importante si tenemos en cuenta que este endeudamiento adicional de 36.000 millones de dólares no tuvo absolutamente nada que ver con la financiación de la actividad productiva y el crecimiento económico de la Argentina, según surge claramente de las cifras en cuestión, la caída del producto bruto y la situación económica del país y la ausencia absoluta de crédito que ha caracterizado en términos internacionales a la economía argentina de estos años. O sea que los 36.000 millones de dólares de endeudamiento adicional fueron 36.000 millones de pagos internacionales. Importa señalar esto también porque en la hipótesis, por supuesto probable, de que esta negociación supuestamente “dura” que estamos desarrollando con los acreedores internacionales, tenga éxito, y cuando decimos tenga éxito quiere decir termine alguna vez, habría que recordar que la deuda pública argentina en 1989 era de aproximadamente el 80% del producto bruto interno de la Argentina, que en el año 1999 esa misma deuda pública ascendía aproximadamente al 52% del producto bruto interno de la Argentina, es decir, una cifra que, como se señalaba entonces, estaba por debajo del tope del 60% del PBI que había fijado el Tratado de Mastritch como límite para la Unión Europea. Hoy por hoy podemos decir que esta deuda pública asciende aproximadamente al 130% del producto bruto interno de la Argentina y que, en el caso de que esta oferta que se ha realizado a los acreedores fuera aceptada en los términos en que está planteada, punto más punto menos, la deuda pública de la Argentina equivaldría precisamente, en términos de porcentaje de producto bruto interno de la Argentina, a ese 52% del año 1999. Con una segunda o tercera aclaración adicional: un acuerdo con los acreedores, en los términos en que está planteada la cuestión, implicaría, y esto sería desde el punto de vista de la situación actual de la Argentina, un salto fenomenal, que aquella tasa riesgo país, de cuya existencia nos hemos olvidado hace tanto tiempo y que hoy está aproximadamente por arriba de los 5000 puntos básicos, descendiera de una manera espectacular, para ubicarse a lo mejor entre los 1000 y 1500 puntos básicos, por decir algo conjetural pero no imposible, que es una cifra que en los términos de la economía mundial y de la situación actual de los países emergentes seguiría convirtiendo en absolutamente imposible para la Argentina el acceso al mercado voluntario de crédito internacional. Todo esto ocurre dentro de una situación en la cual, como todos sabemos, el año que viene la Argentina tendrá que afrontar los vencimientos importantes de la denominada “deuda nueva”, amén de los pagos que tenga que realizar por la denominada “deuda vieja”, en el caso de que esta negociación tenga éxito en los próximos meses. Estos datos, que tienen que ver con la realidad y no con la ficción, coinciden en el tiempo con algo que hemos examinado también en algunas reuniones anteriores y es el principio del fin del ciclo de reactivación económica sin inversión que se ha desarrollado en la Argentina desde un año y medio a esta parte. La inversión actual en la Argentina, que equivale aproximadamente al 17,4 % del producto bruto interno, que es infinitamente superior al del año pasado, que era del 11% del producto bruto interno, no alcanza tampoco para evitar la depreciación del stock de capital de la Argentina. Esto quiere decir, no solamente no es un nivel de inversión que no permite la expansión del aparato productivo, sino que es un nivel de inversión que todavía, aunque es probable que el año que viene se pueda llegar a un punto de equilibrio en la materia, implica un deterioro más reducido pero no por ello menos real de la capacidad productiva del país. Todo esto está de alguna manera ligado a otra información que vino la semana pasada de Washington, que estuvo pródiga como hemos visto en informaciones ligadas con la economía argentina, y que es el informe del Instituto Internacional de Finanzas, el IIF, que en realidad, para decirlo en criollo, vendría a ser como la Central Mundial de los Bancos, porque es el lugar donde están asociados los bancos transnacionales de todo el mundo, presidido por un banquero importante que se llama Charles Dallara y cuyo vicepresidente es un banquero muy importante, que es brasileño que es Roberto Setubal, titular del Banco Itaú, que dice que en la Argentina la expansión económica está perdiendo ritmo, mientras el gobierno enfrenta opciones políticas difíciles y una erosión de la confianza pública, tema del cual ya se había referido antes Raventos. Esta visión que tiene la banca internacional no es una visión que tienen solamente ellos. también estos días y no en Washington, en el norte, sino en el extremo sur de la Argentina, en Comodoro Rivadavia, en el denominado Precoloquio del Instituto de Desarrollo de Ejecutivos Argentinos, de IDEA, 300 empresarios se reunieron para volver a expresar su prevención acerca de la incertidumbre que rige sobre el porvenir de la economía argentina, sobre la cuestión de la inseguridad jurídica, sobre las consecuencias económicas de ciertos fallos de la Corte Suprema de Justicia, recientes por cierto, sobre las dificultades que experimenta la recuperación del crédito, etc. Una de las ejecutivas presentes ahí, lo menciono porque me llamó la atención la precisión del concepto, una gerente general de la empresa Data System, dijo: “para ser previsibles no hay que dar sorpresas”. Me llamó la atención la frase porque en realidad tenemos un gobierno que convierte a la sorpresa en una virtud y, en general, a la previsibilidad en un problema, casi en un defecto. Toda esta situación obviamente no puede menos que marcar un tope a los niveles de inversión en la Argentina y acá también hay una información que viene del norte, en este caso no de Washington sino de Nueva York, aunque no de Estados Unidos sino de las Naciones Unidas, de la UNCTAD, que es el organismo de las Naciones Unidas que dirige el economista brasileño Rubén Ricupero, que analiza la evolución de la inversión extranjera directa en todos los países del mundo y ahí hay un par de datos que vale la pena tener en cuenta. En el año 2003, año en el cual como ustedes recordarán la economía argentina experimentó una brusca recuperación, la inversión extranjera directa en el país ascendió a 478 millones de dólares. Cuatro años antes, en 1999, la inversión extranjera directa en la Argentina había ascendido a 24.000 millones de dólares. Esto quiere decir que en el año 2003 la inversión extranjera directa en la Argentina fue 50 veces menor, en números redondos, que en 1999. En el año 99, la Argentina había recibido el 22% de la inversión extranjera directa de toda América Latina. En esta oportunidad, la Argentina en el año 2003 ha recibido el 0,96% de la inversión extranjera directa total de América Latina. En realidad, el 2003 fue un hito de un camino, porque en el año 99 la Argentina ocupaba el segundo puesto en América Latina en relación a la recepción de inversión extranjera directa, en el 2000 el cuarto lugar, en el 2001 el octavo lugar, en el 2002 el décimo tercer puesto y ahora el décimo octavo. Para decirlo de otra manera, los 478 millones de dólares de inversión extranjera directa que ingresaron a la Argentina en el año 2003 equivalen al 5% del monto recibido por ese concepto por Brasil y por México, a la sexta parte de lo recibido por Chile, a un tercio de lo recibido por Colombia, Perú y Ecuador y a la mitad de lo recibido por Panamá. En este contexto, vale aquello de que lo que pasa afuera y lo que pasa adentro, en término de expectativas económicas, no son cosas diametralmente opuestas, generalmente son dos caras de la misma moneda. Por eso es que en el análisis de las expectativas locales sobre el porvenir de la economía argentina hay que tener en cuenta que el índice de confianza del consumidor que elabora la Fundación Mercado, que dirige Oscar Liberman, y que probablemente es una de las cosas más confiables en materia de índices que se haya elaborado en esta materia, establece que en el mes de septiembre la confianza del consumidor, así como la imagen del gobierno parece haber mejorado 3 puntos, cayó 3 puntos, en este caso 3,7 puntos, que está en el 35,3%. Más cayó el índice de confianza del ahorrista que, bajó el 4,8%. Lo interesante acá, más allá del numerito, es la visión que la Fundación Mercado, a partir de este estudio, elabora comparando las estadísticas. La conclusión de este informe es “el contexto comienza a modificarse, ya no son todas buenas noticias y los datos generales transmiten el final del viento a favor”. Y agrega “hasta un bimestre atrás, la población estaba convencida de que sus ingresos iban a aumentar y gastaba a cuenta esperando que esto sucediera. Ahora, la población tiene claro que esto no ocurrirá y las medidas que se adopten en forma concreta deberán revertir fuertemente este proceso de lógica inversa que determina ajustes negativos en el consumo”. Lo cierto es que, durante el mes de septiembre, el gobierno, preocupado por la tendencia de estancamiento del consumo, evaluó dos cuestiones, la reducción del IVA y un aumento en el salario mínimo. Pero la reducción del IVA quedó en aguas de borraja y el aumento en el salario mínimo, en realidad, abarca a un porcentaje estadísticamente insignificante del conjunto de los trabajadores argentinos y, por lo tanto, tampoco constituye un elemento de reactivación del consumo interno. Es por eso que la evolución de las expectativas económicas, tanto internacionales como nacionales, no pueden sino a corto, mediano y seguramente no largo plazo, incidir también sobre las expectativas políticas. Esto hace que no sea tampoco demasiado extraño, aunque debería motivar probablemente alguna reflexión, una encuesta conocida también días atrás, hecha por Artemio López, que es sin ninguna duda el “encuestador de cabecera” del presidente Kirchner, que señala que el candidato del oficialismo, cualquiera fuere pero en este caso le toca al canciller Rafael Bielsa, está cómodamente tercero en la intención de voto en las elecciones para diputados nacionales en la ciudad de Buenos Aires de octubre del año que viene. El dato este no es meramente anecdótico porque en realidad, aunque éste sea tema de otro análisis, en las elecciones del año que viene, si hay un distrito en el cual inequívocamente la victoria o la derrota del oficialismo cabe al gobierno de Kirchner y a nadie más, ese distrito es la ciudad de Buenos Aires. Porque en las elecciones de la provincia de Buenos Aires se podrá discutir si gana o pierde Kirchner o Duhalde, en las elecciones de Córdoba se podrá discutir si gana o pierde Kirchner o De la Sota, en las elecciones de Santa Fé se podrá discutir si ganan o pierden Reutemann, Obeid o Kirchner y así sucesivamente. No en la ciudad de Buenos Aires y, obviamente, por supuesto, en la provincia de Santa Cruz. Por eso, el hecho de que el candidato del gobierno esté hoy ya a un año de esas elecciones tercero en la ciudad de Buenos Aires es algo que de alguna forma remite a esta extraña armonía no siempre expresada entre las realidades económicas, no percibidas a lo mejor de una manera consciente en todas las circunstancias, y la evolución del comportamiento de la opinión pública, primero, y después de la intención de voto de los argentinos. Todo esto en un marco en el cual a esta cuestión de las expectativas económicas, o mejor dicho del deterioro de esas expectativas económicas, se une manteniéndose con fuerza la problemática de la seguridad pública, erigida según todos los encuestadores, a la par del desempleo, en la primera de las preocupaciones de la opinión pública argentina. |
| Jorge Raventos, Pascual Albanese , 04/11/2004 |
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